Actos preparatorios de un golpe de Estado

El Parlamento catalán se dispone a aprobar hoy la ley del referéndum de autodeterminación para dar cobertura jurídica al previsto para el próximo 1 de octubre. Podría decirse que, con esta actuación, los independentistas han cruzado el Rubicón y ya no es posible la vuelta atrás. Pero, realmente, el Rubicón hace ya mucho que lo atravesaron. El pleno de hoy es el último, previsible y necesario episodio de un proyecto independentista-golpista cuya consumación tiene fecha fija. Tras la ley del referéndum viene el decreto de convocatoria y, como la victoria en el referéndum está asegurada, la Ley de Transitoriedad y de Fundación de la República de Cataluña. República que quedará proclamada y constituida el 2 de octubre.

Que la ley del referéndum y el decreto de convocatoria son actos preparatorios de un golpe de Estado es algo que, desde un punto de vista jurídico, no ofrece ninguna duda. Según la definición clásica de Kelsen, un golpe de Estado consiste en la anulación y sustitución de forma ilegítima de un ordenamiento jurídico por otro. Las normas a las que nos referimos pretenden derogar la Constitución española en Cataluña y reemplazar el actual ordenamiento jurídico por otro. Dicho con otras palabras, alumbrar una ‘nueva legalidad catalana’. Legalidad que, a la vista del proyecto de Ley Fundacional de la República catalana, revestiría un carácter claramente autoritario en el que no habría independencia judicial, tampoco administración electoral independiente, y otros principios democráticos básicos serían igualmente vulnerados.

Pero esa legalidad sólo alcanzará vigencia efectiva en el supuesto de que el golpe de Estado triunfe. El Gobierno, con el respaldo expreso de los partidos constitucionalistas, ha anunciado que utilizará todos los medios del Estado de Derecho para impedirlo. Debe ser consciente de que la experiencia histórica de los golpes de Estado confirma que resulta mucho más fácil y efectivo prevenirlos que reprimirlos.

A día de hoy no existe una «doble legalidad», es decir una legalidad española enfrentada a una legalidad catalana. La doble legalidad solo se produce en situaciones de Guerra Civil.

En la España de 1936 a 1939 el golpe de Estado de Franco alumbró una legalidad que durante años se enfrentó a la legalidad republicana hasta que, con la victoria militar, se puso fin a esa doble legalidad y el ordenamiento jurídico de la II República fue reemplazado por el del nuevo Estado nacional-católico. Lamentablemente, el golpe de Estado del general Franco se vio coronado por el éxito. Y la democracia -aun con sus imperfecciones- reemplazada por una brutal dictadura. Los golpistas catalanes no van a ser capaces de alumbrar una nueva legalidad. Las normas que hoy pretenden aprobar van a tener un muy escaso recorrido. La ley del referéndum nunca podrá entrar en vigor y su vigencia será de horas. El Gobierno -en Consejo de Ministros extraordinario- y previo informe del Consejo de Estado -emitido también de urgencia- la impugnará ante el Tribunal Constitucional. La admisión a trámite de la impugnación de estas normas conlleva su inmediata suspensión.

En todo caso, y aunque la única legalidad catalana vigente es que la que procede de la Constitución y del Estatuto de Autonomía, los dirigentes independentistas ya han anunciado que para ellos su ‘legalidad’ es la que se proponen aprobar hoy, y que, en consecuencia, no van a acatar las resoluciones judiciales. Aunque el TC suspenda y anule la ley del referéndum, este se celebrará el 1 de octubre y, el 2, se proclamará la independencia de la República de Cataluña.

El Parlamento de Cataluña va a aprobar hoy un proyecto de ley de referéndum que es ilegal, ilegítimo y antidemocrático. Por una mayoría inferior a los dos tercios que se requiere para modificar el Estatuto de Autonomía de Cataluña, lo va a derogar. Y sin que la oposición pueda presentar enmiendas. Pero además de ello, como acto preparatorio de un golpe de Estado es delictivo. La admisión a trámite de la ley y su aprobación constituye una desobediencia a las resoluciones del TC.

La convocatoria del referéndum implica además otro delito de malversación de caudales públicos, pues no se puede destinar recursos públicos a un acto ilegal. Y lo que es más importante, enmarcado en un contexto insurreccional, como acertadamente ha apuntado la Fiscalía de la Audiencia Nacional, encaja en el delito de sedición (quince años de prisión). La declaración de independencia, por su parte, es un caso paradigmático de delito de rebelión castigado con treinta años de prisión. Y los actos preparatorios de la sedición y la rebelión también pueden y deben ser perseguidos y sancionados penalmente. De todo lo anterior se deduce que lo verdaderamente singular del pleno del Parlamento de Cataluña de hoy es que no va a ejercer ninguna de sus funciones constitucionales y estatutarias. No va a aprobar normas válidas. Privando a los diputados de la oposición -que representan a la mayoría de los ciudadanos de Cataluña- de su derecho a presentar enmiendas y a debatir los textos, lo que los diputados independentistas van a hacer es incurrir en una serie de conductas delictivas y preparatorias de un golpe de Estado.

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