El abismo

ANTONIO ELORZA

El acontecimiento se sitúa en una casa burguesa de Gipuzkoa, ya en tiempo de democracia y también de plomo. Casi a la hora de cenar llega por fin el hijo que faltaba, un adolescente bajito que aparenta menor edad y que se muestra muy agitado. Cuenta que ha sido víctima con otros de una carga de la policía. «¡Pegaban a los niños! ¡Pegaban a los niños!», repite. Toda la familia se conmueve y cada uno de sus miembros se suma a la condena de una policía brutal. A mí se me ocurrió entonces preguntarle al muchacho: «¿Y que hacíais los niños?». Y él respondió ya más tranquilo: «Pues quemar un autobús».

El relato es aplicable en sus dos partes a cuanto sucede en Cataluña y es preciso empezar por el final. Como ha subrayado Pedro Sánchez, la responsabilidad de cuanto ha ocurrido en estas últimas semanas recae en primer término sobre el Govern, que ha decidido llegar a la independencia quemando el autobús de las instituciones, tanto de la Constitución como del propio Estatut, y para ello se embarcó desde hace cinco años en una navegación donde la democracia invocada resultó ser en la práctica su contrario. No dejó de violarla ni al formular las dos preguntas para el 9-N, auténticas trampas que impedían una eventual victoria del no a la independencia: en la primera, se votaba sí o no al Estado catalán, pero quienes votasen no, lógicamente contrarios a la independencia, perdían el acceso al voto en la segunda. Desde el principio el complejo de medios oficiales, con TV3 a la cabeza, fue una oficina de propaganda por la secesión y, en la medida de lo posible contra España (perdón, Estado español). Recuerdo la típica tertulia manipulada del cuatro contra uno, aún en septiembre de 2012, donde un importante periodista ofreció una división tripartita de los extremeños, por su rechazo a trabajar, y cuando el moderado formuló la pregunta del millón: ¿y si perdemos el referéndum?, la respuesta fue clara: ya haremos otro. La división de la población en verdaderos catalanes, independentistas, y unionistas o españolistas, fue avanzando hasta los niveles de gravedad ahora alcanzados: es la Cataluña binaria que describe Enric Hernández. Algo que aquí bien conocemos.

Nada tiene de extraño que bajo esa presión, aprovechando el malestar por los recortes al Estatut que nadie se preocupa en analizar, subiera la temperatura independentista hasta el reciente 48%. Llegados aquí, ni el Estatut, ni la Constitución, ni el «derecho a decidir» sin carta de naturaleza jurídica, ni un «derecho de autodeterminación» que no corresponde a la circunstancia catalana, podían avalar el golpe de Estado que dieron los independentistas en las sesiones del Parlament de los días 6 y 7. Y de un golpe de Estado como ese, no podía surgir legitimidad para referéndum alguno. La democracia requiere votar, pero el voto, en este caso, como en los referendos totalitarios, es solo un medio para suprimir el Estado de derecho, por muchos apoyos de masas que obtuviera entre los catalanes. Aunque una mayoría apoyase su celebración, atendiendo a la confusión que produce olvidar que el derecho colectivo de autodeterminación, de admitirse, solo puede ser aplicado en términos democráticos, si responde a la existencia de una mayoría estable. Y menos de un 50% no lo es.

Así las cosas, era lógico que el Gobierno de una democracia -y aunque no nos guste el del PP lo es-, tratase de impedir un acto destinado a dar un golpe decisivo al Estado de Derecho y a la cohesión territorial. No pienso que si Salvini en Italia hiciera algo así seriamente con su Padania, el Gobierno de Roma lo tolerase. El problema no era qué hacer, sino cómo hacerlo. Si las constituciones son algo más que elementos decorativos, el artículo 155 ofrecía una vía dura pero clara, e interpelaba al vértice del poder en Cataluña, no como el empleo de la vía judicial que amplió absurdamente el círculo de amenazados, y por tanto de gente dispuesta a responder.

Falló también la confianza en que los Mossos hicieran algo para prevenir la votación y no crear en cambio las condiciones para que el número de ocupantes de colegios se multiplicase, retrasando de paso la llegada de otras fuerzas de Seguridad. Obra maestra de Trapero, que podía haberse previsto después de su comportamiento el día de los registros y las detenciones. Con la presencia en el interior de auténticos escudos humanos -niños y ancianos-, que los Mossos habrían debido evacuar por su seguridad, estaban abiertas las puertas para el espectáculo deseado por la Generalitat. Un fracaso inducido.

Como ha hecho notar John Carlin, «España ha ofrecido al exterior su peor imagen desde tiempos del franquismo». La Generalitat denuncia cientos de heridos, y el Gobierno debiera ser el primero, apoyándose en los informes de los jueces en explicar lo que realmente ha sucedido. Que hubo excesos es obvio: no resulta aceptable emplear pelotas de goma y otros medios de ese tipo, y el precio a pagar por la democracia será alto. Además, de la forma más chapucera del mundo y en un marco antidemocrático, los catalanes ejercieron algo parecido al voto por encima de las cargas y de los cierres de colegios. Es la imagen que quedará, al lado de los heridos y de esos guardias blindados que se oponen a las movilizaciones. Había que saber si los guardias se pasaron al pegar a los niños por la quema del autobús.

Rajoy se equivoca si piensa que ha vencido al impedir el referéndum tal como lo soñaban Puigdemont y Junqueras. Estos han ganado la batalla de la imagen ante Europa y quizás ante la gran mayoría de los catalanes. Aunque no se lo crea, y Pedro Sánchez se lo está diciendo, estamos al borde del abismo. Conviene coordinar ideas con PSOE y Ciudadanos para plantear con urgencia una propuesta abiertamente reformadora, aun cuando del Govern solo quepa esperar su rechazo. La que cuenta ahora, y mucho, es la opinión pública, incluida la internacional.

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