Hacia el abismo

Editorial

El desprecio al principio de legalidad que volvió ayer a exhibir la Generalitat catalana nunca puede justificarse

DV

Los independentistas catalanes celebraron ayer la inauguración de la campaña electoral previa al pretendido referéndum del 1-O con un acto en el Tarraco Arena, propiedad de la Diputación provincial, y con participación del presidente y del vicepresidente de la Generalitat. Horas antes, la Fiscalía había comenzado a presentar querellas contra diversas personalidades que serán acusadas de desoír las sentencias del Tribunal Constitucional y dar facilidades al proceso del referéndum, desde los responsables de los recintos de Tarragona y Badalona que ayer acogieron actos públicos hasta los primeros alcaldes que han anunciado que colocarán las urnas en sus municipios, pasando por los miembros de la sindicatura electoral. El delegado del Gobierno, Enric Millo, recordó minutos antes del acto su ilegalidad y el hecho incontestable de que, en democracia, cada cual ha de responder de sus propios actos. La deriva soberanista, que está ejerciendo una presión exorbitante, se acentuaba con la noticia de que Colau cedía a las presiones de la Generalitat y anunciaba un exótico acuerdo que permitirá votar en la Ciudad Condal. Poco antes, se divulgaba la noticia de que Junqueras se niega a enviar a partir de ahora los informes semanales requeridos por Hacienda, con el argumento irónico de que la nueva ley del referéndum lo impide. Todo es, en definitiva, una gran provocación. Y de nuevo la Generalitat, convertida en un apéndice de la CUP, ha dado pruebas fehacientes de que ha optado por el desprecio al principio de legalidad y al Estado de Derecho, por la ruptura sin matices, lo que constituye un verdadero acto de fuerza que excluye, como es evidente, a quienes piensan distinto. La vulneración de la ley democrática nunca puede justificarse, y menos aún en casos como este en que ya ni siquiera se admite la controversia y la voluntad de la minoría se impone con violencia. Verbal, de momento, sin que nadie pueda garantizar que no dé paso a otras expansiones no tan incruentas. El Estado democrático debe ser prudente y ha de actuar con proporcionalidad, pero no puede claudicar ni tampoco tolerar el desapego de quienes quieren dividir a la sociedad catalana y quieren arruinar la obra de todos.

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