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Cataluña ha desplazado del foco de la atención y de la conflictividad políticas a Euskadi, pero el Gobierno de Rajoy necesita engrasar sus relaciones con un PNV que ha ocupado en el Congreso todo el espacio que antes se repartía con el ‘seny’ de CiU. Esa paradoja constituye uno de los factores a seguir en una legislatura tan abierta como incierta. Y en la que cada negociación tomará el pulso a la fortaleza pactista que precisará el Ejecutivo si hay que creer a Rajoy cuando asegura que su voluntad es agotar este segundo mandato, aunque el presidente no se molestara ayer en dar explicaciones públicas sobre el porqué de los cambios y cuál es el relato que busca construir. No hay rastro aparente de Euskadi en la superficie de la nueva orla ministerial: ni cartera para el PP vasco ni un cambio tectónico que permita atisbar una urgencia por ganarse al nacionalismo jeltzale.

Pero algunos movimientos han despertado interés -medido y contenido, de esperar y ver- en el Gobierno de Urkullu y en el PNV, al tiempo que han agradado sobremanera a los populares de Alfonso Alonso. La expectativa se centra en el empoderamiento político de Soraya Sáenz de Santamaría al asumir Administraciones Territoriales, con la encomienda de pilotar la cuestión catalana. Un refuerzo de su posición en el Gabinete que satisface a un ‘sorayista’ como Alonso y que lleva a preguntarse, en las filas peneuvistas, por si la vicepresidenta será capaz de recuperar las dotes como negociadora que desplegó al frente del grupo del PP opositor al Gobierno en minoría de Zapatero o si continuará explotando a la abogada del Estado que siempre ha sido y que tanta seguridad aporta al jefe.

Sáenz de Santamaría es la única dirigente con peso en el PP que es enteramente producto del liderazgo de Rajoy: él la fichó y él la situó en la Vicepresidencia con apenas 40 años. Mantiene el contacto de sus tiempos de portavoz en el Congreso con Josu Erkoreka, ejerce de enlace del Gobierno con Andoni Ortuzar y forma binomio con Cristóbal Montoro. El hecho de que Rajoy haya desgajado la antigua cartera de Administraciones Públicas del departamento de Hacienda sugiere sobre el papel una gestión más política y menos ‘dineraria’ del problema territorial. Y en paralelo, la continuidad de un foralista convencido como Montoro ampara el Concierto -así lo reivindica el PP vasco- frente a las tensiones que suscitará la anunciada renegociación de la financiación autonómica.

En Interior, el presidente se ha visto forzado a sacrificar al íntimo amigo al que encargó el final de ETA por un magistrado de carrera comprometido con las víctimas. Es decir, un «juez-juez», según cuentan, comandará la política penitenciaria.

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