Diario Vasco

El consistorio defiende su gestión de la SAD

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El ayuntamiento en relación con el conflicto laboral generado entre las trabajadoras y la empresa contratada para la prestación del Servicio de Ayuda Domiciliaria (SAD), y con el objeto de informar a la ciudadanía sobre las gestiones realizadas en la solución de dicho conflicto, quiere manifestar que «en primer lugar hemos de señalar el alto grado de satisfacción con el servicio prestado por parte del personal a la hora del desempeño de sus tareas, cuestión a tener muy en cuenta a sabiendas de lo sensible del servicio por las personas usuarias a los que va destinado».

El SAD lleva contratado desde el año 1998. «Ya en la anterior legislatura, el ayuntamiento medió entre empresa y trabajadoras. Concretamente y tras la mediación, la empresa gestora asumió, por un lado, una antigua deuda reivindicada por las trabajadoras y que hasta ese momento la empresa interpretaba que no correspondía y por otro, la igualación salarial a todas las trabajadoras que en virtud de un antiguo pacto de empresa permitía esas diferencias, regularización a la que también accedió la empresa. En todo caso, al personal se le trasladó que en ese momento el ayuntamiento no estaba en disposición de poder aportar mucho dinero, dada la precaria situación económica en que habíamos recibido el consistorio. Sin embargo, el ayuntamiento propuso en los pliegos un incremento en el precio hora que pasó de 18,10 a 19,17 euros entre semana, y de 21,70 a 23,02 euros en fin de semana, así como la incorporación de cláusulas sociales».

Tras la firma de la nueva licitación «se traslada por parte del personal el deseo y la necesidad de mejorar sus condiciones laborales a través de un nuevo acuerdo con la empresa, a lo que el ayuntamiento responde, trasladando su voluntad para que dichas negociaciones lleguen a buen puerto, asumiendo el compromiso de incrementar en 100.000 euros anuales el coste del servicio, con el objeto de posibilitar una considerable mejora en la condiciones laborales, y consecuentemente, del servicio. Las exigencias y garantías legales del procedimiento impedían al Ayuntamiento introducir modificaciones económicas a lo largo de la vida de la actual licitación del servicio, siendo ilegal incrementar el servicio en 100.000, por lo que la única opción era que la empresa renunciase a la prórroga total y se sacará nuevamente a licitación con el incremento de la citada cantidad, a lo que la empresa accede».