Nacidos en desgracia

El bloqueo en la Franja de Gaza acentúa la penuria de los hospitales e impide a los enfermos graves recibir tratamiento en Israel o Cisjordania. Las principales víctimas son los bebés: ocho han muerto desde abril

Mujeres palestinas se someten a tratamiento de diálisis en el hospital Al Shifa. /AFP
Mujeres palestinas se someten a tratamiento de diálisis en el hospital Al Shifa. / AFP
MIKEL AYESTARAN

Intisar Shinbari acaba de dar a luz y su bebé ha nacido con una malformación coronaria que precisa de una intervención urgente. El pequeño, intubado, descansa en una incubadora de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Pediatría del Hospital Al Shifa, principal centro médico de Gaza, a la espera de que llegue el permiso para su evacuación a Israel o Cisjordania. Los trámites para este tipo de situaciones tardaban antes una media de 24 horas, pero desde abril «a veces no llegan nunca. La oficina de coordinación de la Franja dice que envía los papeles al Ministerio de Salud en Ramala y ellos, a su vez, aseguran que se comunican con los israelíes, pero los permisos de salida no llegan y ya se nos han muerto ocho bebés a la espera de un traslado en los últimos meses. Hasta ahora nadie nos ha dado una explicación. Los médicos no sabemos lo que ocurre, solo sabemos que nuestros pacientes se mueren por la falta de permisos», lamenta el doctor Alam Abu Hamda, responsable de una UCI que está a rebosar, lo que les obliga a tener que meter a dos niños por incubadora.

La lucha política entre facciones palestinas, con Fatah al frente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) en Cisjordania y Hamás en el poder en Gaza, y el bloqueo impuesto desde hace una década por Israel y Egipto asfixian a los dos millones de ciudadanos de una Franja donde Naciones Unidas alerta de «un deterioro de la situación humanitaria sin precedentes». La ANP ha introducido nuevas medidas de presión contra sus enemigos islamistas y el descenso del número de permisos para la evacuación de pacientes a hospitales de Israel o Cisjordania coincide con el recorte del 30% de los salarios de sus funcionarios en Gaza y con la petición a Israel para que suspenda el suministro de electricidad a la Franja. La presidencia palestina argumentó que Hamás cobra la luz a los ciudadanos, pero no envía ese dinero a las arcas de la ANP, que a su vez tiene que abonar el servicio eléctrico a Israel. Las grandes víctimas de esta lucha política fratricida son los civiles.

En la Franja hay crisis de todo tipo, menos de nacimientos. Tan solo en Al Shifa se registran 20.000 alumbramientos al año, lo que supone una media de entre 50 y 60 niños al día. La UCI está equipada con 36 incubadoras, pero con estas cifras de partos los responsables calculan que necesitarían el triple para mejorar su atención a las familias. La luz va y viene. Cada vez que se cae el sistema eléctrico las enfermeras chequean una por una las incubadoras para cerciorarse de que la temperatura se mantiene y que los pequeños no sufren hipotermia. El corte del suministro eléctrico afecta de lleno a la UCI de Pediatría. «Con una media de seis o siete cortes al día, hay que estar muy atentos y revisar constantemente los monitores», informa el doctor Abu Hamda, a quien no para de sonarle el teléfono. Estudió Medicina en Turquía y posteriormente viajó a Catar para completar su especialidad en Neonatología, pero en 2013 decidió regresar a su casa y desde su llegada se ha convertido en una especie de 'doctor milagro', porque ha puesto en marcha una UCI en la que se ha reducido la mortalidad infantil un 30%.

«La ANP e Israel juegan con nuestras vidas... No tenemos salida»

Al dejar atrás los pitidos de los monitores y los susurros de los padres y madres hablando a sus bebés a través de las paredes transparentes de las incubadoras, sorprende el fuerte zumbido que se escucha en el exterior del hospital. Desde que la ANP cortara la electricidad en la Franja disfrutan de apenas cuatro horas de luz cada día, lo que ha creado una dependencia absoluta de los generadores. «Necesitamos una media de un millón de litros de combustible al mes para toda la red de centros médicos y solo disponemos de la cuarta parte, un 28%... El impacto es directo sobre la atención a los pacientes y en la programación de operaciones», expone Ashraf Al Qadra, que lleva siete años como portavoz del Ministerio de Salud en Gaza. «Esto es más amargo que las guerras -se duele-, porque de un enemigo yo me espero cualquier cosa, pero lo están haciendo nuestros propios hermanos».

«Castigo colectivo»

Además de los ocho recién nacidos muertos, al menos otros 19 enfermos gazatíes han fallecido desde abril a la espera de un permiso para recibir tratamiento fuera de la Franja, la mayoría con cáncer, según las estadísticas de Al Qadra. En la actualidad hay 3.000 casos en la lista de espera para poder salir... El Ministerio de Salud en Ramala respondió a las acusaciones de las autoridades gazatíes con un comunicado en el que niega cualquier cambio en la política de traslado de enfermos y atribuye a «medios israelíes y autoridades de Gaza» una «campaña orquestada para tapar la incapacidad de Hamás a la hora de prestar la atención médica a nuestra gente allí». Desde Ramala, responsabilizaron también a los islamistas de inflar las listas de espera para enviar al exterior «a cientos de pacientes que realmente no necesitan un traslado».

Israel desmanteló sus asentamientos en Gaza en 2005. Colonos y militares se retiraron, pero los israelíes mantienen el control de la Franja a través del bloqueo impuesto tras la llegada al poder de Hamás, un año más tarde. Desde entonces, los gazatíes solo pueden salir a través de los cruces de Erez o Rafah, puesto fronterizo con Egipto. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre enero y octubre de 2016 hubo 20.000 peticiones de enfermos para salir vía Egipto, pero solo 1.023 lograron salvar el cerco en los 25 días que Rafah estuvo abierto.

En el caso de Erez, las cifras de la OMS revelan que en 2012 el 92,5% de los enfermos lograron permiso para tratarse fuera de Gaza, la cifra bajó al 77,5% en 2015 y al 44% en 2016. «El descenso de permisos es proporcional al incremento de las medidas de seguridad impuestas por Israel sobre cada individuo y los enfermos se enfrentan a unos criterios extraordinariamente restringidos que violan sus derechos básicos y amenazan su salud y su vida», apunta la organización israelí Médicos por los Derechos Humanos (PHRI, por sus siglas en inglés), que trata de ayudar con los trámites a los gazatíes y recurrir los permisos revocados. En su opinión, la estrategia de su Gobierno es «un castigo colectivo».

A las dificultades para salir, hay que sumar la reducción en el envío de medicamentos. De una lista de 516 productos, hay 193 que no llegan, según el Ministerio de Salud en Gaza; algunos tan importantes para las operaciones como el Clexane, un anticoagulante, o las bolsas para los pacientes que han sido sometidos a una colostomía. «Esto va más allá de la lucha política, es una emergencia sanitaria -argumenta Al Qadra con impotencia-. La ANP e Israel juegan con nuestras vidas y cuando Ramala acepta un traslado, los israelíes lo pueden tumbar alegando temas de seguridad... No tenemos salida».

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