Visto para sentencia seis años después

Un momento de la última sesión celebrada ayer en la Audiencia de San Sebastián. / PEÑALBA

Finaliza el juicio contra los 8 acusados en la operación de narcotráfico de 594 kilos de cocaína de Zumaia. La abogada de la madre y de la exesposa del presunto cabecilla de la banda sostiene que los ingresos que obtuvieron son de procedencia lícita

JAVIER PEÑALBASAN SEBASTIÁN.

Han transcurrido ya seis años desde que la Agencia Tributaria truncase la operación de narcotráfico que pretendía introducir en Euskadi casi 600 kilos cocaína a través del puerto deportivo de Zumaia. Era octubre de 2011. Una madrugada como la de mañana, día 5, funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera sorprendieron a los dos tripulantes del velero 'Catalejo' que acababa de llegar procedente de Suramérica cargado con 594 kilos de droga. Las posteriores averiguaciones condujeron a los agentes al frente del operativo a detener en Bilbao a siete personas más por su presunta relación con los hechos. Seis años después, el proceso judicial ha quedado visto para sentencia. Siete de los acusados defendieron ayer su inocencia en el trámite de la última palabra que la ley les reserva. La decisión está ya en manos del tribunal.

La de ayer fue la última sesión de este proceso. Si el lunes fueron el fiscal antidroga de Gipuzkoa, David Mayor, y los letrados del considerado cabecilla de la organización, su supuesto lugarteniente y uno de los tripulantes del barco, ayer el interés se centró es conocer el informe de la abogada María Dolores Márquez de Prado, exteniente fiscal de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, que defiende a la madre y a la exesposa del considerado jefe de la banda, José María R.D. «Es para mi un honor volver a esta ciudad y a esta Audiencia donde empecé mi carrera profesional hace ya muchos años». Fueron sus palabras de salutación antes de entrar al fondo del asunto. La Fiscalía imputa a las clientas de Márquez de Prado sendos delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, por los que reclama cuatro años y seis meses de prisión y multa de un millón de euros para la madre, y tres años de cárcel para la exmujer además de un multa de 111.075 euros. El ministerio público ha sostenido a lo largo del proceso que ambas mujeres carecían de actividad laboral y añadió que los ingresos que obtuvieron entre 2008 y 2013 provenían de las actividades ilícitas desarrolladas por el principal encausado. En este sentido, argumentó que la peluquería que regentaba la madre en el barrio bilbaíno del Peñascal apenas tenía actividad.

María Dolores Márquez de Prado rechazó estas acusaciones y afirmó que creía «firmemente en la inocencia de ambas. Lo he creído siempre, pero ahora, tras la prueba practicada, mi convicción es total y absoluta», afirmó.

«Trabajadora incansable»

La letrada elogió la trayectoria de la madre. «Qué decir de Mari Carmen D.P. Madre a los 15 años, divorciada al poco tiempo, con un hijo, casi un niño, trabajadora incansable que ha tenido que oír a los agentes de Aduanas que prácticamente no estuvo en la peluquería, que el establecimiento no era más que una tapadera al que solo iba a peinar de vez en cuando a algún familiar».

La letrada rechazó las tesis acusatorias con contundencia. «No es así. Como se ha acreditado con su vida laboral, cotizó durante más de treinta años a la Seguridad Social. Ha trabajado mucho y muy duro, hasta la extenuación, hasta llegar a la enfermedad que tiene en las manos», afirmó.

La cifra

119 años
es la suma de las penas que la Fiscalía solicita para las personas imputadas en la operación de narcotráfico.

La abogada subrayó que «Mari Carmen ganó dinero, mucho dinero, que le ha permitido mantener a su hijo y comprar inmuebles», afirmó la letrada quien mantuvo que los ingresos en metálico que efectuó en sus cuentas provenían «exclusivamente de su trabajo».

María Dolores Márquez de Prado defendió también la inocencia de Nataly C.B., exmujer del presunto cabecilla. La letrada explicó que la exesposa obtuvo ingresos como «dama de compañía». Y añadió que esta actividad que ejerció en Bilbao, Levante y Madrid durante un año le permitió ganar «bastante dinero».

La abogada reconoció que tras contraer matrimonio con José María R.D. la acusada recibió una transferencia por un importe de 14.000 euros «que como ella nos dijo le pagó un cliente al que acompañó durante un mes. Como la Sala puede comprobar, su marido desconocía esa actividad y esa transferencia», indicó.

Márquez de Prado argumentó que durante el matrimonio la acusada trabajó por horas cuidando niños y limpiando casas, una labor por la que percibió pequeñas sumas. «Pero nada de esto ha sido comprobado por los agentes de Vigilancia Aduanera. No hay un solo dato que confirme que los ingresos en la cuenta de Nataly los hiciera su marido», afirmó la letrada.

Ausencia de pruebas

En la última sesión del juicio intervinieron, asimismo, los letrados que representan a José María M.G. y Jesús Ángel S.L. La Fiscalía imputa a a cada uno de ellos un delito contra la salud pública y otro de participación en organización criminal, por los que reclama penas que suman doce años para cada uno y multa de 298 millones de euros.

Al primero se le acusa de haberse trasladado a Zumaia al volante de un Audi A-3 el día de la aprehensión para descargar la droga, llevando como copiloto al principal acusado. El día de su arresto, la Policía halló ocultó en el coche un fajo de billetes que totalizaron en 18.000 euros.

Por su parte, al otro acusado, el ministerio público le imputa haber permitido que desde su cuenta se ingresasen 25.000 euros para la compra del velero. El letrado de este último aseguró que no existía ningún dato que lleve a afirmar que su cliente estuviera implicado en la preparación del traslado de la droga y que tampoco estaba acreditado que tuviese conocimiento del orine ilícito del dinero.

El abogado del otro acusado sostuvo igualmente que no hay pruebas de cargo, «ni siquiera indicios», para condenar a su cliente, por lo que, al igual que el anterior, solicitó la absolución.

Fotos

Vídeos