El Tribunal de Cuentas del Estado analiza el coste de paralizar la incineradora en 2013

Ainhoa Intxaurrandieta, expresidenta de GHK, durante la rueda de prensa en la que anunció la paralización de la construcción de la incineradora./MIKEL FRAILE
Ainhoa Intxaurrandieta, expresidenta de GHK, durante la rueda de prensa en la que anunció la paralización de la construcción de la incineradora. / MIKEL FRAILE

Estudia las anomalías detectadas en las cuentas de GHK durante la gestión de Bildu. En caso de que concluya que haya un quebranto para la sociedad, pedirá la interposición de una demanda

IRAITZ VÁZQUEZSAN SEBASTIÁN.

La gestión que realizó Bildu cuando estuvo al frente del Consorcio de Residuos de Gipuzko (GHK) en la anterior legislatura ya está en manos del Tribunal de Cuentas del Estado. En concreto, el órgano fiscalizador analizará el informe que ha aprobado con carácter definitivo el Tribunal Vasco de Cuentas y en el que se concluye que el coste de paralizar la incineradora en 2013 asciende ya a 46,5 millones de euros, a los que habría que añadir otros 46,6 millones procedentes del pago de los swaps (créditos de cobertura) que se contrataron con la banca para financiar la incineradora en vísperas de la llegada de Bildu a la Diputación en 2011. Si el Tribunal de Cuentas del Estado entiende que la gestión de Bildu ha supuesto un quebranto económico para el órgano que gestiona los residuos en Gipuzkoa (GHK) podía pedir a sus actuales responsables (con PSE y PNV a la cabeza) que interpusieran una demanda contra los dirigentes de la coalición abertzale.

Tal y como adelantó este periódico, una vez que el informe del Tribunal Vasco de Cuentas aprobara con carácter definitivo su informe sobre las cuentas de GHK, se daría traslado a su homólogo en Madrid. La asamblea de GHK decidió no interponer alegaciones al informe, por lo que el pasado 29 de junio el Pleno del órgano fiscalizador vasco dio carpetazo al informe con carácter definitivo. La documentación entra ahora en una nueva fase con su traslado al Tribunal de Madrid.

El recorrido ya es conocido, ya que el informe de fiscalización de las cuentas de GHK del ejercicio 2012 realizado por el órgano vasco también acabó en Madrid, llevando al Tribunal de Cuentas del Estado a abrir, a instancias de la actual dirección del Consorcio, un «procedimiento de reintegro por un presunto alcance como consecuencias de supuestas irregularidades contables», en este caso por el pago de indemnizaciones posterior a la rescisión de contrato de la incineradora.

En este nuevo informe, el órgano vasco que preside José Luis Bilbao puso negro sobre blanco a las consecuencias de paralizar la incineradora, señalando que solo por los seguros de cobertura de tipos de interés -swaps- Gipuzkoa ya había abonado a los bancos 24,9 millones de euros hasta 2015 y deberá pagar otros 46,6 millones en el futuro, pese a no contar con la financiación a la que se vinculaba este seguro.

El órgano fiscalizador advierte de que si estos contratos fueran liquidados ahora, «el valor libre de riesgo» subiría hasta los 64,3 millones.

El órgano vasco desvela también en su informe que el director general de GHK cobró en agosto de 2015, antes de que PNV y PSE se hicieran con el control de la sociedad pública, una indemnización correspondiente a tres mensualidades que ascendió a 20.000 euros. Añade que, según la ley, debía haber percibido la cantidad equiparable a quince días de retribución, 3.200 euros.

El Tribunal Vasco de Cuentas refrenda los datos que han sido objeto en reiteradas ocasiones de la crítica de los actuales mandatarios de GHK a la gestión de los residuos de la coalición abertzale. Confirma que el coste de la paralización y cancelación del proyecto de la incineradora de Zubieta ascendía al final del ejercicio de 2015, a 46,5 millones de euros. Más de la mitad de esta cantidad corresponde a los swaps, y el resto se completa con indemnizaciones, trabajos ya realizados, compras de terrenos y otros gastos.

Además, el pasado 9 de marzo la sección tercera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa confirmó que el territorio deberá seguir pagando los swaps al desestimar el recurso de apelación que había interpuesto en enero de 2015 la dirección del Consorcio de Residuos, en manos de Bildu y con Ainhoa Intxaurrandieta como presidenta de GHK.

Este pago se realiza en concepto de seguro por los tipos de interés concedidos por la banca al consorcio para construir la incineradora en 2011. La sociedad pública, dependiente de la Diputación de Gipuzkoa, firmó en la fase final de la anterior legislatura de Markel Olano (PNV) unos contratos que incluían una financiación, a un tipo de interés, más el citado swap, una cobertura ante el riesgo de la posible subida de ese interés. Con la llegada del Gobierno foral de EH Bildu y la sucesiva paralización de la planta que se iba a construir en Zubieta, desaparecieron el proyecto constructivo y el dinero que lo iba a costear, pero se mantuvo el mencionado seguro de cobertura.

El coste de este producto financiero se lleva una porción importante del total del gasto que ha afrontado el Consorcio de Residuos desde 2011 en relación a infraestructuras. El Tribunal Vasco de Cuentas cifra este capítulo global de inversiones en 67,9 millones. Lo que se vincula con la paralización de la incineradora ronda los 46 millones y el resto de partidas se destinan a otras instalaciones como la planta de compostaje de Epele (aún sin entrar en funcionamiento), cierres de vertederos o trabajos en estaciones de transferencia desde donde se han exportado los residuos recogidos en Gipuzkoa.

Las cifras

71 millones de euros
es el coste estimado por el Tribunal Vasco de Cuentas sobre los que GHK deberá pagar por los swaps o seguros del tipo de interés del crédito de la incineradora.
20.000 euros
es lo que cobró el anterior director general de GHK cuando según la ley debió haber apercibido 3.200 euros.
40,7 millones de euros
otorgó en subvenciones hasta diciembre de 2015 la Diputación para la construcción de varias infraestructuras.

Sin presupuestos

También revela, que hasta diciembre de 2015, la Diputación de Gipuzkoa ha otorgado subvenciones por valor de 40,7 millones para la construcción de las infraestructuras aprobadas por las Juntas Generales por su condición de miembro del Consorcio de Residuos, con un 33% de representación en el mismo, quedando el resto de la institución repartida entre las ocho mancomunidades del territorio.

Tal y como ya han denunciado desde la actual dirección de GHK, el Tribunal de Cuentas censura que la sociedad instrumental del Consorcio no presentara presupuestos en los ejercicios 2013, 2014 y 2015, es decir, desde que se consuma la paralización del proyecto de incineradora y comienzan a acumularse las deudas. También cita como incumplimiento que no estableciera en los citados ejercicios las tarifas anuales correspondientes a los diferentes servicios prestados.

El Tribunal se refiere en su informe de fiscalización del ejercicio 2015 de GHK a otras irregularidades que tienen que ver con contrataciones que no se realizaron tras su debida publicidad en los boletines oficiales o en las que se mantuvo un trato desigual con diferentes licitadores, según el órgano fiscalizador. Estos contratos, referentes a maquinarias, obras, tratamiento de biorresiduos o servicios de transporte ascienden a 1,3 millones.

Las claves

Swaps
Gipuzkoa ha pagado casi 25 millones de euros hasta el 31 de diciembre de 2015 por la cobertura de los tipos de interés de la financiación de la incineradora y deberá pagar 46,6 millones más. En total, más de 71 millones de euros.
Inversiones
El Tribunal Vasco de Cuentas cifra en 67,9 millones de euros el gasto hecho por el Consorcio de Residuos de Gipuzkoa en la construcción de infraestructuras y señala que la Diputación ha otorgado subvenciones por valor de 40,7 millones.

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