Los transportistas esperan que la Diputación no recurra la sentencia que anula el peaje para camiones en Gipuzkoa

Los transportistas esperan que la Diputación no recurra la sentencia que anula el peaje para camiones en Gipuzkoa
FRAILE

La Federacion Nacional de Asociaciones de Transportistas de España estudiará cómo se podría devolver el dinero pagado ya en peajes por los camiones a su paso por Gipuzkoa

AGENCIAS San Sebastián

Tras el anuncio de que el TSJPV anula el cobro de peajes a los camiones en Gipuzkoa, la Federacion Nacional de Asociaciones de Transportistas de España ha recordado que el sector del transporte por carretera «manifestó desde un principio su absoluto rechazo a la dicha medida, al entender que ya contribuye sobradamente al mantenimiento de las carreteras guipuzcoanas, como lo demuestra el hecho de que en dicha provincia se suministran anualmente casi 800 millones de litros de gasóleo A, principalmente procedentes de los vehículos de transporte, lo que supone un porcentaje casi un 400% superior al consumido en otras provincias con una flota de transporte similar a la guipuzcoana«.

En un comunicado, Fenadismer ha recordado que, el pasado mes de enero la Diputación de Gipuzkoa «puso en marcha un nuevo peaje, pionero en España, exclusivamente dirigido a los vehículos de transporte de mercancías, obligando a soportar dicho gravamen a los más de 10.000 camiones que diariamente transitan tanto por la N-1 (Autovía Madrid-Irún) como por la A-15 (Autovía de Navarra a Gipuzkoa), afectando principalmente a los transportistas de larga distancia que utilizan dichas vías como tránsito obligado hacia el resto de Europa».

La federación ha indicado que, con el establecimiento de dicho peaje, la Diputación de Gipuzkoa «estimaba recaudar, a través de su empresa pública Bidegui, que era la encargada de su gestión, en torno a 30 millones de euros anualmente».

Fenadismer ha señalado que importe del peaje establecido «resultaba absolutamente desproporcionado, llegando a duplicar el coste medio de peajes para camiones en la red de autopistas de peaje españolas, pese a que se trata de una vía convencional carente de los elementos técnicos y de trazado propios de una autopista de peaje».

La implantacion de dicho peaje, ha recordado Fenadismer, llevó a las principales asociaciones nacionales de transportistas a adoptar diferentes medidas de «presión», entre ellas la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el TSJPV, «al entender que dicha medida vulneraba manifiestamente las Directivas Europeas sobre tarificación de infraestructuras, en especial, en lo referente a su carácter discriminatorio en función del trayecto a realizar, así como el importe desproporcionado de los peajes establecido».

En este sentido, el TSJPV, en su sentencia de fecha 9 de abril, y que ha sido notificado hoy a las partes, según esta organización de transportistas «admite íntegramente los argumentos planteados por las asociaciones de transportistas, al entender que el régimen de peajes establecido por la Diputación de Gipuzk produce una discriminación indirecta del transporte de tránsito con origen y/o destino fuera de Gipuzkoa respecto del tráfico interior», por lo que en consecuencia «vulnera el principio de no discriminación previsto en el artículo 7.3 de la vigente Directiva 2011/76/UE», según Fenadismer.

Por ello, según la federación, el TSJPV «anula la norma foral» que estableció el citado peaje, condenando en costas tanto a la Diputación de Gipuzkoa como a las Juntas Generales del territorio.

Fenadismer ha calificado «muy positivamente» esta sentencia «al estimar los principales argumentos planteados por las asociaciones en su día en contra de dicha medida», y ha confiado en que las Administraciones públicas condenadas «se abstengan de recurrir dicha resolución judicial en casación, al estar impecablemente fundamentada».

En este sentido, Fenadismer ha anunciado que llevará a cabo «un análisis jurídico pormenorizado de las consecuencias de dicha sentencia a los efectos de posibilitar que todo el importe recaudado durante los tres meses de vigencia del nuevo peaje pueda ser devuelto a los transportistas afectados por dicha medida ahora declarada ilegal».

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