Una sociedad financiará la segunda fase de Zubieta y cobrará por explotarla hasta 2038

Fotomontaje de la incineradora y la TMB que se construyen dentro de la primera fase del Complejo Medioambiental de Gipuzkoa.
Fotomontaje de la incineradora y la TMB que se construyen dentro de la primera fase del Complejo Medioambiental de Gipuzkoa.

Invertirá 37 millones en las dos plantas de residuos y pasará un canon a GHK durante 19 años. El estudio de viabilidad de las instalaciones de biometanización y valoración de escorias prevé una cuota de 6 millones por año, lo que suma un total de 114

GAIZKA LASASAN SEBASTIÁN.

Es lo que tiene no contar con caja suficiente, ni tener margen para endeudarse. ¿Cómo afrontar un gasto importante? La Diputación de Gipuzkoa reveló su solución al contratar el proyecto de la primera fase del Complejo Medioambiental de Gipuzkoa -incluye una incineradora y una planta de tratamiento mecánico-biológico (TMB)- y va a repetir la fórmula con la segunda fase: dejar que una concesionaria privada haga la inversión y establezca luego un canon a la Administración para recuperar el dinero además de obtener una rentabilidad.

La sociedad foral Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa (GHK) no dispone de los 37 millones que, aproximadamente, cuestan las plantas de biometanización y valorización de escorias, y no puede endeudarse más -sus números rojos acumulan unos 40 millones- porque sus cuentas son consolidadas junto con las del resto de sociedades forales y las de la propia Diputación. La ley impone un techo de déficit que hace inviable la operación.

Ante semejante panorama, GHK volverá a sacar a concurso público el paquete completo de diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento de las dos infraestructuras que completan el complejo de Zubieta, tal y como ocurrió con la incineradora. Las empresas adjudicatarias se encargarán de cubrir todos estos frentes y cobrarán a los guipuzcoanos, a través de GHK, una mensualidad durante 20 años, plazo de concesión estipulado por el estudio de viabilidad aprobado la semana pasada por la asamblea del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa. El periodo de hipoteca en el caso de la incineradora es de 32 años, pero el menor volumen económico de este segundo proyecto ha aconsejado reducir el tiempo del pago.

Las claves

Cuatro plantas
Incineradora más planta de tratamiento mecánico-biológico (primera fase), más naves de biometanización y de maduración de escorias (segunda fase).
Puesta en marcha en 2019
Las obras de la primera fase se iniciaron el 10 de mayo y las de la segunda arrancarán un año más tarde con intención de que terminen a la vez.
Plazos de pago
La primera fase se amortizará en 32 años y la segunda, en 20.

Según el citado documento, la factura anual estimada que pasará la sociedad concesionaria ascenderá a unos 6 millones de euros, lo que multiplicado por la duración de la concesión -19 años al restar a 20 el primero dedicado a la obra- deriva en un gasto total de 114 millones de euros. Esta cantidad resulta, según el estudio de viabilidad, de cubrir los costes de inversiones, operación y mantenimiento y sumarle la rentabilidad mínima esperada al capital, de un 10,5%.

La cifra podrá variar. Desde la institución foral confían en que los cálculos establecidos en este documento preceptivo para poder poner en marcha la licitación sean rebajados por la pugna de ofertas entre empresas. Ya ocurrió con la primera fase del complejo de Zubieta. El estudio financiero previo vaticinó un canon anual de 31 millones durante 32 años para la planta de valorización energética y la TMB. Más de mil millones en total. La posterior adjudicación dejó la cifra en 23,6 millones al año, lo que suma un global de 768 millones. A la espera de lo que puedan variar las cifras definitivas de la segunda contratación, el coste total de la puesta en marcha de cuatro infraestructuras con las que el Gobierno foral quiere dar una solución definitiva al tratamiento de los residuos en el propio territorio quedará en torno a los 860 millones de euros.

Pago por disponibilidad

Tal y como ocurrió en la primera fase, la mayor parte del montante en el caso de las naves de biometanización y valoración de escorias se la lleva el concepto bautizado como «pago por disponibilidad». La sociedad concesionaria cobrará en tanto en cuanto las instalaciones funcionen con las garantías requeridas por GHK.

Al igual que con la incineradora, el concesionario financia, construye y explota

La Diputación confía en que las cifras se rebajen por la pugna entre las ofertas de las empresas

A partir de ahí, se establecerá otro pago por tonelada, «equivalente al coste de operación y mantenimiento variable», dice el estudio de viabilidad. Prevé un precio de 30,63 euros por tonelada en la planta de biometanización -con un máximo de 40.000 toneladas al año- y de 4,88 euros por tonelada en la de valorización de escorias -con un tope de 52.000 toneladas por año-.

Hasta ahí lo que la sociedad foral abonará al concesionario. Este podrá vender además materiales separados en la planta de valorización de escorias que tendrán su valor monetario -unos 480 euros por tonelada sobre un máximo de 1.080 toneladas- y obtener unos ingresos de unos 440.000 euros anuales con la venta de la energía procedente de la planta de biometanización.

Las cifras

860 millones
costará aproximadamente todo el complejo medioambiental, sumando la cifra de la segunda fase a los 768 millones de adjudicación de la incineradora y la TMB.
218 empleos directos
prevé generar el conjunto del complejo, sumando a los 188 puestos que creará la primera fase los 30 de la segunda.

El estudio de viabilidad prevé que la sociedad adjudicataria deberá adelantar de su bolsillo aproximadamente el 20% de la inversión de las infraestructuras (8 millones) y pedir a los bancos el 80% restante (32 millones). De la capacidad que tenga de lograr condiciones ventajosas en el mercado financiero dependerá, en gran medida, la baja que pueda hacer en su oferta respecto al presupuesto base de licitación. El estudio de viabilidad también contempla la creación de 30 puestos de trabajo para la explotación de las dos plantas de la segunda fase del complejo, a las que asocia unos gastos fijos de personal de 1.330.000 euros, más de 44.000 euros por empleo.

El plan de viabilidad y el anteproyecto de la segunda fase del Complejo Medioambiental de Gipuzkoa se somete ahora a un plazo de alegaciones antes de licitar el paquete completo de financiación, construcción y explotación. La adjudicación se prevé para el primer trimestre del 2018 y el inicio de las obras, para mayo.

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