El servicio recupera la normalidad tras el atasco inicial

La entrada en vigor de la Ley de Vivienda en septiembre de 2015 -y la consiguiente obligación de que se registraran los contratos de alquiler que antes se resolvían de forma privada- desbordó al Gobierno Vasco, porque la respuesta de los ciudadanos superó la capacidad de atención de las oficinas donde está el servicio Bizilagun (en Donostia, en el edificio del Gobierno Vasco en la calle Andia). «La respuesta de la gente fue buena. El problema es que en la Administración nos vimos superados. Exigíamos mucho pero no fuimos capaces de responder», hace autocrítica Mario Yoldi, director de planificación y procesos operativos de vivienda del Gobierno Vasco.

Las oficinas territoriales pasaron de no recibir prácticamente consultas en un día a tener cola en la puerta, con el consiguiente enfado de los usuarios, que se quejaban de la burocracia, además de la sobrecarga de trabajo para los funcionarios. Aquellos tiempos que revolvieron al sector han quedado en el olvido y hoy las oficinas atienden con normalidad. «Se hizo un refuerzo de personal, se mejoró la coordinación. En resumen, la calidad del servicio ha mejorado y seguirá mejorando», se compromete el responsable de Vivienda del Gobierno Vasco.

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