Las resoluciones de los tribunales marcan las decisiones a tomar

Aún queda pendiente un recurso de EH Bildu al TSJPV contra la sentencia que anulaba la paralización de la incineradora en 2013

GAIZKA LASASAN SEBASTIÁN

La gestión de los residuos no solo ha sido objeto de discrepancias políticas. También ha acaparado sentencias judiciales que han ido orientando el devenir de los acontecimientos. Las más influyentes se han hecho públicas este mismo año. El 5 de enero, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Donostia decretó «la nulidad de pleno derecho» del acuerdo al que llegaron GHK y las empresas adjudicatarias para rescindir el contrato de adjudicación de aquel primer proyecto de incineradora. Hablaba de «desviación de poder» de quienes tomaron la decisión. Esta resolución está recurrida en apelación al TSJPV por varias personas de EH Bildu y lo que resuelva el alto tribunal vasco será clave para el relato de la gestión de los residuos de los últimos años.

Por su parte, el 30 de enero, el propio TSJPV desestimó la solicitud formulada por GuraSOS -plataforma de padres y madres preocupados por los efectos de la incineradora en la salud- de paralizar el proyecto de forma cautelar hasta que se diera un proceso participativo. El fallo resultó crucial para la Diputación y sus planes, ya que previamente el Contencioso-Administrativo número 2 de Donostia le había ordenado que se abstuviera de ejecutar la adjudicación hasta que no llegara esta sentencia.

Una vez iniciadas las obras de Zubieta, llegó otra iniciativa jurídica, esta vez por la parte empresarial que se ha sentido agraviada con el proceso. El 23 de mayo FCC, firma que quedó segunda en el concurso público y que había ganado la construcción del proyecto paralizado, presentó un recurso en el TSJPV contra la adjudicación de la planta a la UTE liderada por la china Urbaser.

La sentencia más decisiva en el plano económico llegó el 9 de marzo. La Audiencia de Gipuzkoa desestimó el recurso de apelación interpuesto en enero de 2015 por GHK contra otro fallo -del Juzgado de Primera Instancia 4 de Donostia- que desestimaba, a su vez, una demanda de la misma sociedad pública contra el pago de los swaps. Gipuzkoa quedaba así condenada a pagar por el seguro de un crédito no utilizado.

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