El Puerto zanja en 1,7 millones las obras de la lonja que se realizaron sin los permisos precisos

La lonja inacabada, a la espera de adjudicar los trabajos que quedan./ARIZMENDI
La lonja inacabada, a la espera de adjudicar los trabajos que quedan. / ARIZMENDI

La juez pide otra auditoría e interroga hoy a tres responsables del proyecto, entre ellos el exdirector de la entidad portuaria de Pasaia

GAIZKA LASASAN SEBASTIÁN

. El caso de la obra de la lonja de Pasaia sigue avanzando por dos carriles paralelos que no terminan de cruzarse. Uno va de cuentas. De la depuración de unidades y precios de aquellos trabajos realizados sin su debida consignación presupuestaria y recogidos en el llamado 'Expediente de Responsabilidad Patrimonial'. El otro va de tribunales. El Juzgado de Instrucción número 2 de Donostia investiga la obra después de que la Fiscalía concluyera que los hechos revisten, indiciariamente, los caracteres de un presunto delito de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y mercantil, estafa, cohecho y tráfico de influencias, y exacciones ilegales en negociaciones prohibidas.

Se da la circunstancia de que los dos carriles son hoy noticia al experimentar hitos importantes en sus respectivos avances. Respecto a la concreción de números, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia (APP) aprobó ayer la cantidad a la que asciende el 'Expediente de Responsabilidad Patrimonial'. Después de pasar por el filtro de varias auditorías, la cifra resultante es de 1,7 millones de euros.

Éste será el dinero que el Puerto, como promotor de la obra, abonará a la UTE formada por FCC y Lurgoien. Los trabajos a los que corresponde ese dinero estaban ejecutados, pero no se había procedido al pago hasta no tener las comprobaciones de la última auditoría integral, encargada en marzo del año pasado por Puertos del Estado. La Autoridad Portuaria de Pasaia quería saldar esta deuda cuanto antes, máxime sabiendo que no pagar significaría incurrir en un enriquecimiento injusto de la Administración.

Tal y como adelantaron desde el Puerto al tramitar este expediente, a este capítulo habría que añadir la liquidación final del proyecto de construcción de la lonja para zanjar definitivamente el pago y conocer a cuánto asciende el coste de la obra, adjudicada por 14,9 millones de euros. Según ha podido saber este periódico, esa liquidación será negativa después de pasar por la lupa de los auditores más rigurosos en la materia. Quiere esto decir, que con los pagos a cuenta realizados no solo se han sufragado los trabajos ejecutados, sino que las empresas deberán devolver, según los cálculos de la APP, algo de lo adelantado por el Puerto.

La cifra

17 millones
ha pagado el Puerto a la UTE de la lonja hasta ahora cifra justificada que no ha sido objeto de controversia.

Hasta el momento, la Autoridad Portuaria de Pasaia había abonado 17 millones, justificados y no sujetos a controversia jurídica alguna, a los que añadirá los 1,7 del 'Expediente de Responsabilidad Patrimonial'. La suma asciende, por tanto, a 18,7 millones, cantidad que menguará si se ratifica la liquidación negativa.

El proceso de pago también ha sido objeto de judicialización. La UTE valora los trabajos ejecutados en 21.750.108,52 euros, por lo que solicita el pago de 4,6 millones a partir de los 17 ya cobrados. Solicita otros 3,2 millones en concepto de perjuicios ocasionados por la demora del plazo de la obra, además de 400.000 euros por intereses de demora, lo que suma una reclamación total de 8,2 millones.

El Puerto pide el archivo

Paradógicamente, coincidiendo con la aclaración de la cantidad que se debe pagar a las empresas ejecutadoras y, sobre todo, el desglose de partidas y precios que derivan en esa cifra, la titular de Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián interroga hoy como investigados al ex director general del Puerto de Pasaia, Gregorio Irigoyen, al técnico y director de obra de la lonja, David Candelario, y al responsable de la UTE constructora.

La juez sigue practicando diligencias pese a la petición por parte del Puerto de que se archive el caso y ha solicitado incluso otra auditoría más, en este caso al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, después de haber recibido el informe del perito judicial sobre el denso documento entregado por Puertos del Estado.

La APP considera que los resultados de los reiterados estudios a los que se ha sometido la obra -la más fiscalizada de Gipuzkoa, sostiene- deberían valer para desactivar el carril penal. Fuentes de la entidad señalan que «lo que desde nuestra posición no podemos permitir es que haya un enriquecimiento del contratista, ni que el que se enriquezca sea la Administración». Las mismas fuentes concluyen que «al evitarse el perjuicio a la Administración, entendemos que no hay lugar al delito».

El dinero corresponde a obras realizadas sin la tramitación ni el presupuesto necesarios

Declaran también como investigados el director de obra y un responsable de la UTE

Recuerdan que el Tribunal de Cuentas de España ha archivado las diligencias abiertas para determinar responsabilidades por perjuicio al erario público. Al órgano fiscalizador le correspondía aclarar si alguien se llevó dinero público en la construcción de la lonja y en el auto fechado el pasado 17 de febrero determinó que «del minucioso examen de la documental aportada en estas actuaciones, en este caso nos hallamos ante un supuesto de inexistencia de responsabilidad contable por alcance».

Sin embargo, las irregularidades en la construcción de la lonja, que el Puerto siempre ha enmarcado en el ámbito administrativo, no se despejan únicamente por la resolución del 'Expediente de Responsabilidad Patrimonial' y se resolverán, finalmente, en el ámbito judicial. La juez que instruye el caso no ha atendido al archivo solicitado por la APP y sigue investigando la existencia de seis posibles delitos.

Uno de los llamados a declarar hoy como investigado, el exdirector del Puerto -cesado por el presidente por la desconfianza generada en este caso- ya ha explicado en las Juntas Generales de Gipuzkoa que el problema de la lonja ha radicado en un «desajuste temporal entre la ejecución de la obra y la tramitación de las autorizaciones para ampliar el presupuesto». En sede parlamentaria, también ha asegurado que «nadie ha robado, ni nadie ha falsificado nada», y que «la obra va a costar lo que cuesta».

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