El presidente del Puerto dice a la juez que «todo el dinero está en la obra de la lonja»

Edificio de la lonja de Pasaia, cuya obra fue paralizada en febrero de 2016./LOBO ALTUNA
Edificio de la lonja de Pasaia, cuya obra fue paralizada en febrero de 2016. / LOBO ALTUNA

Ricardo Peña declara como testigo en el caso del edificio pesquero de Pasaia para explicar el recorrido de las auditorías que él mismo solicitó

GAIZKA LASASAN SEBASTIÁN.

El presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia (APP), Ricardo Peña, transmitió ayer en persona a la jueza instructora del caso de la lonja de Pasaia las ideas clave que ha reiterado ya tanto en el consejo de administración de la entidad como en las Juntas Generales de Gipuzkoa: que ha habido errores administrativos en la tramitación, que todo el dinero está en la obra, y que al proyecto original se han sumado trabajos necesarios que han hecho que acabe habiendo más obra de la inicialmente contratada.

El presidente de la APP compareció ayer en calidad de testigo ante la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Donostia durante más de dos horas y media en las que expuso su versión sobre los hechos investigados en la construcción de la lonja de San Pedro, paralizada en febrero de 2016 por la detección de sobrecostes. Según fuentes consultadas, Peña reconoció que «se han detectado irregularidades administrativas» que llevaron al propio presidente a solicitar a finales de 2014 una auditoría a Puertos del Estado, cuyo resultado arrojó que el dinero había sido bien empleado pero sin la tramitación adecuada. Subrayó que el proyecto inicial fue complementado con «trabajos necesarios» y que «todo el dinero está en la obra». Destacó que, respecto al contrato objeto de judicialización, adjudicado por 14,9 millones, «la desviación final no superará el 10%».

Manifestó el compromiso de la APP de liquidar al contratista la cantidad recogida en el «Expediente de Responsabilidad Patrimonial» por trabajos realizados y fiscalizados por varias auditorías, «para no incurrir en un enriquecimiento injusto». Se trata de 1,7 millones, cantidad que se suma a los 17 millones justificados por trabajos complementarios no sujetos a controversia jurídica alguna abonados ya por la APP. La suma ascendería a 18,7 millones, aunque el Puerto asegura que liquidación final, aún pendiente, será negativa después de pasar por la lupa de los auditores más rigurosos en la materia. Quiere esto decir, que con los pagos a cuenta realizados no solo se han sufragado los trabajos ejecutados, sino que las empresas deberán devolver, según los cálculos de la APP, unos 600.000 euros. Estas cifras han sido, no obstante, recurridas por la UTE contratista.

Informe final inminente

El presidente del Puerto desplegó su cronología de los hechos con la batería de cifras correspondiente ante la juez titular -de vuelta tras una baja de maternidad- y la fiscal que concluyó en su día que los hechos revisten, indiciariamente, los caracteres de seis delitos, entre ellos malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, tráfico de influencias y estafa.

Peña aseguró que la desviación del contrato de obra judicializado «no superará el 10%»

El exdirector del Puerto y el director de obra ya declararon que los trabajos hechos eran «necesarios»

El 4 de octubre, el director de la obra, David Candelario, reconoció en el mismo juzgado que ordenó continuar con algunas actuaciones que no estaban contempladas en el proyecto original con la previsión de que la tramitación se regularizaría sin mayor problema. En la misma línea, el exdirector del Puerto, Gregorio Irigoyen, también admitió que firmó las certificaciones de obra que recogían esos trabajos añadidos por la confianza de que se debían materializar. Ambos declararon, a diferencia de Peña, en calidad de investigados.

La evolución del caso puede depender del informe del perito judicial -del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos- encargado por la jueza una vez conocida la auditoría de Intemac solicitada por Puertos del Estado. La firma especializada empleó un año en entregar su extenso documento aunque esta vez el trabajo será finalizado en dos meses, ya que el perito ha renunciado a prorrogar un plazo que ha concluido esta misma semana.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos