La pobreza se reduce a menor ritmo en Alto Urola, Bajo Deba y Donostia

La pobreza se reduce a menor ritmo en Alto Urola, Bajo Deba y DonostiaGráfico

La demanda de la RGI ha caído un 12% desde 2015, pero en esas zonas el descenso se aleja de la media hasta el 7%

Arantxa Aldaz
ARANTXA ALDAZ

La pobreza, al menos según indica el barómetro de la demanda de la Renta de Garantía de Ingresos, está reduciéndose en Gipuzkoa. El número de personas sin recursos que necesitan esta prestación social, el principal subsidio que paga Euskadi, sigue un mes más a la baja y ahora mismo son 13.680 los beneficiarios de la ayuda en Gipuzkoa, un 12% menos que hace tres años, por ejemplo, cuando la demanda superaba los 15.500 titulares, rozando cifras máximas. Ahora bien, el diagnóstico varía por comarcas y aunque en todas el descenso es generalizado, la recuperación cobra ritmos diferentes.

En esa clasificación comarcal, la evolución de los últimos tres años señala a tres zonas concretas: Alto Urola, Bajo Deba y Donostia, donde el descenso en la demanda de la ayuda social ronda el 7% y 8% en los últimos tres años, mientras que en otras demarcaciones llega incluso hasta el 20%, como es el caso de Buruntzaldea. Esas diferencias obedecen a diferentes factores, pero en general se vislumbra el impacto del desempleo por el cierre de fábricas y empresas. Oarsoaldea también figura entre esas zonas que siguen necesitando en mayor medida la RGI, con 1.835 perceptores en la actualidad.

Al zarpazo de la recesión, en el caso de la capital guipuzcoana hay que añadir un factor poblacional, ya que al ser un municipio de gran tamaño concentra también grandes bolsas de personas con menos recursos, lo que se refleja en una demanda alta del subsidio, que a su vez deja grandes diferencias por barrios. Intxaurrondo, Martutene, Altza y Miracruz-Bidebieta son las zonas donde hay una mayor proporción de habitantes que cobran la prestación social (por encima del 3% de su población). Por el contrario, Zubieta (0,3%), Miramón-Zorroaga (0,7%) y Aiete (1%) son las zonas con menos necesidades económicas.

La última encuesta de pobreza, publicada el año pasado por el Gobierno Vasco, también dibujó un mapa desigual. La zona con más necesidades en el territorio era entonces Bajo Deba, donde la pobreza real creció entre 2014 y 2016 un 8,1%. Compartían ese triste título con Vitoria y la comarca alavesa de Ayala. Alto Deba y Tolosa-Goerri escribían el contrapunto, con una caída clara de la tasa de pobreza real. Alto Deba presentaba el nivel más bajo de todas las comarcas vascas, con un 1,3% de casos. En Goierri, el descenso se quedó en un 3,7%. Y en las zonas de mayor población, Donostialdea registró menos afectados por la pobreza, con un 5,1% de casos, la media del conjunto de Euskadi.

La caída de la demanda de la ayuda social se frena en el último mes y se queda en 13.680 perceptores

El porcentaje de trabajadores pobres se mantiene en torno al 21% del total de beneficiarios

Los signos de recuperación económica se han trasladado a las estadísticas de Lanbide, el servicio vasco de empleo, donde se gestiona la RGI. El último balance, referido al mes de abril, muestra que el descenso de la demanda se ha frenado y que se queda en 13.680 titulares en Gipuzkoa, solo 5 menos que en marzo, aunque suficientes para no romper la buena racha. Destacan los 2.887 perceptores que completan sus ingresos de trabajo con la ayuda para evitar la pobreza, el 21% del total. A este colectivo beneficiará la proposición de ley que plantea el gobierno bipartito del PNV y PSE.

La reforma del sistema, que ahora se está negociando para intentar sacarla adelante antes de fin de año, plantea eliminar el límite de los dos años que ahora se pueden cobrar estos estímulos al empleo, y que se puedan recibir durante el tiempo que sea necesario, ya que se da por hecho que el fenómeno de los trabajadores pobres, ligado al empleo precario, permanecerá como uno de los desafíos del sistema.

Ayuda al alquiler para el 48%

Otro de los cambios implica a casi la mitad de los beneficiarios. El 48% de los titulares cobran hoy en día la prestación complementaria de vivienda, 250 euros al mes para ayudar a pagar el alquiler, que dejarán de ser tramitados a través de la RGI y pasarán a estar recogidos bajo el paraguas de la Ley de Vivienda. Se llamará Prestación Económica de Vivienda (PEV), que también está fijada en 250 euros.

También son parte principal de la reforma los 3.944 pensionistas guipuzcoanos (el 28% del total de perceptores) para quienes se propone crear una prestación económica propia, aunque se mantendría bajo la gestión de Lanbide, lo que en la práctica implica un cambio de nombre, pero no de la forma en que estos jubilados completan sus bajas pensiones hasta el umbral para esquivar la pobreza. Lo que sí se ha arrancado en el proyecto de reforma es la realización de un estudio a través del Consejo Vasco de Finanzas para valorar qué alternativas existen a la compensación a este colectiva a través de las Haciendas forales (con un impuesto negativo, por ejemplo).

La reforma también pretende flexibilizar las sanciones cuando el perceptor incurre en un incumplimiento, que será castigado en proporción a la gravedad del mismo.

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