El falso cirujano plástico que ejerció en Donostia podría ser condenado a 15 años

El acusado, de nacionalidad española, tendrá ante sí nada menos que tres acusaciones el día que se celebre el juicio. Al fiscal del caso le acompañarán en el estrado el letrado Miguel Alonso Belza, que representa al centro en el que trabajó, y el abogado del Colegio de Médicos de Gipuzkoa, que también ejerce la acusación. El órgano colegiado de los médicos es precisamente la parte que solicita una pena más severa. Su letrado dirige al falso médico una acusación de intrusismo profesional a la vez que le imputa cuatro delitos de falsificación. Por el primero pide tres años y tres más por cada uno de los otros cuatro. En total 15 años.

Por su parte, el centro médico en el que acusado trabajó le considera autor de un delito de falsificación, otro de intrusismo y uno más de estafa. De esta forma, solicita penas que suman ocho años de prisión y además le exige el pago de una indemnización de 30.000 euros por la «grave repercusión negativa» que ha causado en la imagen del centro y el consiguiente perjuicio económico que le ha ocasionado.

La Fiscalía guipuzcoana es la acusación que menos pena solicita. Reclama tres años de prisión y una multa de 3.600 euros, al considerarle culpable de un delito continuado de estafa en concurso con otro de intrusismo. También le imputa otro de falsedad en documento oficial en concurso con estafa e intrusismo.

Los hechos que son objeto de este procedimiento judicial se remontan al año 2014. De acuerdo con el escrito de conclusiones provisionales redactado por el fiscal Rafael Unceta, el acusado, O.P.L., «con el ánimo de obtener un beneficio patrimonial de carácter ilícito», trabajó desde el mes de junio como médico especialista en cirugía estética y reparadora en el centro, pese a que no poseía la titulación.

El texto de la acusación pública precisa que la persona investigada manifestó haber cursado los preceptivos estudios de medicina y elaboró íntegramente un título que acreditaba su licenciatura. Además, aportó un segundo documento, también falso, según el cual había realizado la especialidad de medicina estética y reparadora. También facilitó títulos como un diploma de haber cumplimentado un curso de «ácido hialurónico», toxina bolutílimica, factor de crecimiento, además de un máster internacional de dirección de servicios y una certificación del Colegio de Médicos de Navarra.

El fiscal precisa que el investigado alteró en algunos títulos elementos esenciales, entre ellos un carnet. «El acusado necesitaba falsificar estos documentos porque no está licenciado en Medicina», afirma.

Gracias a esta maniobra que el ministerio fiscal califica de «mendaz», el acusado logró trabajar en el centro médico guipuzcoano, cuyos responsables pagaron al acusado en concepto de honorarios diversas cantidades que si bien no han podido ser determinadas, «superaron en todo caso los 400 euros», indica el fiscal.

De esta forma, al acusado se le asignaron diecisiete pacientes que fueron abonando diferentes sumas por las asistencias que recibían. La cantidades que algunas de ellas pagaron oscilan entre los 170 y 1.563 euros. Los abonos de cinco de ellas superan los 1.000 euros. Aun cuando cuatro clientes han renunciado a ejercer las acciones civiles, la Fiscalía solicita que el acusado indemnice al resto con las cantidades que pagaron y, asimismo, demanda la declaración de la responsabilidad civil del centro médico. En total, la cantidad que se le reclama es de 8.824 euros.

En este sentido, la defensa del citado centro se muestra disconforme con la postura fiscal respecto a la responsabilidad civil, ya que considera que actuó con la «diligencia requerida», al contratar los servicios profesionales del acusado. Además, mantiene que es «el principal perjudicado, la principal víctima de la actuación de intrusismo, falsificación y estafa del mismo». Recuerda al respecto el abogado que «la víctima en ningún caso puede tener la categoría de víctima y responsable civil subsidiario».

El acusado, según asegura el Colegio de Médicos, ya fue condenado en 2008 en Logroño por intrusismo y en marzo de 2010, en Bilbao, por otro delito de falsedad en documento oficial. Además, un juzgado de Elche mantiene abiertas diligencias contra el acusado también por falsedad en documento oficial.