«El perfil de los jóvenes es agresivo y nuestra carga de trabajo insostenible»

Luis Jato, Adolfo López y Oscar Bruña, en la entrada del centro Ibaiondo de Zumarraga, donde trabajan como vigilantes./LOBO ALTUNA
Luis Jato, Adolfo López y Oscar Bruña, en la entrada del centro Ibaiondo de Zumarraga, donde trabajan como vigilantes. / LOBO ALTUNA

Vigilantes de seguridad del centro de menores Ibaiondo de Zumarraga denuncian vivir una situación límite y culpan de ello al Gobierno Vasco

GAIZKA LASASAN SEBASTIÁN.

Asumen que en el ejercicio de sus funciones caben amenazas o roces, incluso forcejeos, pero los vigilantes del centro de menores de Zumarraga Ibaiondo no aceptan estar expuestos continuamente a situaciones de riesgo, con mayor carga de trabajo de la acordada y con un empeoramiento de sus condiciones económicas. La confluencia de las tres fuentes de desasosiego han hecho que se planten.

El equipo de seguridad del centro ha enviado en las últimas horas un documento de demandas al departamento de Justicia del Gobierno Vasco, a la empresa Delta y a la dirección de Ibaiondo ante una «precaria y anómala situación, ante la excesiva y peligrosa carga de trabajo diaria, y ante los incumplimientos e impagos».

Hasta el límite de lo «insostenible» han llegado personas como Adolfo López, vigilante que en enero padeció «la más grave de todas las agresiones que he sufrido, porque he sufrido muchas», sostiene. Uno de los menores internos le propinó «un rodillazo en la cara y me estampó la cabeza contra la pared». Sufrió contusiones que le causaron mareos y estuvo en observación hospitalaria.

López había acudido respondiendo a un aviso del centro. «Suelen ser por intento de agresión, porque alguien no obedece, porque se niega a ir a su habitación o lo que sea... tampoco preguntamos. Recurrimos primero al diálogo y, si no resulta, tenemos que hacer uso de la fuerza. En este caso hicimos falta cinco compañeros para reducirle. Era muy fuerte y tenía conocimientos de artes marciales».

Este cacereño de 34 años vive su segunda etapa como vigilante en Zumarraga. Trabajó en Ibaiondo entre 2003 y 2006 y lleva ahora dos años en el centro. Afirma que «ahora el perfil de los menores es más agresivo», pero cita como agravante que «la carga de trabajo es cinco o seis veces mayor», que «tenemos que hacer muchas cosas que no nos competen» y que «no tenemos el plus de peligrosidad que teníamos». Concluye que «ir tan cansados a trabajar nos hace más irritables, y si a eso añadimos que se nos expone a más situaciones de amenazas y provocaciones... el riesgo aumenta».

Se refiere a momentos como el traslado desde el módulo al médico, «que los menores hacen ahora solo con nosotros, sin educador o técnico de por medio. Ahí empiezan las amenazas y, como no hay reacción, van viendo que no pasa nada y se crecen». También censura que «nos quedamos solos en la zona de aulas con aquel alumno que ha sido expulsado, sin nadie más en el pasillo». El vigilante se convierte en blanco de la ira del menor, según López.

Su compañero Luis Jato, nacido en Ponferrada hace 33 años, lleva dos años en Zumarraga y, aunque no ha sufrido agresiones graves, actualmente acumula una semana y media de baja por estrés. Espera volver la semana que viene. Denuncia que «tenemos que trabajar 162 horas al mes por convenio, en turnos de 12 horas al día -trabajan unos trece días al mes-, pero durante los últimos tres meses llevamos cubriendo unas 250 horas mensuales». Añade que «a la saturación hay que sumar el trato que recibimos».

Cuenta que «los nuevos chavales que han llegado al centro han venido muy subidos de tono, pero de un subido totalmente desproporcionado y claro que me ha tocado evitar muchas agresiones, aunque haya tenido suerte y yo no he tenido que sufrir daños personales».

Una de las labores que más está entorpeciendo su trabajo, coincide con sus compañeros, es la de «hacer de centralita de las llamadas que entran para los internos». Uno de los turnos lleva a los vigilantes al puesto de control, donde unas 60 cámaras observan lo que sucede en distintos puntos del centro. Sin embargo, Jato denuncia que «en lugar de dedicarnos a la vigilancia, tenemos que coger las llamadas que entran, unas 200 al día, y es imposible hacerlo todo a la vez».

Tampoco deberían ocuparse, añade, de «lo que consideramos como cambio de aula. Los chicos se mueven de clase cuando termina una materia y en el trayecto, les acompañamos nosotros solos, teniendo que hacer además el croquis de grupos y aulas porque no pueden coincidir unos con otros en esos traslados. No es algo que nos debería atañer a nosotros».

El instructor del equipo de seguridad, Oscar Bruña, subraya que «en los últimos veinte meses hemos sido agredidos 35 veces, con resultados del tipo de moratones en los ojos o costillas rotas, con necesidad de intervención quirúrgica, mientras que ha habido cuatro intentos de evasión en el último año y medio».

Tampoco ve justo que «tengamos que acudir a las oficinas de la empresa para reclamar nuestro dinero a 45 días vencidos» y reclama el cumplimiento del Protocolo de Seguridad, según el cual todas las nuevas incorporaciones deberían ser debidamente instruidas, formadas y evaluadas.

Régimen disciplinario

En el documento acordado por el equipo de seguridad de Ibaiondo se refleja que «responsabilizamos directamente al departamento de Justicia del Gobierno Vasco de la imposición de una gran cantidad de tareas impropias y al margen de la ley que regula el ejercicio de nuestras atribuciones».

La misiva también señala directamente «al responsable educativo del centro de menores Ibaiondo de cuantas irregularidades e inobservancias se cometen y que vulneran sistemáticamente la normativa vigente». Hace referencia al Régimen Disciplinario y Medios de Contención de febrero de 2010, cuya transgresión «hace que se infrinjan los derechos y principios básicos de convivencia en muchas ocasiones, que generen situaciones que abarcan desde la inseguridad jurídica, la exposición innecesaria a sufrir lesiones físicas o psíquicas e incluso el trato discriminatorio y humillante para gran parte de los trabajadores». Pide no vertir «acusaciones falsas y sin previo contraste al equipo de vigilancia y seguridad».

Los vigilantes exigen asimismo revisar las condiciones reconocidas antes de la subrogación por la empresa Delta el 1 de diciembre del año pasado. Piden «cobrar las horas extraordinarias caso de realizarlas en el mismo mes, con sus pluses de festividad y nocturnidad en nómina».

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