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Viernes, 13 de abril 2018
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El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado la norma foral aprobada por las Juntas Generales de Gipuzkoa que regula determinados tramos de las carreteras de alta capacidad A-15 y el peaje de la N-1 para camiones declarándola «disconforme a derecho» y estimando así el recurso contencioso-administrativo interpuesto en enero del año pasado por el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC).
La sentencia tiene en cuenta el motivo impugnatorio de «la vulneración del principio comunitario de no discriminación» alegado por las asociaciones de transportistas del Estado y concluye que el propósito de la Diputación de Gipuzkoa de reorganizar el tránsito de vehículos pesados en su red de carreteras «no legitima un régimen de peaje que, como se ha visto, por razón de los tramos elegidos y la extensión de su recorrido, produce una discriminación indirecta del transporte de tránsito con origen y/o destino fuera de Gipuzkoa respecto del tráfico interior». El fallo argumenta, por tanto, que existe un trato discriminatorio que sufren los transportistas foráneos.
En esta sentencia el TSJPV admite íntegramente los argumentos de las asociaciones de transportistas, al entender que el régimen de peajes para camiones establecido por la Diputación de Gipuzkoa «vulnera» el principio de no discriminación que recoge la legislación europea.
La Federacion Nacional de Asociaciones de Transportistas de España ha mostrado su satisfacción por la sentencia y ha recordado que el sector del transporte por carretera «manifestó desde un principio su absoluto rechazo» a dicho sistema de peajes al entender que «ya contribuye sobradamente al mantenimiento de las carreteras guipuzcoanas, como lo demuestra el hecho de que en dicha provincia se suministran anualmente casi 800 millones de litros de gasóleo A, principalmente procedentes de los vehículos de transporte, lo que supone un porcentaje casi un 400% superior al consumido en otras provincias con una flota de transporte similar a la guipuzcoana».
Los arcos inteligentes situados en Irun, Andoain y Etzegarate empezaron a cobrar el paso de vehículos pesados el 9 de enero y, según los únicos datos que ofreció la Diputación 15 días más tarde, registran el paso de un flujo medio diario de 32.000 camiones durante los días laborables.
La Diputación podrá recurrir ante el Tribunal Supremo este fallo en un plazo de 30 días.
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