La paradoja de tener derecho a una vivienda y verse en la calle

Enara, con su recién nacido, arropada por familiares./FOTOS LUSA
Enara, con su recién nacido, arropada por familiares. / FOTOS LUSA

Enara retrata «el drama de miles de familias»: la Ley de Vivienda le reconoce su derecho, pero ni hay pisos sociales disponibles ni puede pagar una renta en el mercado libre

Arantxa Aldaz
ARANTXA ALDAZSAN SEBASTIÁN.

Esta es una historia con todas las de la ley, donde el problema radica en que se cumple escrupulosamente con la normativa, en este caso la de la vivienda, sin que sirva como solución. Y ahí descansa la última paradoja de los tiempos modernos: una familia con pocos recursos tiene reconocido por ley el derecho a tener una vivienda digna, pero se ha visto con las maletas en la calle, a punto de quedarse sin techo, si no fuera por una solución en el último minuto. La afectada se llama Enara, una donostiarra de 34 años, casada y con cuatro hijos de entre 10 años y cuatro meses. Y como ella «miles de familias vascas» se encuentran atrapadas en un agujero legal, en el que juegan en su contra «el insuficiente parque de viviendas en alquiler social y la desorbitada escalada de los precios del mercado libre», denunció ayer Stop Desahucios. La plataforma arropó a esta donostiarra en la denuncia pública de un caso que no es excepcional y ante el que van a plantar batalla, como lo hicieron en su día con los bancos y las cláusulas hipotecarias abusivas. «El problema está ahora en el alquiler», advirtieron con un dato en la mano: el número de desahucios por alquiler en Euskadi se ha disparado en un 32% en el último año. La plataforma tiene claro que la política del Gobierno Vasco, a través del derecho subjetivo a la vivienda, «es claramente insuficiente» por la distancia entre la teoría y la práctica. «La ley es papel mojado», denunciaron en una rueda de prensa en el kiosco del Boulevard donostiarra.

La historia de Enara ilustra el «drama que viven miles de familias en Euskadi». En enero de este año, los propietarios del piso en el que han vivido de alquiler les informaron de que necesitaban mudarse a la vivienda y que tenían que desalojarla en unos meses. No tienen ningún reproche hacia ellos, al contrario. Enara aprovechó ayer para agradecer la flexibilidad de sus caseros, que han colaborado con ellos para que la salida del piso se hiciera lo más tarde posible. Pero la alternativa no resultó tan sencilla. Enara cobra la Renta de Garantía de Ingresos y la Prestación Complementaria de Vivienda, en total 1.165 euros, de los cuales 650 se iban a pagar el piso que han tenido que dejar. Tal y como recoge la Ley de Vivienda aprobada en 2015, tiene reconocido el derecho a una vivienda, lo que se traduce en que el Gobierno Vasco debe concederle un piso de alquiler social, o en su ausencia, una ayuda económica de 250 euros, casi siempre la opción aplicada porque Etxebide dispone de 12.745 viviendas para una lista de solicitantes de más de 52.000. «Toqué todas las puertas y nada. Cuando fui al Gobierno Vasco me dijeron que no podían hacer nada, que no tenían viviendas disponibles y que ya cobraba los 250 euros», una cantidad «claramente insuficiente» para costear el precio de una renta en el mercado libre, remarcaba ayer la plataforma.

El alto precio y los avales

Efectivamente, la opción de buscar un piso en el mercado libre se volvió «imposible». El precio medio de los alquileres en Gipuzkoa ha subido hasta los 1.258 euros y en Donostia se alcanza el récord de toda Euskadi, con 1.306 euros, según los datos aportados por Stop Desahucios. La media ha superado la línea roja de los 1.000 euros, confirma Vivienda. Ninguna oferta resultó apta para sus bolsillos, contaba Enara. «He visto hasta 900 euros por una habitación, y nosotros somos seis personas. He buscado fuera, pero en Andoain, Pasajes, Oiartzun... todo está carísimo. Y además tampoco te quieren alquiler si cobras la RGI. Me han llegado a pedir un mínimo de 1.300 euros al mes y un año de trabajo previo como aval». El tiempo corría en su contra. El 31 de mayo tenían que haber desalojado su casa, aunque los propietarios estiraron el plazo hasta que pudieran salvar su situación.

Le corresponden 250 euros de ayuda, pero con sus ingresos no puede afrontar un alquiler libre

«El Gobierno Vasco está convirtiendo la Ley de Vivienda en papel mojado», denuncian

«Me vi con mis hijos en la calle y por ellos hago lo que haga falta». Denunció su caso ante el Ararteko y terminó por plantarse en el Ayuntamiento de Donostia, donde le acaban de otorgar un piso de alquiler social, dada la urgencia. Enara agradece el compromiso de la concejala de Bienestar Social, Aitziber San Román, y suspira de alivio, pero sabe que su caso no va a ser el último. «La ley no nos protege, en la práctica no vale para nada», sentencia.

La plataforma, que se reunirá el lunes con el consejero de Vivienda, Iñaki Arriola, pide que se amplíe el parque de pisos en alquiler social, que la prestación económica tenga en cuenta la renta familiar y se determine en función de los precios del alquiler de cada municipio, que se movilice vivienda deshabitada, se amplíen de tres a cinco años los contratos de arrendamiento, y no se desaloje de sus viviendas a colectivos vulnerables, como las familias con menores a su cargo. «El problema es grave y urgente», clamaron.

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