La oposición denuncia que 5.000 dependientes de Gipuzkoa sufrirán recortes

PNV y PSE tumban una propuesta de EH Bildu y Podemos para implantar «un escudo» a los perceptores perjudicados por la reforma que entra en vigor el 1 de enero

ARANTXA ALDAZ SAN SEBASTIÁN.

La reforma del sistema de prestaciones económicas de dependencia servía la polémica en bandeja. Y ayer se escenificó la brecha abierta entre el gobierno foral y la oposición en torno al nuevo decreto que entrará en vigor el 1 de enero. Los cambios atañen a 16.000 personas, de las cuales el 60% (unas 9.300) pasarán a recibir una media de 45 euros más al mes, otro 10% seguirá cobrando la misma cuantía que hasta ahora, pero el 30% (alrededor de 4.000) perderá una media de 35 euros al mes. Y es en este colectivo sobre donde se centró ayer el debate en las Juntas Generales de Gipuzkoa.

EH Bildu y Podemos acordaron una propuesta para que se implante «un escudo» que evite que esas personas salgan perjudicadas. La petición no prosperó porque PNV y PSE, socios del gobierno foral, sacaron adelante un texto alternativo que también fue apoyado por el PP, en el que se insta a la Diputación a «seguir avanzando en la garantía de la calidad de los cuidados» a estas personas y a favorecer los «grados más elevados de dependencia».

A juicio de EH Bildu, «es inaceptable que el Gobierno foral perjudique a quienes más necesidades tienen, mientras, al mismo tiempo, está dando protección a colectivos como los grandes ricos, con el anuncio de la recuperación del escudo fiscal». El juntero Ander Rodríguez puso varios ejemplos de dependientes que salen perdiendo con la reforma de las ayudas. «En concreto, saldrán peor parados quienes sufren el grado de dependencia más severo (Grado III) y reciben cuidados familiares. A estas, se les quitarán 96 euros al mes de la prestación. Además, las del Grado I tendrán un recorte de 26 euros al mes».

El gobierno foral aprobó «seguir avanzando» en la protección de los dependientes severos

Desde Podemos, Mónica Mora recordó que las modificaciones introducidas han permitido que al menos los dependientes de grado III que tengan contratado a un cuidador no se vean afectados, lo cual «es una buena noticia». Pero subrayó que con esa misma regulación «van a resultar perjudicadas unas 5.000 personas, que verán reducida su prestación considerablemente». «Lamentablemente -concluyó- PNV y PSE no creen necesario evitar que haya personas perjudicadas con esa nueva regulación, lo cual es muy difícil de entender».

El otro punto de discusión también tuvo a la política social como centro del debate. En este caso, los grupos hicieron un balance dispar del proceso de integración de las residencias municipales a manos de Kabia, el organismo autónomo creado por la Diputación para llevar a cabo el proceso. Ayer fue ratificado el traspaso de las tres primeras residencias municipales (Lasarte-Oria, Andoain y Bergara). Queda pendiente la de Ordizia, con cuyo ayuntamiento se está negociando. En 2018 también se integrarán los centros de Alegia, Errenteria, Oñati, Arrasate y Tolosa. Desde EH Bildu, el juntero Ernesto Merino denunció que «no se está cumpliendo con el calendario previsto».

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