La odisea de la gestión de los residuos

Fotomontaje de la incineradora y la planta de tratamiento mecánico-biológico contempladas en la primera fase del Complejo Medioambiental de Gipuzkoa./
Fotomontaje de la incineradora y la planta de tratamiento mecánico-biológico contempladas en la primera fase del Complejo Medioambiental de Gipuzkoa.

La construcción y paralización de la incineradora han marcado la política en este ámbito

GAIZKA LASASAN SEBASTIÁN

La demanda interpuesta ante el Tribunal de Cuentas de España por Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa (GHK) contra dos de sus exdirigentes el pasado 17 de octubre constituye el último episodio de un conflicto, el de la gestión de residuos, que ha vivido sus hitos más relevantes en la última década. La medida jurídica centra la controversia en torno a la incineradora, epicentro de las disputas políticas. Su construcción o paralización ha condicionado toda la gestión sobre la problemática de las basuras. Ahora el caso puede terminar con la exigencia de que el dinero gastado por una sociedad pública sea restituido por el patrimonio personal de dos excargos públicos: la expresidenta de GHK, Ainhoa Intxaurrandieta, y el exdiputado de Medio Ambiente, Iñaki Errazkin, ambos nombrados por EH Bildu.

Estas dos personas están señaladas como máximos responsables de la decisión de paralizar la planta de Zubieta en 2013, medida que habría traído unos «perjuicios económicos» a la sociedad pública de 41 millones de euros, según la actual dirección del Consorcio de Residuos, en manos de PNV y PSE. Esta cantidad sale de la suma de los 8,2 millones que se pagaron a las constructoras en concepto de indemnización, las consecuencias de la pérdida de la financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI), y del abono de los seguros de cobertura de interés del crédito contratado en su día -producto conocido como ‘swap’- y del que no se ha hecho uso. La Diputación ha cifrado este «gasto financiero» en 31.730.000 euros hasta ahora.

La situación actual es de una deuda en GHK de más de 40 millones y un déficit total de infraestructuras

La actual fotografía de la gestión de los residuos en Gipuzkoa plasma, por tanto, un panorama con dos personas demandadas por sus decisiones, una deuda de GHK por encima de los 40 millones y un déficit de infraestructuras que obliga a exportar parte de la basura del territorio.

El capítulo que ha marcado lo que ha sucedido en la última década tuvo lugar en diciembre de 2008, en la primera legislatura de Markel Olano (2007-2011), cuando las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobaron, después de un debate que venía de años atrás, el Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Gipuzkoa (Pigrug). La norma foral recogía el conjunto de instalaciones llamadas a dar tratamiento a los residuos del territorio e incluía la incineradora. El documento contó con los votos a favor de PNV, EA, PSE y PP, en tanto que EB y Aralar lo rechazaron.

Con aquel mandato parlamentario como hoja de ruta, el Gobierno foral del PNV culminó la legislatura firmando el contrato de construcción de la planta de valorización energética y, con ello, el de los swaps que aseguraban un interés estable del crédito. Según sus planes, la infraestructura podría estar en funcionamiento en 2014, lo que permitiría acabar con la era de los vertederos.

De hecho, en el de San Markos ya se dejó de depositar basura en 2008, gracias a un complejo acuerdo interinstitucional. El cierre se pudo llevar a cabo tras la firma de un convenio con las mancomunidades responsables de los vertederos de Sasieta (Beasain), Lapatx (Azpeitia) y Urteta (Zarautz). Se acordó que la basura de la capital y de nueve municipios de su entorno se trasladase a esas instalaciones, a cambio de que San Sebastián aceptara la construcción de la incineradora en su término municipal. La puesta en marcha de esta planta supondría el cierre de todos los vertederos.

La incineradora que se construye desde mayo en Zubieta emana de la norma foral aprobada en 2008

Pero para que cuadrara el plan, se tenía que construir la incineradora y se dio la circunstancia de que las elecciones forales de 2011 fueron ganadas por la formación que hizo campaña contra esta infraestructura. EH Bildu accedió al Gobierno foral y procedió a paralizar el proyecto, ante la advertencia de la oposición de que no podía hacerlo sin cambiar la norma foral de 2008, para lo que necesitaba una mayoría que no tenía en las Juntas Generales.

En 2013 llegaron finalmente la rescisión del contrato -haciendo caso al mandato popular, argumentó EH Bildu-, la correspondiente indemnización a las firmas constructoras y el inicio de una serie de pagos a fondo perdido por unos seguros de interés (swaps) que ya no cubrían ningún crédito.

El Ejecutivo de Martin Garitano propuso como plan alternativo construir una planta de tratamiento mecánico-biológico (TMB) con capacidad para 90.000 toneladas en Zubieta y otras dos TMB simples, para recibir 30.000 toneladas cada una, en Sasieta y Urola Erdia. Para esa fracción resto que ya no pudiera reducirse más proyectó un depósito controlado de «balas de residuos estabilizados para la restauración de espacios degradados», el coloquialmente llamado vertedero de Zestoa.

Al vaticinar un progresivo crecimiento de la fracción orgánica separada gracias a la recogida selectiva, contempló, por su parte, construir cinco plantas de compostaje de menos de 10.000 toneladas de capacidad: una por cada mancomunidad, excepto en Debabarrena, que compartiría instalación con Urola Erdia, y en San Markos, donde se ubicaría otra planta de digestión anaeróbica.

En lo que EH Bildu coincidió con sus antecesores fue en su deseo de erradicar los vertederos, aunque fue retrasando los plazos a medida que la puesta en marcha de las infraestructuras anunciadas se iba demorando. En su último vaticinio de la legislatura -llegó hasta junio de 2015-, el Ejecutivo foral avanzó que en diciembre de 2016 entrarían en servicio la planta de TMB de Zubieta y el vertedero de «inertes» de Zestoa, si así lo decidían los vecinos en una consulta popular. La primera no recibió los permisos medioambientales y el segundo no se llegó a tramitar al postergar la consulta para la siguiente legislatura. Con todo, tras cuatro años, el Gobierno foral de EH Bildu dejó únicamente como herencia la planta de compostaje de Epele, inacabada y, según ha denunciado GHK, con graves problemas de diseño que hacen que hoy por hoy todavía no haya entrado en funcionamiento.

En cambio, la colmatación del vertedero de Lapatx, en diciembre de 2016, puso la puntilla a un problema que se había agravado desde los cierres de los basureros de Urteta (Zarautz), en diciembre de 2014, y Sasieta (Beasain), en enero de 2015. Tras la vuelta de PNV y PSE al Gobierno foral, GHK recurrió incluso a una planta de tratamiento de Cantabria para paliar el déficit de infraestructuras.

Entre tanto, la incineradora de la discordia se construye desde mayo «al ritmo previsto» y estará acabada para otoño de 2019, según GHK. La acompañarán en el Complejo Medioambiental de Gipuzkoa una TMB, una planta de biometanización y otra de valorización de escorias. Con este esquema, la Diputación pretende cubrir las necesidades del tratamiento de residuos. Más difícil será restituir la deuda en la sociedad foral. De momento, se ha exigido el dinero a dos ex dirigentes de EH Bildu. El Tribunal de Cuentas dirá.

Más información

Fotos

Vídeos