Multan a cuatro empresas vascas por mala gestión de los residuos de construcción

Acopio de residuos de construcción y demolición procedentes de una obra realizado en un punto de la geografía guipuzcoana.
Acopio de residuos de construcción y demolición procedentes de una obra realizado en un punto de la geografía guipuzcoana.

El Gobierno Vasco les impone por diversas infracciones una sanción total de 66.500 euros

GAIZKA LASASAN SEBASTIÁN.

El Gobierno Vasco ha tomado la determinación de vigilar de cerca el sector de los residuos de construcción y demolición (RCD), y ha empezado por aplicar mano dura donde había manga ancha. A las derivadas medioambientales que provocan las malas prácticas en este ámbito se une el desorden de un mercado donde conviven operadores que ofrecen soluciones y precios muy dispares. Cinco de ellas han sido recientemente sancionadas por cometer varias infracciones, si bien una de ellas ha podido eximir su responsabilidad y no pagará la multa.

Se trata de las primeras sanciones económicas impuestas por el Ejecutivo en el sector. «Queremos que sean ejemplarizantes», sostiene la viceconsejera de Medio Ambiente, Elena Moreno. La labor disciplinaria continuará ya que su departamento ha puesto en marcha un «plan completo» que incluye «la identificación de actividades, el seguimiento de las obligaciones legales de carácter documental y el control de la gestión de este tipo de residuos en las obras».

De momento, cuatro operadoras deberán pagar una multa de 66.500 euros «por gestión inadecuada de RCDs». La cantidad responde a la suma de tres infracciones tipificadas con sanciones de 22.500 euros cada una. Se han podido probar durante el depósito de residuos en rellenos de tierras y rocas en Orio procedentes de un derribo de un edificio en Donostia, «pero estamos desarrollando inspecciones en los tres territorios», advierte la viceconsejera.

«Hemos iniciado una colaboración con la Ertzaintza para vigilar el traslado de residuos» Elena Moreno, Viceconsejera del gobierno Vasco

La primera infracción tiene que ver con el «abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos», aunque el propio expediente matiza que haya sido «sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente».

En segundo lugar, las operadoras sancionadas han dejado de cumplir con el exigido papeleo. El expediente cita en concreto el «incumplimiento de la obligación de proporcionar documentación, la ocultación o falseamiento de datos exigidos por la normativa aplicable o por las estipulaciones contenidas en la autorización, así como el incumplimiento de la obligación de custodia y mantenimiento de dicha documentación».

1,2 millones de toneladas

La triple falta se completa con «la entrega, venta o cesión de residuos no peligrosos a personas físicas o jurídicas distintas de las señaladas en esta Ley, así como la aceptación de los mismos en condiciones distintas de las que aparezcan en las correspondientes autorizaciones o en las normas establecidas en esta Ley».

Dos de las empresas sancionadas son guipuzcoanas, una es vizcaína y otra está radicada en A Coruña. Se trata de gestores intermedios de residuos de construcción y demolición que recogen el material de la obra y lo transportan a aquel destino donde se le va a dar un tratamiento final, aunque Moreno aclara que entre las firmas susceptibles de ser amonestadas «se encuentran también las propias constructoras y los vertederos».

El primer expediente sancionador del Gobierno Vasco es el resultado más tangible de la labor inspectora que lleva a cabo el departamento de Medio Ambiente dirigido por el socialista Iñaki Arriola desde hace varios meses. Según Elena Moreno, «desde que llegamos al cargo, en diciembre, vimos una mala utilización de los residuos de construcción y demolición, no solo por el vertido incontrolado en montes o terrenos particulares, sino sobre todo por hacer rellenos con cantidades no permitidas o por no llevar los residuos a un gestor autorizado».

La viceconsejera llama la atención sobre la dimensión que alcanza el sector en Euskadi. Si bien la polémica sobre residuos se ha centrado -sobre todo en Gipuzkoa- en la gesitón de aquellos conocidos como 'sólidos urbanos', «los de construcción y demolición suponen el 22% del total de residuos con 1.200.000 toneladas anuales».

El plan integral implementado por el Ejecutivo de Urkullu ha contemplado hasta el momento veintidós visitas de inspección y veinticinco requerimientos de información. «También hemos iniciado una colaboración con la Ertzaintza encargada de los asuntos medioambientales para hacer un seguimiento a operaciones de traslado de residuos de obras», informa Moreno.

Además de las sanciones, se han abierto diligencias previas a tres operadores, lo que quiere decir que el Gobierno está en fase de recabar información para determinar si se ha producido infracción antes de determinar la posible sanción aplicable. En este caso la actuación se ha realizado «por retirar residuos de construcción y demolición de una obra y dejarlos acopiados fuera de la misma, sin dar gestión ninguna y sin determinar la posibilidad de contaminación o no».

La labor investigadora ha detectado, por último, un mal uso de los RCDs «con posibilidad de riesgo de lixiviación» en un operador al que se han abierto diligencias previas y cuya infracción se encuentra en fase de calificación.

Desde el Gobierno Vasco también se ha iniciado una revisión de la normativa que determina qué destino hay que dar a este tipo de residuos y se lleva a cabo un estudio para fijar dónde pueden ser valorizables. La viceconsejera concluye, apelando al discurso de la economía circular, que «el objetivo es que ese residuo vuelva a ser reutilizable como árido de construcción». Se da la circunstancia que desde 2016 la reglamentación europea rechaza el depósito en vertedero de los residuos susceptibles de ser valorizados y obliga su tratamiento en plantas de reciclaje.

LA CIFRA

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Requerimientos de información se han formalizado por parte del departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco de 22 visitas de inspección realizadas.
25
Las sanciones impuestas
Empresas multadas
Cuatro firmas de gestión de RCDs: dos de Gipuzkoa, una de Bizkaia y otra de A Coruña. Una quinta ha logrado eximir su responsabilidad.
Cuantía
66.500 euros por la suma de tres infracciones de 22.500 euros cada una de ellas. Se pagan entre las cuatro firmas por ser la responsabilidad solidaria.
25
Las infracciones detectadas
Eliminación incontrolada
Se refiere al abandono o vertido incontrolado de cualquier tipo de residuo no peligroso, aunque no ponga en peligro grave la salud de las personas o el medio ambiente.
Falta de documentación
Incumplimiento de la obligación de proporcionar los papeles pertinentes, la ocultación o falseamiento de datos exigidos por la normativa.
Cesión inapropiada
Entrega, venta o cesión de residuos no peligrosos a personas físicas o jurídicas distintas de las señaladas por ley o aceptación de los residuos en condiciones distintas de las que aparezcan en las correspondientes autorizaciones.
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Posibles futuras multas
Sanciones leves
Llevan aparejada una multa de hasta 900 euros. Si se trata de residuos peligrosos ésta será de hasta 9.000 euros.
Infracciones graves
Conllevan multas desde 901 euros hasta 45.000 euros excepto si se trata de residuos peligrosos, en cuyo caso la multa será desde 9.001 euros hasta 300.000 euros, además de otra serie de sanciones como inhabilitaciones para el ejercicio de la actividad o la suspensión o revocación de las autorizaciones.
Infracciones muy graves
Suponen multas de hasta 1.750.000 euros además de otra serie de sanciones como inhabilitaciones entre 1 y 10 años, o clausuras de hasta 5 años.

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