El fiscal pide dos años de prisión para los imputados en la muerte de Mikel Arzak

El fiscal pide dos años de prisión para los imputados en la muerte de Mikel Arzak

Solicita que los seis encausados indemnicen con 200.000 eurosa la familia del joven donostiarra fallecido tras ser alcanzado por una roca en el Paseo Nuevo

Javier Peñalba
JAVIER PEÑALBA

Dos años de prisión, tres de inhabilitación para el ejercicio de sus respectivas profesiones y el pago de una indemnización de 200.000 euros. Es la pena que la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa solicita para las seis personas imputadas en la muerte de Mikel Arzak, el joven donostiarra que perdió la vida en el Paseo Nuevo tras ser golpeado por una roca en 2013. Entre los encausados se encuentran tres técnicos del Ayuntamiento de San Sebastián, entre otros el director del Departamento de Obras y Proyectos. Los investigados se enfrentan a una acusación de homicidio imprudente grave. El ministerio pública afirma en su escrito de conclusiones provisionales que los acusados desoyeron «el riesgo ampliamente documentado» de que en la zona se había producido con anterioridad diferentes desprendimientos, no adoptaron ninguna medida «tendente a la protección y seguridad» de las personas que podrían transitar por el emblemático paseo de la capital guipuzcoana mientras se ejecutaban las labores de fijación de la ladera del monte Urgull.

La petición fiscal se enmarca dentro del procedimiento 3311/2013 que tuvo su origen en la muerte del joven donostiarra. Eran vísperas de Semana Grande cuando se produjo el fatal accidente y el Paseo Nuevo permanecía abierto. Mikel Arzak, de 20 años, y dos amigos suyos paseaban en el tramo comprendido entre la Sociedad Fotográfica y la rotonda existente en mitad del recorrido, donde se llevaban a cabo unas obras de fijación de la ladera del monte Urgull, que en fechas anteriores ya había registrado algunos deslizamientos de rocas a causa de las lluvias.

Para la ejecución de estos trabajos, los responsables del proyecto diseñaron en el mismo paseo un perímetro de seguridad, de tal forma que mantuvieron la zona abierta en su parte más cercana al mar y cerraron con vallas enrejadas la más próxima al talud.

El día de los hechos, el 7 de agosto, en el momento en el que los amigos atravesaban la zona, se produjo la caída de tres rocas que derribaron parte del vallado metálico que cercaba la zona de seguridad. En su inercia, una piedra atravesó el paseo, chocó contra uno de los pedruscos que separan el bidegorri y la zona peatonal, salió rebotada y alcanzó a Mikel en la cabeza. El fallecimiento del joven donostiarra dio lugar a la apertura de unas diligencias, en el transcurso de las cuales el abogado que representa a la familia Arzak, el letrado Bernardo Sebastián, presentó un escrito en el que pedía la imputación de diversas personas relacionadas de algún modo con el diseño y ejecución de las obras. La acusación estimó que, en uno u otro grado, eran responsables de lo que había ocurrido por no haber adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar accidentes.

Entre los investigados se hallan tres técnicos del Ayuntamiento de San Sebastián

Cinco años de instrucción

Tras cinco años de instrucción, finalmente, la Fiscalía dirige la acusación contra seis personas. Además de los tres funcionarios municipales -un arquitecto y dos ingenieros, uno técnico y otro de caminos- se hallan imputados el coordinador de seguridad y salud laboral que dio el visto bueno al plan de seguridad que ejecutaba la empresa Tesinsa SA; la autora de dicho plan, y por último el gerente que la firma a la que se le había encomendado la realización de la obra.

La Fiscalía sostiene que los funcionarios del Ayuntamiento, «conocedores de los antecedentes en materia de desprendimientos que a lo largo de los últimos años había experimentado la ladera del monte Urgull, desoyendo el riesgo ampliamente documentado y obviando la diligencia debida para evitarlo, dejaron de adoptar o proponer medida alguna tendente a la protección y seguridad de los terceros ajenos a la obra».

El ministerio público indica de igual manera que los otros tres acusados «inadvirtieron los previsibles riesgos procedentes del inestable accidente geográfico, como lo era la ladera del acantilado marino del Urgull» y dejaron de proponer «medida alguna tendente a proteger la seguridad de todos y para la cual tenían la encomienda en el desempeño de sus específicas funciones».

Añade el texto acusatorio que los seis investigados «no solo desoyeron los riesgos ampliamente documentados» de que en la zona se podría registrar un nuevo desprendimiento mientras se acometían los trabajos de estabilización en un escenario tan «inestable» como era la ladera, a cuyos pies «discurre el tránsito peatonal y rodado», sino también el «normal proceder en materia de seguridad cuando se trataba de abordar la ejecución de la obra».

La acusación afirma que los acusados no adoptaron las debidas medidas de seguridad

La Fiscalía, que en el proceso está representado por Juan Carlos Gálvez, detalla que los acusados «desatendieron el riesgo obvio» y sostiene que con sus omisiones «coabyuvaron» al fallecimiento de Mikel Arzak. De igual manera señala que desde el comienzo de la obra, esta no contó «con medida de seguridad eficaz frente a desprendimientos» y tan solo se dispuso «con la propia valla perimetral (...) la cual únicamente actuaba a modo de cerramiento impidiendo el paso de toda persona ajena a ella».

La Fiscalía atribuye a distintos factores la caída de las rocas que alcanzaron a Arzak. Recuerda al respecto que unas dos horas antes del desprendimiento se estuvo trabajando en la zona, donde se realizaron tres perforaciones con una máquina neumática percutora, si bien no se llegó a inyectarse hormigón ni a la instalación de la malla de sustentación de la ladera.

Tras la presentación del escrito de calificación fiscal, corresponde ahora presentar el escrito acusatorio al letrado que representa a la familia del joven fallecido. En última instancia lo harán los de las defensas. Posteriormente, las actuaciones serán remitidas a un juzgado de lo Penal de la capital donde se celebrará la vista oral.

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