María Pilar Canedo: «Es irracional que se limite el número de negocios por el auge del turismo»

María Pilar Canedo, en su despacho de la Universidad de Deusto en la facultad de Bilbao./JORDI ALEMANY
María Pilar Canedo, en su despacho de la Universidad de Deusto en la facultad de Bilbao. / JORDI ALEMANY
María Pilar Canedo Arrillaga, expresidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC)

Se marcha a Madrid después de que la justicia haya corroborado el fraude de los comedores escolares que su organismo sancionó

IRAITZ VÁZQUEZSAN SEBASTIÁN.

María Pilar Canedo acaba de abandonar hace apenas un mes su cargo como presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) para marcharse a Madrid y ocupar un puesto como vocal de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Se va con la satisfacción de que la justicia haya corroborado el reparto de mercado en los comedores escolares que la AVC sancionó con una multa millonaria. Canedo es además una voz autorizada para hablar de un tema candente como el de los pisos turísticos. Antes de la entrada en vigor de la Ley de Turismo, defendió que no era necesario crear un registro para este tipo de alojamientos porque acota el mercado, una postura que sigue manteniendo.

- La Ley de Turismo del Gobierno Vasco entró en vigor hace poco más de un año. Desde un principio ustedes se opusieron a crear un registro para los pisos turísticos. Pero ahora se piden más restricciones ante su proliferación.

-Veíamos que con la Ley de Turismo se planteaba limitar las posibilidades de oferta de la ciudadanía a la propia ciudadanía. Y eso como autoridad de competencia nos parece incompatible con el interés general. Es imprescindible garantizar una oferta turística que pague impuestos y que garantice la seguridad exigible. Dicho esto, creo que a los ciudadanos lo que nos interesa es que la oferta sea lo más amplia y variada posible y que se eliminen constricciones como las que se exigían en esa ley. En el año que lleva en funcionamiento se está viendo que las penalizaciones eran desproporcionadas, incluso existen infracciones realmente no muy graves que tienen sanciones importantes. Eso lleva a que el operador grande se pueda hacer cargo de ese riesgo y pueda ofrecer el servicio y que el más pequeño, ante el riesgo de que por una cosa muy pequeña le pongan una multa altísima, no realice la oferta. Que haya una oferta más accesible para la gente es positivo para la mayoría de la sociedad, pero es algo que a los operadores tradicionales no les conviene porque tienen que cuestionar si los precios que están cobrando son justos o no o si la calidad es la deseable o no.

- En San Sebastián, la nueva ordenanza limitará el número de pisos turísticos por portal y barrio. No quieren que la actividad comercial supere el 30% de su suelo ocupado. ¿Cómo ve esta solución?

- La veo irracional. Entiendo que el turismo genera problemas pero también rendimientos económicos. Entonces, lo que hay que buscar son equilibrios. Hay que intentar evitar que haya demanda que no nos resulte interesante y que haya zonas de determinadas ciudades donde solamente haya turismo. Eso se puede conseguir de maneras alternativas que no sean limitando la posibilidad de realizar ofertas turísticas. Fundamentalmente porque si se limita al 30%, una vez que consigues esa cifra quien ya ha entrado en el mercado lo que tiene es la gallina de los huevos de oro porque una vez que tú entras tienes la posibilidad de cobrar lo que te dé la gana. Los cierres de mercado siempre son negativos. Lo que preocupa es que no haya soluciones más imaginativas que persigan el mismo objetivo de evitar la masificación.

- ¿Debería entrar Competencia a analizar esta situación en caso de que entre en vigor esta ordenanza?

- Desde luego. Ahora estoy en otro lugar y no puedo hablar por parte de la autoridad vasca, pero objetivamente lo que sí puedo decir es que es una cuestión que afecta claramente a la competencia y que necesariamente se debe analizar.

- Entonces, a este tema le queda un largo recorrido.

- Seguro, porque sobre todo aquí hay zonas que se masifican y en los que se generan problemas. Cuando se imponen tasas por el turismo, que también es otra cuestión controvertida, vuelven a salir los hoteleros a decir que está muy bien que se pongan impuestos pero que deben redundar en un beneficio para el sector. Y no es así, esto tiene que redundar en beneficio para la ciudad porque si se imponen son para paliar los problemas de sanidad o de suciedad. Lo que se busca por parte del sector es maximizar su propio beneficio, pero la administración no debe entrar en ese juego porque tiene que garantizar el interés general.

«El sector hotelero busca maximizar su beneficio, pero la administración no debe entrar en ese juego»

«Si cierras el mercado se crea la gallina de los huevos de oro para los que ya están»

«Tras el fallo de los comedores, los gobiernos deben analizar cómo hacen la contratación pública»

«Hay que recurrir la multa, porque la justicia la reduce por la pasividad durante años de la Administración»

- ¿El Gobierno Vasco se plegó a los intereses de los hoteleros con la Ley del Turismo que obliga a los pisos a registrarse?

- La ley se pactó con el sector y la consejera lo dijo abiertamente. Esta es otra de las cuestiones que como sociedad debemos cuestionarnos. Si las normas jurídicas se hacen a la medida al sector que está dando un servicio, evidentemente les favorece. No es la solución que debe ser seguida por la administración porque hay que tener en cuenta el interés general y la de los ciudadanos a los que sirve la administración.

- ¿La falta de un registro no generaría una diferenciación entre los que ya lo están y los que no?

- La cuestión no es la existencia de un registro como tal, sino las diferencias que existen para registrarse. Que haya un registro si es automático y no te ponen ninguna traba tampoco es una cosa gravísima. La Unión Europea (UE) ha pedido que se eliminen los registros en la medida de lo posible, y aquí lo que estamos haciendo es crearlos sin parar. De lo que se trataría es de hacer registros responsables, que el ciudadano que va a ofrecer un servicio presente públicamente la declaración de su oferta y que se haga un seguimiento para ver si cumplen lo prometido. Si tú tienes que presentar una serie de requisitos para registrarte y te suponen un costo que más o menos empata con el beneficio que vas a obtener, pues evidentemente no lo vas a hacer. Hay que evitar que se establezcan trabas por parte de la administración que inhiban a operadores enormemente atractivos para la ciudadanía por calidad por precio y porque ofrece más variedad para los ciudadanos.

- ¿Pero esta situación no crearía un mercado negro?

- No tendría por qué generarse un mercado negro porque ordinariamente esas ofertas se realizan por parte plataformas electrónicas que están perfectamente controladas. Hay una voluntad de hacer equiparar la oferta alternativa a ofertas ilegales, llamándoles por ejemplo pisos pirata, que no tienen por qué serlo. Si tú conviertes esos pisos en perfectamente legales, lo que hay es una oferta alternativa que evidentemente molesta a quienes quieren seguir ofertando unas habitaciones de hotel a unos precios extraordinariamente altos. Hay que conseguir un equilibrio entre la calidad y el precio, y si lo que se quiere es subir el precio, que me parece lícito que un empresario quiera cobrar más dinero, lo que tiene que hacer es una oferta más atractiva.

- Una de las sentencias más importantes durante su mandato ha sido la que ha demostrado que varias empresas se repartieron el mercado de los comedores escolares.

- En este momento hay cuatro sentencias y todas ellas confirman que hubo una infracción por parte de las empresas. Creo que este es uno de los grandes logros de la autoridad de la competencia, haber sido capaz de poner fin a una práctica que se venía produciendo desde hace un buen número de años. La verdad es que en ese punto hay que agradecer el tesón del denunciante porque se han puesto en contra del sistema y en favor del interés general. En este caso se ha conseguido una confirmación por parte de los tribunales y me siento orgullosa de haber contribuido a ello. Pero hay que dejar claro que si no hubiese sido por los denunciantes, habría sido imposible. Conocer esas prácticas para la autoridad de la competencia es muy difícil.

- ¿En este caso, la administración obró de manera negligente?

- La administración debe realizar un análisis de cómo se lleva a cabo la contratación pública. Nuestro sistema de contratación ha cambiado mucho en muy poco tiempo gracias a la Unión Europea, que ha impulsado un modelo moderno que de otra forma en nuestro sistema hubiera sido imposible. Todavía hay muchas inercias y muchas rigideces de la administración y tiene que acelerar el proceso tendiendo a la eficiencia.

- El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) corroboró el reparto pero rebajó un 60% la multa porque la pasividad de Educación les hizo creer que su actuación era asumible. ¿Existe el peligro de que las empresas sigan pactando precios porque la cuantía económica de la multa es menor que los beneficios que reciben?

- Ese es el problema de la fijación de la cuantía de las sanciones. Lo que desconozco es si esa sentencia del Tribunal Superior del País Vasco se va a recurrir al Supremo. Yo creo que se debería hacer, precisamente porque se realiza una reducción de la cuantía de la sanción por la pasividad de la administración. Creo que jurídicamente se podría discutir y se debe hacer, eso sí, con todo el respeto a la sentencia que también tiene su razón de ser porque las empresas veían que la administración no hacía nada y debido a esa pasividad se reduce la sanción. Pero claro, el interés general se ve en tela de juicio. Hay que darle una vuelta a la cuantía de las sanciones y tienen que tener un claro efecto disuasorio.

- ¿Puede ser un aviso para las empresas?

- Este es el primer caso de aviso a navegantes en el que se señala que hay una sanción. No se pueden escudar en que la administración no hacía nada porque para que quepa confianza legítima, que es principio jurídico que lo ampararía, uno tiene que tener conciencia de legalidad. Es decir, la administración te tiene que hacer creer que lo que estás haciendo es legal. Y eso no es así. Que haya una resolución judicial que confirma que es una infracción digna de sanción se puede ver como una sanción demasiado baja, pero también se puede ver como es la primera, la vamos a dejar bajita. Que quede claro que al que lo siga haciendo, no le bastará con decir: 'La administración me ha dejado'.

- ¿No es incoherente que las empresas sancionadas puedan seguir siendo contratadas por la administración?

- Gracias a la modificación de la normativa de la contratación pública, desde el año pasado es posible que la resolución incluya una referencia a la prohibición de contratación por parte de la administración durante un tiempo. Cuando se te sanciona por una infracción de competencia, cabe la posibilidad de que si se considera acreditado, se permite que además de la multa se establezca una prohibición de ser contratado con la administración. Esa sanción tiene más valor que la económica porque a las empresas los contratos con la administración les viene muy bien. Por ejemplo, en los comedores escolares alguna dedicaba el 90% de su actividad a los contratos públicos. Si te quitan esa vía es imposible seguir. Es un paso positivo porque de lo que se trata es de que las empresas que hacen trampas no vuelvan a ser contratadas por la administración pública.

- ¿Cuándo entró en vigor esta nueva disposición?

- Ya está en vigor y desde este momento las resoluciones que se dicten ya podrían incluir una prohibición de contratación.

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