El machismo, la peor sentencia para la mujer

1.. La carrera judicial no es un estamento estanco, aislado o inmune a los prejuicios machistas. Los jueces y juezas nacen, se educan y viven en la misma sociedad patriarcal que el resto de profesiones. Por lo tanto el machismo también asoma en algunos tribunales. Aún permanecen en nuestra memoria sentencias vergonzosas como aquellas que llegaban a justificar la violación de una mujer porque llevaba minifalda o ropa ajustada. El problema es que sentencias de este tipo, dictadas en los albores de los años noventa, siguen produciéndose, aunque, afortunadamente, en una cuantía claramente inferior y adornadas con un lenguaje políticamente correcto.

2. Más frecuentemente de lo que sería deseable, es así. Prejuicios y estereotipos sociales y estructurales, firmemente arraigados en la sociedad y en el imaginario de jueces y juezas, derivan en ocasiones en sentencias que destruyen la credibilidad de los relatos de las mujeres que han sido víctimas. Algunos de los estereotipos son el que la víctima tiene que dar un perfil concreto o el que la denuncia no se ha interpuesto inmediatamente después de producida la agresión. También en ocasiones, el hecho de recuperarse del trauma o haber iniciado una nueva relación de pareja disminuye la credibilidad de la víctima. Es cierto que el Tribunal Supremo considera que el testimonio de la víctima es prueba suficiente en este tipo de delitos que se cometen en la más estricta intimidad. Sin embargo, en base a los estereotipos relatados y a otros, es difícil que con el solo testimonio de la víctima los procedimientos prosperen.

3. Claramente sí. Y, por ello, para acceder a un juzgado de violencia sobre la mujer con competencia exclusiva en dicha materia, hay que seguir de modo obligatorio un curso de formación impartido por la Escuela Judicial. Y en el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial la formación nos parece tan esencial que hemos propuesto que dicha obligación se extienda a todos los jueces y juezas que tengan competencia en violencia de género aunque dicha competencia no sea exclusiva.

4. La primera aclaración que haré es que este juicio se está celebrando a puerta cerrada y, en consecuencia, desconocemos los motivos por los que el tribunal ha admitido como prueba el informe en cuestión. Probablemente lo habrá hecho en aras a garantizar al máximo el derecho de defensa de los acusados, para evitar en futuras instancias alegaciones de indefensión. Ahora bien, que el tribunal haya admitido como prueba el informe no significa en absoluto que lo vaya a tomar en consideración. Hecha esta aclaración, no puedo negar que la decisión y, sobre todo, la interpretación que de la misma se ha hecho tiene un efecto deletéreo y contribuye a aumentar la desconfianza que ya existe hacia el sistema judicial, desanimando a otras víctimas a recabar la tutela judicial en el entendido de que su palabra no vale y que toda su vida se va a ver expuesta y, lo que es peor, cuestionada.

1. Pese a los grandes esfuerzos que se están haciendo por todas las instituciones, organizaciones y asociaciones, los estereotipos machistas persisten en todos los ámbitos de la sociedad y, lamentablemente, a ellos no escapa la administración de justicia por lo que seguimos encontrándonos con resoluciones que reproducen esos estereotipos que tanto dañan a la consecución de la igualdad y a las víctimas que sufren esta violencia.

2. Esa es la sensación que tiene muchas víctimas tras su paso por el procedimiento judicial y ello debe obligarnos a replantear nuestra actuación en el proceso; partiendo de que en la mayoría de las ocasiones nos encontramos ante hechos cometidos en la más absoluta intimidad y en los que la única testigo va a ser la víctima, su interrogatorio se erige como fundamental y para evitar esa sensación quizá debería advertirse a la víctima que se le va a preguntar por todos los detalles de la agresión sin que ello signifique poner en duda su credibilidad. Dicho esto, la necesidad de contar con una declaración lo más precisa posible no justificará nunca que se le someta a cuestionamientos innecesarios que en muchas ocasiones están basado en esos estereotipos a los que nos referíamos anteriormente.

3. Por supuesto, pero no solo para los y las jueces, también para los y las Fiscales, abogados, médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y demás policías,… formación que sigue siendo deficitaria. La formación es una de las piezas claves para dar una respuesta efectiva y especializada a este fenómeno violento y es una de las reclamaciones constantes desde la Fiscalía y que se ha recogido en el Pacto de Estado; cuando se cuente con una formación inicial y continuada específica que incorpore la perspectiva de género y de derechos humanos y una completa visión de la violencia de género, tan diferente a otras manifestaciones violentas, y esa formación sea exigible para todos los profesionales que trabajan en este área, seguramente se mejore la respuesta policial, judicial y asistencial en todos los aspectos.

4. Yo me voy a quedar con la campaña que están haciendo las asociaciones y organizaciones de mujeres de apoyo a esta víctima; con esa defensa que ha sido seguida por un apoyo masivo de toda la sociedad y que se refleja diariamente en los medios de comunicación y en las redes sociales. Creo que esa actitud de apoyo social generalizado a la víctima, con independencia de los avatares procesales, tiene que producir el efecto de animar a todas aquellas mujeres que sufren agresiones sexuales y cualquier otra forma de violencia de género a denunciar, a no sentirse solas, a que tengan claro que de ninguna de las maneras ellas son culpables; que no se tienen que sentir nunca avergonzadas y que, desde luego han de procurar retomar su vida cuanto antes.

1. El machismo persiste en todos los ámbitos de la sociedad, lamentablemente. Las situaciones de subordinación de las mujeres pueden presentarse de forma más sutil, de forma no tan explícita como hace algunos años, pero nadie puede negar que siguen existiendo. Es transversal y lo vivimos diariamente, en mayor o menor medida, en titulares de prensa, en comentarios en redes o en el lenguaje cotidiano. Por eso es tan importante trabajar para que la igualdad de derechos y de oportunidades sea una realidad, porque la violencia de género es la máxima expresión de la desigualdad. Los profesionales de la justicia debemos ser ejemplares en esto, pues la justicia es el último reducto de muchas personas para salvaguardar sus derechos.

2. Hay muchas denuncias de otros delitos cuya verosimilitud no se cuestiona. Por ejemplo, si alguien denuncia un robo de móvil para que se lo pague el seguro, en principio no hay por qué dudar de que sea cierto. Sin embargo, se da pábulo a la idea de que hay mujeres que denuncian violencia para obtener ventajas patrimoniales, a pesar de que los datos demuestran tozudamente que esto no es así. También a veces a las mujeres que sufren violencia de género se les exige un plus de precisión a la hora de describir los hechos, sin tener en cuenta la situación anímica o psicológica por la que están pasando. Siendo admitido que cualquier víctima en contacto con el sistema judicial puede sufrir la denominada victimización secundaria, este riesgo se incrementa exponencialmente en los casos de violencia de género.

3. No solo los jueces y juezas. También profesionales de la abogacía y cuantos intervienen en casos de violencia hacia la mujer. La especialización es imprescindible y muy necesaria para una correcta asistencia letrada, para un buen peritaje… En definitiva, para una buena justicia, en aras a garantizar la protección de las mujeres y el cumplimiento de sus derechos. Las Leyes, entre otras la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, nos obligan a ello. Los jueces y juezas disponen de una guía práctica de la ley para su trabajo diario. En nuestro caso, contamos con 294 letrados y letradas en el turno de violencia doméstica, de género y/o agresiones sexuales, entre los cuales han realizado 856 asistencias este año. El deber de protección de las víctimas es una obligación prevista en la Ley 4/2015 del Estatuto de la Víctima.

4. Primero hay que hacer un ejercicio pedagógico y de transparencia para explicar cómo se desarrolla el proceso penal, porque un tribunal puede tomar decisiones con apariencia de ser perjudiciales para la mujer y sin embargo se adoptan precisamente para proteger su derecho a un juicio justo y con garantías. En segundo lugar, los medios de comunicación y toda la sociedad deben hacer un ejercicio de responsabilidad y difundir opiniones expertas al tratar un tema tan sensible. También en esto la especialización es importante. Finalmente, quien presta la asistencia letrada a la víctima, su abogado, debe explicarle muy bien qué implica al proceso penal y debe acompañarla y asesorarla para darle la seguridad que necesita y para proteger sus derechos. Es fundamental que todos los delitos tengan su correspondiente y ajustada sanción penal. No podemos admitir zonas grises en esta cuestión. Debemos acabar con los espacios de impunidad.

1. Las víctimas que acuden al juzgado ya no reciben el mismo trato del principio, cuando se aprobó la ley. Mi sensación es que se están ‘relajando’ en cuanto a su atención, no sé si es por el número de denuncias, por la falta de medios… En Gipuzkoa no he tenido sentencias donde se percibe el machismo, pero por desgracia sí hay algunas que no se pueden olvidar por su carácter machista. Por ejemplo, la Audiencia de Cantabria condenó a tres años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de su vecina de cinco años. El juez dictaminó que la «niña no oponía resistencia, ni lloraba, ni se quejaba».

2. Siempre que se interpone una denuncia y después, durante el procedimiento, debe ser la víctima la que debe probar que es la víctima, por lo que para la mayoría se convierte en un «calvario», como ellas mismas describen, donde muchas veces se preguntan y te preguntan «si merece la pena seguir» y que «si llegan a saber lo que es» no hubieran iniciado los trámites.

3. Sí. Como en todos los casos, se les presupone una formación específica y creo que en estos temas tan delicados debería tener formación tanto a nivel profesional como de empatía, pero al igual que jueces, todos los demás intervinientes (fiscales, abogados…). En Gipuzkoa, creo que la mayoría de jueces de violencia encargados en cada jurisdicción tienen dicha formación, ya que por desgracia llevan muchos casos al año y están ya formados.

4. Como ya he dicho anteriormente, muchas víctimas que se deciden a denunciar un hecho tan grave como es una agresión sexual ya solo con lo que es el procedimiento se cuestionan por qué han denunciado y si seguir adelante. Si encima saben que se puede sacar a la luz la vida que haces después de semejante hecho, entiendo perfectamente y cualquiera lo puede entender que haga que las mujeres víctimas ni se les pase por la cabeza interponer un denuncia. Lo único que hemos conseguido es volver para atrás en temas como estos.