La Justicia obliga a Gipuzkoa a tramitar cuatro nuevas licencias de taxi tipo Uber de las 69 rechazadas

Goio Alías, a la izquierda, junto con José Manuel Sánchez Campos, en la parada de taxis de Ondarreta en Donostia / LUIS MICHELENA
Goio Alías, a la izquierda, junto con José Manuel Sánchez Campos, en la parada de taxis de Ondarreta en Donostia / LUIS MICHELENA

Al igual que en Bizkaia, el Supremo ha dado la razón al titular que solicitó estos permisos de chóferes privados antes de que se les pusiera coto por ley

ARANTXA ALDAZ SAN SEBASTIÁN.

La guerra abierta entre el sector del taxi tradicional y las empresas de alquiler con conductor (VTC) tipo Uber y Cabify sigue librándose en los tribunales. En pleno debate político sobre la regulación de estas plataformas, el Tribunal Supremo acaba de dar la razón a una persona que solicitó en Gipuzkoa cuatro permisos para operar con estos turismos con chófer privado, por lo que la Diputación se verá obligada a tramitar estas licencias. En Gipuzkoa, a día de hoy, operan 24 vehículos VTC, todas en Donostia (11 sonde la empresa Vallina Hermanos; 8 de Suital y 5 de Gurdia), y hay 65 peticiones más que la institución foral desestimó en su día y que están pendientes de resolución judicial.

El fallo del Supremo, al que ha tenido acceso este periódico, llega al mismo tiempo que la sentencia del Alto Tribunal que también condena a Bizkaia a conceder este tipo de permisos, dentro de las miles de reclamaciones, más de 10.000 según las estimaciones manejadas por el sector, que interpusieron las empresas solicitantes como consecuencia del vacío legal registrado entre los años 2009 y 2015. Las peticiones se presentaron en ese periodo de tiempo en el que estuvo vigente una normativa que liberalizó el sector y eliminó el límite de estas licencias. Aquella ventana abierta fue aprovechada por empresas y particulares para solicitar por toda España estas concesiones. La gran mayoría fueron rechazadas por la Administración, pero las empresas se acogieron a su derecho de presentar batalla por la vía judicial. Terminado ahora ese recorrido, el Tribunal Supremo ha empezado a dar la razón a prácticamente todos esos recursos.

Pero a diferencia de Bizkaia, donde es la primera vez que el Alto Tribunal se pronuncia en ese sentido, en Gipuzkoa la Justicia ya había dictado sentencia con anterioridad, también a favor de la empresa solicitante, en este caso Ares Capital, una de las que concentran la mayoría de solicitudes. En noviembre de 2014, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) obligó a la Diputación, que es la institución competente en esta materia, a iniciar la tramitación de las solicitudes, como así hizo en octubre de 2016.

En Gipuzkoa operan a día de hoy 24 coches con permiso VTC, todos en Donostia

Si el proceso judicial fue complicado, el procedimiento administrativo resultó todo un enredo hasta terminar también en los tribunales. En este caso, fueron las empresas del sector del taxi tradicional las que estuvieron vigilantes para que se diera cumplimiento estricto a los requisitos para la licencia y, ante la primera evidencia de que no se habían completado según la legalidad, presentaron un recurso de alzada que la Diputación estimó en su mayor parte el año pasado, lo que paralizó la concesión de las licencias a Ares Capital. Un informe de la secretaría técnica del Departamento de Movilidad, que dirige la socialista Marisol Garmendia, confirmó que se había incumplido de forma «reiterada» el plazo legalmente establecido para que la empresa aportara la documentación solicitada. Y además se reveló que nueve de los vehículos para los que se pedía una licencia VTC ya contaban con esa autorización en Málaga. La norma foral fue recurrida por la empresa solicitante ante el TSJPV y está pendiente de resolverse.

Otras 100 solicitudes

El frente judicial abierto en esta guerra de los taxis se completa en Gipuzkoa con un tercer titular que solicitó cinco licencias VTC en el periodo alegal señalado. Fueron rechazadas por la Diputación y la empresa presentó un recurso judicial, que de momento no se ha fallado.

Fuera de ese plazo de vacío legal, la Diputación también ha recibido peticiones de empresas de transporte para poder sumar nuevas licencias VTC. Una de las compañías pidió cien permisos, y otra diez. Todos ellos fueron rechazados y no han sido objeto de recurso, puesto que la demanda se presentó cuando ya la normativa estatal había puesto coto a la proliferación de licencias VTC, que el sector tradicional considera una competencia desleal y para la que piden un mayor control de inspección, como ahora se ha propuesto regular el Gobierno central.

En 2015, los taxistas vieron satisfecha una de sus reivindicaciones: que se pusiera límite a la concesión de licencias VTC. El Reglamento de Ordenación de Transporte Terrestre estableció un máximo de una licencia de chófer privado por cada treinta autorizaciones clásicas. Y ahí es donde se ha abierto la otra gran batalla judicial. El organismo regulador de la Competencia recurrió la normativa por entender que restringe la libertad de mercado. La resolución judicial, que se espera para los próximos meses, será determinante para el futuro del sector.

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