La Justicia busca a Daniel James

Gómez de Liaño y Márquez de Prado, los primeros por la izquierda, en el estrado de las defensas.
Gómez de Liaño y Márquez de Prado, los primeros por la izquierda, en el estrado de las defensas. / USOZ

La ausencia de un acusado obliga a aplazar el juicio por los 600 kilos de cocaína de Zumaia. Un británico, tripulante del velero que trasladó la droga desde Suramérica, no se personó en la vista que debía empezar ayer en la Audiencia

JAVIER PEÑALBASAN SEBASTIÁN.

Se llama Daniel James O'Shaughnwessy. Tiene 58 años. Este ciudadano nacido en el Reino Unido tenía ayer una cita con la Justicia en la Audiencia Provincial de Gipuzkoa. Pero Daniel no acudió y su inasistencia obligó a aplazar un proceso lleno de complejidades y en cuya preparación se habían invertido meses de trabajo. El acusado es una de las nueve personas investigadas por su presunta implicación en la operación de narcotráfico descubierta por la Agencia Tributaria en 2011 en Zumaia y que permitió la aprehensión de casi seiscientos kilos cocaína. Daniel era tripulante del velero 'Catalejo' en el que, junto al holandés Gerrit Paulino Gavino Reurs, transportó la sustancia estupefaciente desde Suramérica hasta Gipuzkoa.

Seis años después de aquella operación, todo estaba dispuesto ayer en la Sección Primera para la celebración del juicio. Jueces, fiscal antidroga y letrados se disponían a las 9.30 horas a enfundarse en sus togas. Los acusados, para quienes la Fiscalía guipuzcoana solicita penas que suman 119 años de cárcel, habían llegado puntuales. Lo hicieron todos menos uno. A falta unos minutos para la hora fijada, Daniel James no había dado señales de vida. Nadie en la sede judicial sabía nada sobre su paradero. El abogado que le representa, el letrado donostiarra Ignacio Tejada, explicó que lleva dos meses intentando comunicarse con él y que ninguna de las llamadas que le había dirigido últimamente había tenido éxito.

El testimonio de Daniel, aún cuando no es determinante, no cabe duda de que resulta relevante para las tesis de la acusación, de manera que el fiscal antidroga del territorio, David Mayor, solicitó al tribunal que agotase los medios para la localización, detención y puesta a disposición de la Audiencia del acusado. Asimismo, reclamó que en el caso de que las pesquisas policiales, tanto nacionales como internacionales, no dieran resultado se aplazase la vista hasta el lunes de la semana que viene.

El acusado padece un cáncer y su abogado lleva dos meses intentando contactar con él

El tribunal dicta una orden internacional de detención y anuncia que la vista se reanudará el día 22

Los letrados de los acusados, por su parte, entre los que se encuentran el exmagistrado Javier Gómez de Liaño y la exfiscal del Tribunal Supremo María Dolores Márquez de Prado, demandaron la continuación el juicio y la celebración del mismo en ausencia del ciudadano británico, si bien dejaron la decisión al criterio de los magistrados de la Sala. Los letrados recordaron que han transcurrido ya seis años desde que la operación del Servicio de Vigilancia Aduanera se llevó a efecto e indicaron que los investigados «quizás estén ansiosos de que el juicio se ventile lo antes posible», precisó Gómez de Liaño, a quien, asimismo, le pareció «muy razonada» la sugerencia realizada por el fiscal de aplazar solo unos días el inicio de la vista, sin que ello provocase una alteración respecto a la duración del proceso.

Finalmente, el tribunal acordó aplazar la vista hasta el próximo día 22. Iñaki Subijana, presidente de la Audiencia, anunció que se extenderá a nivel internacional la orden de puesta a disposición judicial del acusado y que se procederá también a su declaración de rebeldía. Asimismo, indicó que a la vista de la suspensión se reprogramarán las sesiones del juicio, de manera que la vista finalizará el 3 de octubre, prácticamente como estaba previsto.

Enfermo de cáncer

El acusado que ayer dio plantón a la justicia se encontraba en libertad provisional y tenía la obligación de comparecer dos veces al mes. Su ultima presentación fue el 15 de julio. Desde entonces ya nada se conoce. Daniel James, además, padece un cáncer terminal, una circunstancia que llevó a uno de los abogados a especular con la posibilidad de que incluso podría haber fallecido.

Los restantes acusados estuvieron presentes en la sala de vistas. Se trata de seis varones y dos mujeres. La Fiscalía imputa al supuesto cabecilla, un varón nacido en Barakaldo, un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a organización criminal, por los que solicita 18 años. Asimismo, le acusa de blanqueo, por el que reclama 9 años más.

En el banquillo de los acusados se sienta también la madre del presunto cerebro de la red, imputada por blanqueo y para quien pide 4,6 años. Además se solicitan multas que oscilan entre los 398 millones que exige para el jefe y los 111.000 euros que reclama para su mujer, para quien también reclama tres años de cárcel.

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