Jurados implacables en Gipuzkoa

Luis Serrano, declarado culpable esta semana por el jurado por el asesinato de su hijo Julen en 2011. / LOBO ALTUNA

El caso del fallecimiento de Julen Serrano ha sido, sin lugar a dudas, el más complejo al que se ha tenido que enfrentar en los últimos 22 años

Javier Peñalba
JAVIER PEÑALBASan Sebastián

Los jurados siguen siendo implacables en Gipuzkoa. Cuando hace veintidós años se instauró la figura del tribunal integrado por personas legas en Derecho, solo los más juradistas confiaron en ella. Sin embargo, con el paso del tiempo, juicio tras juicio, veredicto tras veredicto, la institución parece más que consolidada. No son ya tantas las voces que se oponen a ella, aunque en medios jurídicos y judiciales haya quienes sean partidarios de introducir algunas modificaciones. Pero ya nadie habla de supresión.

El reciente juicio celebrado en Gipuzkoa por la muerte en 2011 del menor de 13 años Julen Serrano ha sido la demostración de la madurez que ha alcanzado el jurado. Y no tanto porque haya emitido un veredicto de culpabilidad. Si el fallo hubiese sido el contrario, la valoración habría resultado la misma.

Sus once miembros han mantenido, a lo largo de las tres semanas que ha durado el proceso, una disposición que merece ser destacada. Han permanecido atentos, no han perdido el hilo de los interrogatorios y, cuando han tenido dudas, han preguntado. Lo han hecho en reiteradas ocasiones y con precisión.

La decisión que les correspondía tomar en el caso de Julen no era fácil. De los 43 juicios con jurado por homicidio celebrados en Gipuzkoa, éste ha sido el más complejo de todos. Se trataba de una muerte en la que, a priori, no había testigos y en la que, en torno a la misma, existían tres hipótesis. Y, además, todas las versiones contaban con un variado abanico de componentes probatorios. Es decir, existían elementos para sustentar tanto el veredicto de culpabilidad, como el de no culpable.

Pero había otra circunstancia capaz de distorsionar la visión que sobre el caso pudieran tener los jurados. Y no era baladí. El acusado, Luis Serrano, padre de Julen, se encontrada en libertad provisional, pese a que recaía sobre su persona nada menos que una imputación de asesinato, por la que la Fiscalía pedía 18 años de cárcel y la acusación particular, que ejercía la madre del menor, 20. «¿Cómo es posible que una persona con una incriminación tan grave no estaba privada de libertad?», podían preguntarse.

Un razonamiento lógico les podía inducir a pensar incluso que si los jueces no habían apreciado, en los casi seis años transcurridos desde los hechos, motivos para acordar la prisión, es que, igual, Luis Serrano era inocente o que, tal vez, no existían pruebas suficientes. ¿Y eran ellos quienes debían emitir un fallo que acarreara una condena de 18 años?

Aun cuando la responsabilidad era enorme, una vez más, a los jurados no les tembló la mano y en menos de veinticuatro horas hicieron pública su decisión.

43 juicios por muertes

Con este caso son ya 43 los juicios con jurado por muertes violentas celebrados en Gipuzkoa, según datos facilitados por la Audiencia Provincial. Del total, solo ha habido seis absoluciones.

Desde la implantación del jurado en 1995, en el territorio se han incoado 118 asuntos y se han dictado 91 sentencias. Los 27 casos restantes en los que no hubo fallo, o bien fueron archivados o reconvertidos en otros procedimientos. Del total de las resoluciones, la mayoría -81- fueron condenatorias y ocho absolutorias, de ellas seis por homicidio o asesinato. De estas últimas, solo en una, en el crimen de la empleada de una gasolinera de Ikaztegieta, en 1997, los tres procesados quedaron absueltos por falta de pruebas, y en otro, en el de Mikel Otegi, el autor de la muerte de dos ertzainas en 1995, en Itsasondo, fue exculpado al considerar que en el momento de los hechos no era dueño de sus actos.

Los restantes procesados fueron declarados no culpables de las muertes que causaron, ya que cometieron los hechos condicionados por las enfermedades mentales que sufrían. Los crímenes han acaparado el mayor número de juicios en estas dos décadas. En total, se llevan contabilizados 43 jurados por muertes violentas. Los delitos de omisión del deber de socorro, con 17 casos, han sido los segundos más numerosos y le han seguido los de malversación de caudales públicos (10), allanamiento de morada (8), infidelidad en la custodia de documentos (3), falsedad (2) así como delitos contra la administración pública y cohecho.

De las 91 sentencias emitidas, 38 fueron de conformidad, de manera que en ninguno de estos asuntos fue necesario constituir el jurado. Buena parte de estos acuerdos se produjeron en delitos de omisión del deber de socorro. De los diecisiete procesos incoados por este motivo, todos menos uno concluyeron con un pacto entre acusaciones y defensa. Entre ellos se encuentra el caso de la abuela de Errenteria que mató a su nieta.

En octubre del pasado año se cumplieron veinte años de la celebración del primer juicio con jurado en Gipuzkoa. Todo estaba previsto para que en el banquillo se sentase Mikel Mirena Otegi Unanue, un joven afín a la entonces Herri Batasuna, acusado del asesinato, el 10 de diciembre de 1995, de los ertzainas Iñaki Mendiluze y José Luis González, a quienes disparó con una escopeta a las puertas de su caserío, en Itsasondo.

Pero no fue así. La singularidad del caso -los crímenes desencadenaron un duro enfrentamiento dialéctico sobre la cultura de la violencia entre las formaciones políticas- y los múltiples recursos que se interpusieron hicieron que, al final, fuese otro el asunto en estrenar el jurado. En realidad, hubo una especie de acuerdo tácito para que la primera experiencia no fuese la del «pueblo contra Mikel Otegi» y la figura del tribunal no quedase en entredicho por las presiones que pudieran existir.

Por ello, fue un joven de Hernani quien inauguró el jurado popular. Aquel tribunal estuvo integrado por cinco mujeres y cuatro hombres. El acusado fue Antonio Ramón López Perea, a quien todos conocían como 'Toñín', que ocho meses antes había acabado con las vidas de dos personas que regentaban una bodega en Hernani. El jurado le declaró culpable de dos delitos de homicidio con una eximente incompleta de trastorno mental. Fue condenado a veinte años de prisión.

Presión al tribunal

La gran prueba para el jurado llegó en febrero de 1997. Con Mikel Otegi como acusado, se temía que la presión hacia los miembros del tribunal pudiera ser asfixiante. Tras ocho jornadas de vista, muchas de ellas en sesiones de mañana y tarde, y una deliberación de menos de veinticuatro horas, el tribunal pidió al magistrado-presidente que la lectura del veredicto se realizase a puerta cerrada. Quienes escucharon aquella solicitud no tuvieron la menor duda de que el pronunciamiento sería exculpatorio. Y así fue. El jurado declaró a Otegi «no culpable», al considerar que en el momento de los hechos no era dueño de sus actos. Dos de los miembros de aquel tribunal lloraron cuando se dio lectura a la decisión.

El fallo constituyó un varapalo para las acusaciones, representadas por dos notables juristas, el entonces fiscal jefe Luis Navajas y el penalista bilbaíno Ricardo Palacios. Al otro lado del estrado, el letrado del acusado, Miguel Castells, recibió la decisión con satisfacción. Meses después, sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Euskadi revocó la decisión y ordenó la celebración de un nuevo juicio. Para entonces, Otegi ya había huido del país. Apresado en 2003, integrado en ETA, fue juzgado en la Audiencia Nacional y condenado en 2012 a 34 años.

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