Las Juntas de Gipuzkoa dan un plazo de seis meses a la Diputación para que reubique el centro Bidean

Las Juntas de Gipuzkoa dan un plazo de seis meses a la Diputación para que reubique el centro Bidean

Todos los grupos han acordado un texto, a iniciativa de EH Bildu

Arantxa Aldaz
ARANTXA ALDAZ

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han pedido a la Diputación que reubique el centro Bidean en un plazo de seis meses. Todos los partidos políticos han acordado por unanimidad un texto, a iniciativa de EH Bildu, en el que se reclama igualmente que en ese plazo se presente también la revisión de «un nuevo modelo de atención, que garantice también el seguimiento permanente de todos los centros por parte de la Diputación». El recurso, sobre el que pesan once denuncias por un supuesto trato negligente, acoge a mujeres víctimas del maltrato que han tenido que abandonar su casa para buscar un refugio seguro.

El Departamento de Políticas Sociales, dirigido por la jeltzale Maite Peña, ya había anunciado con anterioridad la intención de buscar un nueva ubicación al actual piso, dadas las carencias en las instalaciones actuales, referidas a una limitación de espacio y a la configuración del centro, separado en dos pisos conjuntos. El anuncio lo hizo antes de hacerse públicas una decena de denuncias de mujeres, todas ellas antiguas usuarias del centro, en las que acusa a una parte de las trabajadoras de proferir frases «humillantes», además de denunciar condiciones de «insalubridad» y de «abandono total» del recurso. En posteriores interpelaciones, desde EH Bildu se ha requerido al departamento un plazo concreto sobre cuándo se iba a reubicar el servicio y hoy se ha concretado ese plazo, que será de medio año.

Mientras tanto, se mantienen abiertas las dos investigaciones iniciadas por el Ararteko y la propia Diputación para esclarecer la situación denunciada. La Defensoría del Pueblo vasco ha recibido once quejas de exusuarias, que denuncian un «maltrato institucional» con problemas referidos a diferentes momentos desde 2014 hasta 2018. Tras conocer las denuncias, hechas públicas a través de un comunicado leído por Donostiako Feministak, el Departamento de Políticas Sociales abrió también un expediente, que sigue su curso.

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