Los investigados por la lonja declaran que el dinero se ha gastado en obras necesarias

La lonja de Pasaia, con material de obra en primer plano. / ARIZMENDI
La lonja de Pasaia, con material de obra en primer plano. / ARIZMENDI

El exdirector del Puerto de Pasaia, el director de obra y el responsable de la UTE constructora no aprecian delito en el proyecto investigado

GAIZKA LASA SAN SEBASTIÁN.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Donostia que investiga irregularidades en la construcción de la lonja de Pasaia tomó ayer declaracion en calidad de investigados al ex director general de la Autoridad Portuaria de Pasaia (APP), Gregorio Irigoyen, al técnico y director de obra de la lonja, David Candelario, y al responsable de la UTE constructora, formada por FCC y Lurgoien. Según fuentes jurídicas, los tres coincidieron en sus respuestas a la juez y a la fiscal en que el proyecto original no coincide con el ejecutado ya que se han llevado a cabo trabajos añadidos considerados por todas las partes como «necesarios», añadiendo que el dinero que ha costado la lonja se ha destinado a esas obras llevadas a cabo por las necesidades sobrevenidas.

El responsable de la UTE señaló que las empresas se limitaron a ejecutar los trabajos solicitados por la dirección facultativa de la obra y constató que los trabajos están físicamente ejecutados. De hecho, las firmas contratadas reclaman una cantidad mayor a la que está dispuesta a pagar el Puerto por esas actuaciones, fiscalizadas ya por varias auditorías. La principal discrepancia entre los declarantes se ciñó, por tanto, a una cuestión de cantidades a liquidar, al no apreciar ninguno de ellos un delito por apropiarse dinero indebidamente.

El director de la obra reconoció que ordenó continuar con algunas actuaciones que no estaban contemplados en el proyecto original con la previsión de que la tramitacion se regularizaría sin mayor problema y bajo la necesidad de seguir adelante con la obra. En la misma línea, el exdirector del Puerto también admitió que firmó las certificaciones de obra que recogían esos trabajos añadidos por la confianza de que se debían materializar. Incluso un cuarto interrogado en la jornada de ayer, en este caso como testigo, el representante de Idom, firma de asistencia técnica, señaló que las modificaciones no han sido extraordinarias en el transcurso de esta obra.

La juez pide otra auditoría y prorroga la fase de instrucción, que se alargará hasta mayo de 2019

Liquidación negativa

El interrogatorio se celebró al día siguiente de que la APP confirmara que pagará 1,7 millones de euros a las empresas constructoras, cifra resultante del 'Expediente de Responsabilidad Patrimonial' resuelto tras varias auditorías. Esta cantidad será abonada para evitar un enriquecimiento injusto de la Administración.

El Puerto quiere pagar este importe y proceder a una liquidación final de la obra que estima será negativa a tenor de lo que concluyen los sucesivos informes fiscalizadores de los trabajos realizados. A la espera de que los tribunales acaben dirimiendo en el ámbito civil las cantidades que debe pagar el Puerto a la UTE, la investigación penal amenaza con demorarse.

La juez ha solicitado otra auditoría más, en este caso al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, después de haber recibido un informe del perito judicial sobre el denso estudio entregado por Puertos del Estado. Y ayer notificó además un auto por el que prorroga la complejidad de la instrucción, que tendrá una duración de 18 meses más, hasta mayo de 2019.

El caso se analiza desde el punto de vista penal después de que la Fiscalía concluyera que los hechos investigados -a instancia de la abogada del Estado- revisten, indiciariamente, los caracteres de un presunto delito de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y mercantil, estafa, cohecho y tráfico de influencias, y exacciones ilegales en negociaciones prohibidas. El Puerto ha pedido el archivo pero la juez sigue con la investigación.

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