«No tengo intención de fugarme»

El fiscal antidroga de Gipuzkoa, David Mayor, defendió el ingreso en prisión de los tres principales acusados./JOSE USOZ
El fiscal antidroga de Gipuzkoa, David Mayor, defendió el ingreso en prisión de los tres principales acusados. / JOSE USOZ

El fiscal pide prisión incondicional para tres de los encausados por la cocaína de Zumaia

JAVIER PEÑALBASAN SABASTIAN.

Los tres principales procesados por el alijo de cocaína intervenido en Zumaia hace siete años ya están de nuevo en prisión. José María R. D., el considerado cabecilla del grupo; su lugarteniente, Alexander P., y Manuel C.C., uno de sus colaboradores, fueron conducidos al centro penitenciario de Martutene tras asistir en la Audiencia a una vista para determinar la situación procesal a la que se enfrentan tras hacerse pública la sentencia que les impone elevadas penas privativas de libertad. La Fiscalía pidió para los tres encausados «prisión incondicional», en tanto que las defensas, que desvelaron su intención de recurrir el fallo ante el Tribunal Supremo, demandaron la puesta en libertad provisional.

«No tengo intención alguna de fugarme. Tengo claro que quiero tener aquí una vida con mis hijos. Cuidaré de ellos en la medida en la que pueda. Jamás voy a fugarme». Fue el mensaje que el cabecilla de la organización dirigió a los miembros del tribunal, antes de escuchar los argumentos de la parte acusadora y las defensas.

Los tres procesados, sobre los que la Audiencia había dictado órdenes de detención e ingreso en prisión antes de notificar la sentencia, se entregaron el miércoles en el Juzgado de Guardia de Bilbao, después de que fueran informados por sus respectivos letrados de las condenas que pesaban sobre ellos. El cabecilla ha sido sentenciado a penas que suman 19 años y 6 meses de prisión, por tráfico de drogas, participación en grupo criminal y blanqueo de capitales, mientras que su lugarteniente ha sido sentenciado a 13 años y medio. Al tercer encausado, la Sala Primera le impone 14 años y 10 meses.

En el proceso hay otras cinco personas condenadas, entre ellas la madre del líder del grupo, si bien todas se hallan en libertad provisional.

Ayer se celebró en la Audiencia una vista en la que los abogados se opusieron a la prisión

Los letrados plantearon la posibilidad de colocarles pulseras telemáticas antes de enviarles a la cárcel

Pese a que la sentencia no es firme, el fiscal antidroga de Gipuzkoa, David Mayor, solicitó prisión incondicional para los tres. Aún cuando reconoció que la gravedad de las penas impuestas no es motivo suficiente para la adopción de dicha medida cautelar, el representante del ministerio público precisó que «es un elemento más a considerar», junto con el riesgo de fuga.

El fiscal sostuvo que ninguno de los tres detenidos cuentan con un «arraigo de peso suficiente», al tiempo que señaló que carecen de una estabilidad laboral. «Lo que José María R.D. pueda haber desarrollado en los últimos años no tiene esa solidez que sería necesaria para hacer frente a ese riesgo de fuga», señaló David Mayor en relación al principal acusado, de quien dijo que si bien en la actualidad era padre de dos niños, «el conjunto de todos los elementos no tienen el peso necesario para enervar el riesgo de sustracción a la justicia».

Contacto fuera de España

La Fiscalía cree «acreditado» además que el líder del grupo tenía contactos con personas enraizadas fuera del territorio nacional y «pensamos que hay un riesgo razonable de que se mantengan en el momento actual, lo cual siempre puede facilitar una huida», afirmó. David Mayor igualmente presupuso que el procesado cuenta todavía con recursos económicos que no habrían aflorado. «Hoy ha querido venir aquí, pero nuestra obligación es valorar si hay riesgo de que cambie de opinión. Es imposible saber cuáles son sus verdaderas intenciones. Por ello, hemos de recurrir a elementos los más objetivos posibles y en este sentido disponemos de algunos que nos aproximan a que existe un riesgo cierto», dijo.

Condicionado por sus hijos

Javier Gómez de Liaño, exmagistrado de la Audiencia Nacional y defensor del considerado máximo responsable de la banda, mostró su discrepancia con el fiscal. «El riesgo de fuga derivado de lo elevado de las penas hace presumir a la Fiscalía que José María R.D. albergue la tentación de situarse fuera del alcance de este tribunal. Pero en realidad, hay un comportamiento antecedente, precedente y consecuente que acredita su pleno sometimiento al procedimiento desde que comenzó», señaló.

Gómez de Liaño explicó que pese a que su cliente pudiera tener la tentación de fugarse, hay otras circunstancias que permiten pensar que ese riesgo está «conjurado». Recordó en este sentido que tras conocer el fallo y la orden de detención, su cliente decidió personarse en el juzgado. «Y no lo hizo solo sino que acudió con otros compañeros de banquillo a los que llamó para describir la situación y decirles que lo mejor era presentarse».

El letrado también destacó que su cliente jamás había eludido sus obligaciones con la justicia. «Este comportamiento me permite pensar que nunca se pondrá fuera del alcance de los tribunales», y afirmó que su mujer y los dos hijos de corta edad que tiene «condicionan, de todas todas, esa tentación que pueda tener».

Gómez de Liaño defendió asimismo al acusado Manuel C.C., excompañero de la madre del acusado, para quien demandó su puesta en libertad.

El abogado de Alexander P. también se opuso a la demanda de la Fiscalía. Rechazó que su cliente, aún siendo natural de Colombia, tuviera arraigo en su país de origen como señaló el fiscal. «Salió de allí hace más de veinte años y no consta que por los hechos por los que ha sido juzgado haya abandonado nuestro país o entrevistado con gente colombiana o venezolana, o de alguno de los estados de los que se ha hablado en esta causa. Y por el contrario, sí consta su arraigo en España, más ahora después de que hace cuatro años contrajera matrimonio». Rechazó asimismo el letrado que la inestabilidad laboral de su defendido pudiera ser esgrimida por el fiscal «cuando en este país hay casi cinco millones de parados».

Los letrados de los tres procesados plantearon al tribunal que se aplicaran otras medidas cautelares como la colocación de pulseras telemáticas o la personación diaria ante la Policía. Tras escuchar los argumentos de una y otra parte, el tribunal anunció que la decisión que adopte será notificada próximamente. Mientras tanto, los acusados seguirán en la cárcel.

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