La cantidad exigida a quienes pararon la incineradora crece y llega a 45 millones

Martin Garitano acompaña a Iñaki Errazkin y Ainhoa Intxaurrandieta al juicio del 12 de abril en el Tribunal de Cuentas./LADRA
Martin Garitano acompaña a Iñaki Errazkin y Ainhoa Intxaurrandieta al juicio del 12 de abril en el Tribunal de Cuentas. / LADRA

El fiscal pide que Errazkin e Intxaurrandieta devuelvan un importe que va en aumento por los swaps que se siguen pagando a la banca

GAIZKA LASA

Las consecuencias de paralizar la incineradora se traducen en una cifra que engorda con el tiempo, según la demanda de Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa (GHK) que ha derivado en un procedimiento de reintegro en el Tribunal de Cuentas. La cantidad que se reclama al exdiputado foral de Medio Ambiente, Iñaki Errazkin, y la expresidenta de Gipuzkoako Hondakinen Kudeaketa (GHK), Ainhoa Intxaurrandieta, asciende a día de hoy a 45 millones de euros, según se desprende de la exposición que ayer realizó la parte demandante –GHK, ahora gestionado por PNV y PSE– en la vista de conclusiones celebrada en la sede del tribunal en Madrid.

La cuantía reclamada a los excargos públicos de EH Bildu que decidieron detener el proyecto de la planta de Zubieta en 2013 crece de manera proporcional a lo que lo hace la deuda que acumula GHK desde aquel momento, según los demandantes. En el momento en el que interpusieron la denuncia ante el órgano fiscalizador del Estado, en octubre del año pasado, la petición era de 41 millones. Hoy son cuatro más.

El causante de la fluctuación es el dichoso seguro de cobertura del tipo de interés del crédito solicitado en su día para construir la infraestructura, conocido como swap. Con la paralización desapareció el préstamo, pero no este producto asociado por el que la sociedad foral que gestiona los residuos en Gipuzkoa paga mensualmente unos 600.000 euros a la banca comercial. PNV y PSE culpan a EH Bildu porque de no haberse paralizado el proyecto cumpliría su función. La coalición abertzale responsabiliza al PNV, por ser miembros de esta formación los que lo firmaron en vísperas de las elecciones de 2011.

¿Hasta cuándo habrá que seguir pagándolo? Según un estudio de GHK ratificado por el Tribunal Vasco de Cuentas, hasta llegar a los 71 millones de euros. El mismo análisis concluyó que terminar con este lastre económico y liquidar la deuda de golpe costaría 64,3 millones de euros. En cualquier caso, la evolución de este concepto se irá adecuando al momento procesal del caso que quedó ayer visto para sentencia.

La juez no tendrá, al menos, dudas de interpretación. No ha habido atisbo de incoherencias o contradicciones en los argumentos de las partes, que ayer ratificaron en un relato global de conclusiones, sus posturas, un mes después del juicio en el que declararon Errazkin e Intxaurrandieta. Sus letrados reiteraron ayer que paralizar la incineradora resultó menos gravoso económicamente que haberla construido, lo que hubiera acarreado pérdidas de 10 millones al año. Defendieron asimismo que la rescisión del contrato se acogió a los motivos legalmente establecidos para ello.

Por contra, los abogados de GHK sostuvieron que los anteriores gestores de EH Bildu adoptaron aquella decisión al margen del interés general, ocasionando graves perjuicios económicos. Consideraron especialmente grave que hicieran caso omiso del mandato de las Juntas Generales de Gipuzkoa, que les instaron a cumplir con la Norma Foral y, a pesar de todo, optaran por resolver el contrato incurriendo en una desviación de poder.

Al margen de las partes, el fiscal también esgrimió su conclusión, más concisa, señalando que se adhiere a los argumentos y a las peticiones de GHK y solicitando, por tanto, el reintegro del quebranto económico causado que, hasta la fecha, asciende a 45 millones de euros. Su postura puede ser determinante en la decisión que pueda terminar adoptando la juez Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia en el primer Gobierno de José María Aznar (PP), entre 1996 y 2000.

Según fuentes del Tribunal de Cuentas, la magistrada podría tardar entre dos y cuatro meses en dictar una sentencia, aunque matizan que cada procedimiento es diferente y este puede salirse de la media. Contra la resolución que emita cabe interponer, ante la Sala de Justicia del propio Tribunal de Cuentas, un recurso de apelación, cuyo fallo será a su vez susceptible de recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

Las mismas fuentes aseguran que el Tribunal de Cuentas puede exigir una fianza o acordar un embargo preventivo de los bienes de los presuntos responsables a los que se juzga. Estas medidas las tomaría para asegurar que las personas apeladas puedan hacer frente a sus responsabilidad en caso de una eventual condena, si bien se antoja altamente improbable que ni Intxaurrandieta, ni Errazkin puedan responder con su patrimonio personal a peticiones de más de 45 millones.

Apoyo de LAB

La vista de conclusiones en Madrid coincidió con la reunión que mantuvieron ayer los dos acusados con la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, y la secretaria de Acción Social, Bea Martxueta, para hacerles llegar el apoyo del sindicato. Al mismo tiempo, LAB reiteró que Intxaurrandieta y Errazkin «no hicieron más que cumplir el mandato de las y los ciudadanos. Sin embargo, la decisión que tomaron obstaculizó el negocio de algunos y puso en duda el modelo que impulsa el PNV».

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