La historia interminable del peaje de la N-I

Transportistas del sindicato Hiru, durante una protesta en contra del peaje en Donostia. / JOSÉ MARI LÓPEZ
Transportistas del sindicato Hiru, durante una protesta en contra del peaje en Donostia. / JOSÉ MARI LÓPEZ

En 1998 el diputado de Carreteras perdió su puesto por posicionarsea favor de la implantación del cobro. Tras años de debate entró en funcionamiento en enero de este año, aunque ahora el TSJPV anula la norma foral que lo avala por «discriminatoria»

AIENDE S. JIMÉNEZ SAN SEBASTIÁN.

Corría el año 1998 cuando un diputado de Carreteras de Gipuzkoa, con la intención de cubrir los gastos que se iban a derivar de las obras en una de las principales vías del territorio, defendió la implantación de un peaje en la misma. Unas manifestaciones que molestaron a su partido y le obligaron a renunciar a su cargo. Así podría empezar el relato del culebrón en torno al peaje de la N-I, del cual, aunque pueda sorprenderles, sus primeros episodios se remontan hasta hace dos décadas. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco hecha pública el pasado viernes que tumba el cobro para camiones en ese vial ha sido el último capítulo de una historia a la que aún le quedan muchas páginas por escribir.

Volvamos al principio. Hace 20 años, el primer protagonista de este relato viario fue José Julián Irizar, diputado de Carreteras de EA. Entonces, la obra para el desdoblamiento de la N-I en Etxegarate provocó una de las mayores polémicas de la legislatura, ya que los alcaldes de los pueblos cercanos dudaban del interés foral para ejecutar dicho proyecto. Irizar propuso además instalar un peaje en el puerto con el objetivo de financiar los costes de dicha obra, unas declaraciones que le acabaron costando el puesto y que colocaron en una situación muy delicada al diputado general, Román Sudupe (PNV), que también era partidario de extender los peajes.

La cuestión de los peajes volvió a ser noticia en el año 2006, después de la aprobación de una nueva normativa europea sobre la aplicación de gravámenes a los camiones en todas las carreteras consideradas transeuropeas, -entonces la N-I, la A-15 y la N-121-A-. Una norma que debía entrar en vigor, como plazo límite, en 2012, y cuyo objetivo era fomentar un modelo de transporte sostenible basado en el concepto de «quien utiliza, paga» y «quien contamina, paga».

En 2007, todos los partidos políticos de Gipuzkoa entraron en el debate, admitiendo que era necesario el cobro a los conductores por usar las carreteras de Gipuzkoa. La polémica no radicaba en si debía mantenerse el cobro para la A-8 y AP-1, que se daba por descontado, sino en el posicionamiento sobre si los peajes se debían ampliar a la N-I, la GI-632 entre Beasain y Durango y la autovía de Navarra. Un informe encargado por las Juntas Generales dos años antes proponía que el cobro se aplicase en Etzegarate pero, con las elecciones a la vuelta de la esquina, nadie quiso mojarse en un tema que generaba mucha controversia.

El puerto de Etzegarate ha sido de hecho uno de los puntos que más veces se ha planteado para la implantación del sistema de cobro. La nueva legislatura situó a Eneko Goia, actual alcalde de San Sebastián, como diputado de Carreteras de la Diputación, quien nada más llegar al cargo en 2007 declaró que era partidario de cobrar por circular en todas las autovías y autopistas del territorio. Tres años más tarde afirmó en una entrevista en DV que la «única medida efectiva para evitar la saturación de la N-I» era implantar un peaje en Etzegarate, que permitiera desviar camiones a la AP-1 Eibar-Vitoria. Una intención que se vio también avalada por un informe técnico de Bidegi que recomendaba instalar peajes en ese puerto y también en el de Deskarga.

Bildu descarta Etzegarate

En 2011 EH Bildu ocupó el Gobierno foral, con Larraitz Ugarte como diputada de Infraestructuras Viarias. A pesar del cambio de banquillo, la intención de instalar un sistema de cobro para camiones en la N-I siguió en la agenda política, aunque el nuevo ejecutivo descartó su ubicación en Etzegarate, criticando a sus predecesores por considerar que su intención era la de «recaudar castigando al sector del transporte». De hecho, Bildu, PP y Aralar tumbaron el proyecto en Juntas Generales al poco de iniciarse la legislatura.

Su nueva propuesta era situar el peaje en Andoain, a la altura de la báscula foral de pesaje, poco antes de la entrada a la autovía de Navarra, punto obligado de paso para el transporte internacional. Asimismo abrían la puerta al posible cobro a los turismos.

Por su parte, la oposición, conformada por PNV, PSE y PP, unió sus fuerzas para volver a poner encima de la mesa la posibilidad de cobrar a los camiones en Etzegarate. La condición impuesta por los populares era que los transportistas guipuzcoanos tuvieran algún tipo de descuento, y un informe encargado de nuevo por las Juntas Generales señalaba que la medida podría aportar unos 11 millones de euros a las arcas forales.

La legislatura discurrió en torno a la creación de un plan de peajes para la red viaria guipuzcoana que no terminaba de materializarse, donde las prórrogas se sucedían sin determinar una fecha concreta. En junio de 2013 el Gobierno presentó un plan en el que un nuevo peaje en la N-I cobraría a todos los camiones y a los turismos foráneos con el actual sistema de 'arkupes'. Sin embargo, la fuerte oposición del resto de partidos a esta medida impidió que saliera adelante, y en enero de 2014 las Juntas rechazaron la propuesta de Bildu. La legislatura se agotó sin un nuevo plan integral de cobro para las carreteras de Gipuzkoa.

Con el regreso del PNV al Gobierno foral en 2015 se recuperó el proyecto adquirido con el PSE para instalar un peaje para camiones en la N-I. En junio de 2016 la Diputación hizo público su plan para que esta carretera dejara de ser gratuita para camiones a partir del 1 de enero de 2018. Un año después, en julio de 2017, se colocaba el primer arco de cobro sobre la AP-8 en Irun, al que siguieron en los meses posteriores los de Etzegarate y Andoain.

Asimismo Europa despejó aparentemente el pasado mes de septiembre uno de los frentes jurídicos que generaban incertidumbre sobre el nuevo sistema, avalando su legalidad con un dictamen que ahora se ha revelado insuficiente. Finalmente, con unos días de retraso, el peaje empezó a funcionar el pasado 9 de enero.

No obstante, la Diputación permanecía a la espera del recurso presentado ante el TSJPV por el Comité Nacional del Transporte de Carretera (CNTC), un recurso que finalmente se ha estimado y que anula el peaje de la N-I, por considerar que «vulnera el principio comunitario de no discriminación».

Tras la noticia, dada a conocer el pasado viernes, la Diputación ha anunciado que el peaje seguirá funcionando «a todos los efectos» a la vez que confirmó que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo, lo que augura nuevos capítulos en la historia interminable del peaje de la N-I.

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