Goia acusa a Competencia de «atacar la potestad municipal» de regular el uso del suelo

Dos agentes de la Guardia Municipal, durante una inspección de pisos turísticos en San Sebastián./LUSA
Dos agentes de la Guardia Municipal, durante una inspección de pisos turísticos en San Sebastián. / LUSA

El alcalde de San Sebastián cree que la advertencia lanzada a la ordenanza de pisos turísticos es «errónea» y deja «barra libre» a esa actividad

AMAIA CHICOSAN SEBASTIÁN.

No se trata solo de cuestionar alguna de las medidas que incluye la nueva ordenanza que el Gobierno de San Sebastián tiene intención de aprobar el 1 de marzo para regular los pisos turísticos en la ciudad, es «un torpedo a la línea de flotación» del Ayuntamiento y «un ataque a su potestad» para regular el uso del suelo urbano. En este caso, a su intención, a partir de ahora, de distinguir el uso meramente residencial del turístico, en aquellas viviendas que se acojan a dicha actividad. El alcalde Eneko Goia fue contundente ayer a la hora de responder al estudio que la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) hizo público la semana pasada, y en el que advierte de que impugnará ante los tribunales la normativa si no se flexibiliza y se «elimina toda barrera» que impida a cualquier propietario destinar su piso a ese negocio.

Una recomendación que el Gobierno municipal rechaza de plano y que, a falta de que los servicios jurídicos analicen «la opinión» no vinculante de la AVC, no se plantea atender en la ordenanza ni en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que ahora regula la actividad de pisos turísticos y las notificaciones o cierres ya decididos a algunos de ellos.

La réplica del alcalde se produjo apenas dos días después de que se conociera el «informe» a través de la web de Competencia, porque «ni siquiera se ha remitido por vía formal al Ayuntamiento». Ahí llegó el primer reproche. «Es exótica esta forma de actuar», valoró Goia en la comisión de Urbanismo donde, a petición del PP, compareció para contestar a «la opinión» de un organismo, «no de un tribunal», que no tiene «la verdad revelada».

Tras el rapapolvo por las formas, Goia entró en el fondo. A su entender, mucho más trascendente y con una repercusión más grave que la mera opinión sobre una ordenanza municipal. «Es una cuestión de nervio», indicó. «Es una interpretación errónea que tendría consecuencias muy negativas» para el planeamiento urbanístico, que en Donostia se rige a través del PGOU aprobado en 2010. Competencia «no pone en cuestión la ordenanza», insistió Goia, sino que «ataca al propio Plan General». Y, por eso, aseguró que la «alternativa» que plantea no es modificar la normativa o modular alguno de sus artículos -como reclaman en este caso los grupos de la oposición y otros colectivos que amenazan también con recurrir a los tribunales-, sino lo que pretende la AVC «es la barra libre». Y «eso no lo vamos a permitir», aseveró.

Conclusiones

PGOU y ordenanza
El Plan General establece barreras de entrada a la actividad económica que no se justifican. La ordenanza, pese a ser más restrictiva en la Parte Vieja, es más flexible en el resto de la ciudad. Se benefician más los propietarios de zonas permitidas y las empresas que ya operan.
Falta de justificación
El Ayuntamiento no argumente por qué da «razones de orden público, seguridad o medio ambiente» para restringir el uso turístico.

Nueva ordenanza

Zona A
Parte Vieja. No se conceden más licencias.
Zona B
Centro, Gros, partes de Amara, Egia y Antiguo. Límite a primeros pisos de menos de 250 metros.
Zona C
En el resto, dos pisos por cada seis plantas.

El alcalde indicó que su Gobierno será «tajante» a la hora de «defender» la potestad municipal para regular la actividad de los pisos turísticos. Y confió en que el resto de grupos también lo sea. «Porque lo que dice la Autoridad Vasca de la Competencia es que cada uno haga lo que quiera», y eso contraviene -recordó- no solo cualquier ordenación urbana, sino también legislaciones como la «Ley de Vivienda o la propia Constitución» que reconocen «el derecho subjetivo» a residir en una vivienda digna. «Si no se limita el uso turístico, puede verse perjudicada nuestra obligación de proporcionar a la ciudadanía viviendas de uso residencial», advirtió Goia, que rechazó de plano el documento, antes incluso de que sea revisado por los servicios jurídicos del Consistorio, tal y como avanzó.

«Seguridad jurídica»

También los grupos de la oposición mostraron su inquietud por el informe y sus consecuencias. La portavoz popular, Miren Albistur, pidió «seguridad jurídica para la nueva regulación, porque no arreglamos nada si al día siguiente los tribunales la paralizan». El concejal de EH Bildu Ricardo Burutaran compartió con Goia que no se puede permitir que «haya libertad absoluta para pasar de vivienda residencial a turística», porque «se desvirtúa y modifica la calificación de esas viviendas». El concejal del PSE, Enrique Ramos, se preguntó por qué si el PGOU limita, como denuncia la AVC, la libre competencia no se había «planteado antes». Y el representante de Irabazi, Loïc Alejandro, crítico como el resto de la oposición con diversas medidas incluidas en el reglamento, preguntó si la «amenaza» de este y otros recursos anunciados -como el de la asociación de pisos turísticos de Euskadi, Aparture- conllevará algún cambio de estrategia.

La ordenanza, que podría abrir camino en otras ciudades, sigue sumida por tanto en la incertidumbre antes de que se apruebe.

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