Gipuzkoa recupera solo un tercio del dinero recortado por el Estado para dependencia

Un hombre acompaña a una mujer dependiente por las calles de Donostia./LOBO ALTUNA
Un hombre acompaña a una mujer dependiente por las calles de Donostia. / LOBO ALTUNA

El acuerdo con Madrid supondrá una inyección de 1,4 millones de euros al año a las arcas forales. En realidad, harían falta 4 millones de euros para volver al nivel previo al 'tijeretazo' de 2012, que el territorio compensó con fondos propios

ARANTXA ALDAZSAN SEBASTIÁN.

La Ley de Dependencia ha abierto esta última semana varios frentes informativos. Y al menos uno de ellos para dar una pequeña alegría -aunque no es plena- a las cuentas de la Diputación. El acuerdo sellado en Madrid entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad permitirá recuperar un 5% de la financiación estatal perdida, lo que supondrá una inyección de 1,4 millones de euros al año para el territorio, según los datos del Departamento de Políticas Sociales. Si no se abre más el objetivo, la foto sale perfecta. Pero en el encuadre no hay que perder de vista los recortes sufridos en 2012, cuando el Gobierno de Madrid rebajó un 13% su aportación, un tijeretazo del que Gipuzkoa se blindó, entonces bajo el gobierno de Bildu y hoy bajo el mandato bipartito del PNV y PSE. Las prestaciones que reciben los dependientes guipuzcoanos no sufrieron ninguna rebaja a costa de un mayor gasto financiado por la Diputación. El grifo se cerró de un lado pero se tuvo que abrir de otro para que no hubiera damnificados.

Las cuentas no salen por lo tanto tan redondas para los intereses guipuzcoanos. De no aplicarse el recorte, el territorio debería estar recibiendo del Ministerio de Sanidad algo más de 4 millones de euros al año y el 'plus' que se ha conseguido arrancar ahora se queda en los 1,4 millones citados, poco más de un tercio. Ni siquiera está claro si se cobrará con efecto retroactivo a 1 de enero de 2017, como reclaman las autonomías. De ahí que tanto el Gobierno Vasco como las diputaciones hayan reclamado al menos volver al escenario anterior al decretazo de 2012, el que aplicó el recorte, porque a estas alturas cumplir con el compromiso de financiar a partes iguales el gasto público en dependencia, como en teoría marca la ley, suena a película de ciencia ficción. En la reunión mantenida hace diez días en Madrid, la consejera Beatriz Artolazabal y la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, reclamaron al Ministerio de Sanidad un mayor esfuerzo inversor. «El Estado nos paga por toda la dependencia en torno al 11% de lo que nos debería pagar, y reclamamos que incrementen la financiación, y por lo menos cubran lo que recortaron en el 2012, un recorte que por cierto, la Diputación no ha aplicado», señaló entonces la diputada jeltzale.

En realidad, lo que determina el decreto sobre financiación estatal es el nivel mínimo de protección garantizado a los beneficiarios del sistema, es decir, la cuantía mínima que el Estado paga para las prestaciones por cada persona dependiente en función de su grado, un suelo que luego cada territorio -en este caso le compete a la Diputación- puede elevar, como así ocurre en Gipuzkoa, donde las ayudas por dependencia siempre han sido más elevadas que las que propone el Estado. En números, pagará 47,38 euros al mes para un dependiente leve (nivel 1), frente a los 44,33 que venía abonando hasta ahora; para un dependiente de grado medio (nivel 2), la cuantía pasará de los 82,84 euros al mes a los 84,49 euros, y para los dependientes severos se abonarán 190,13 euros, en lugar de los 177,86 actuales.

La financiación del Estado ronda el 10% de la factura final; más del 80% corre a cargo de la Diputación FINANCIACIÓN DE LA DEPENDENCIA

El Ministerio de Sanidad garantiza unas cuantías mínimas que luego cada territorio completa CUANTÍAS

La Diputación cambiará las prestaciones, pero se mantendrán por encima de las cifras del Estado La Diputación elevó su aportación para que las prestaciones no se redujeran LA REFORMA FORAL

Estas cifras no son las cantidades que Gipuzkoa paga a cada beneficiario, puesto que las completa con fondos propios. Hasta la fecha, las cuantías han oscilado desde los 180 euros para el nivel más bajo hasta los 833,96 euros para el dependiente con mayores necesidades de apoyo. El sistema, sin embargo, se va a someter a un cambio de calado, según la reforma propuesta por la Diputación que atañe directamente a estas cuantías.

La reforma planteada

En la línea de ajustarse a la fórmula de financiación expuesta por Madrid, el sistema reducirá de seis a tres los tramos de cobro, eliminando los niveles de dependencia. Quedarán únicamente tres grados: los de grado I (el leve) pasarán a cobrar 154 euros como máximo; los de nivel II (dependencia moderada) recibirán una paga mensual de entre 338 y 800 euros, en función del tipo de ayuda (cuidado familiar, asistente personal o prestación para financiar una plaza privada en residencia), y los de nivel III (dependencia grave), entre 430 y 900.

El cambio, que ahora se somete a las aportaciones de los grupos y de las entidades sociales, premia especialmente a los dependientes de grado medio. La apuesta va dirigida a potenciar los cuidados de personas contratadas en el hogar, frente al modelo familiar tradicional y predominante. También se inyecta más dinero a la prestación vinculada al servicio, el dinero que reciben los dependientes que recurren a una residencia privada porque no hay un recurso público disponible.

La cifra

244 millones al año
supone el gasto público para la dependencia, que incluye la financiación de las residencias, centros de día, teleasistencia, ayuda domiciliaria y las prestaciones económicas.

Algo más de la mitad (54%) de los actuales beneficiarios de ayudas por dependencia saldrá ganando con las nuevas cuantías propuestas. En total son 8.844 personas, que verán cómo la paga que reciben cada mes sube de media 131 euros, según los datos aportados por el Departamento de Políticas Sociales. Sin embargo, hay otros dependientes que saldrán perdiendo. Se trata de 5.509 personas, el 34% de la demanda actual, la mayoría personas con dependencia leve, que dejarán de percibir una media de 56,67 euros al mes. Completan la fotografía 1.793 perceptores, que mantienen como ahora la ayuda.

En cualquier caso, las cuantías que pagará Gipuzkoa a partir de enero seguirán siendo superiores a las cifras medias del Estado. La realidad sigue demostrando que el porcentaje de financiación a cargo del Estado se reduce al 10%. Esto es, de cada diez euros que gastan las administraciones públicas en Gipuzkoa para financiar la dependencia solo 1 sale de Madrid. El resto corre a cargo principalmente de la Diputación, que financia el 81% del gasto público. Los ayuntamientos guipuzcoanos aportan alrededor del 6% mientras que el resto, un 1,3%, sale de los presupuestos del Gobierno Vasco.

En total, la factura por dependencia en Gipuzkoa asciende a casi 244 millones de euros al año, en los que se incluyen partidas como el gasto en residencias, en ayuda domiciliaria, teleasistencia o las prestaciones económicas.

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