El envío de basura a Bizkaia empezará el 1 de septiembre

Incineradora de Zabalgarbi. /DV
Incineradora de Zabalgarbi. / DV

Gipuzkoa pagará 119,76 euros por tonelada, el precio público establecido a los ayuntamientos de Bizkaia, más un sobrecoste de 15,54 euros por variar los flujos en Bizkaia durante 2018

Gaizka Lasa
GAIZKA LASA

El diputado foral de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio (PSE), ha anunciado que la Diputación de Gipuzkoa ha llegado a un preacuerdo con la Diputación de Bizkaia para el envío de residuos al territorio vecino que tendrá que ser aprobado tanto por la asamblea del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (el 12 de junio) como por las Juntas Generales de Bizkaia. No ha concretado el destino de la basura, dejando en manos de la sociedad pública Garbiker esa decisión. Tal y como adelantó DV, el residuo irá a parar a la incineradora de Zabalgarbi para derivar después las escorias al vertedero de Artigas.

Según ha explicado, los envíos a Bizkaia empezarán el 1 de septiembre y las condiciones serán diferentes en 2018 y 2019. Para este año, la Diputación vizcaína ha establecido una cantidad mínima de 20.000 toneladas y una cantidad máxima de 25.000, a un ritmo de unas 1.200 toneladas por semana. Para 2019, el mínimo serán 25.000 toneladas y el máximo, 60.000, un margen más amplio porque, según José Ignacio Asensio «en la medida en la que podamos ir utilizando las infraestructuras de Zubieta, la necesidad será menor».

El precio del tratamiento del residuo será el que la empresa pública Garbiker cobra a los ayuntamientos de Bizkaia, es decir, de 119,76 euros por tonelada. Sin embargo, durante el año 2018 Gipuzkoa tendrá que pagar un sobrecoste de 15,54 euros por tonelada por modificar los flujos de residuos de los municipios vizcaínos. Se da la circunstancia de que la incineradora de Zabalgarbi no puede albergar la basura de los pueblos de Bizkaia y la que llega de Gipuzkoa por falta de capacidad, por lo que la sociedad pública Garbiker tendrá que redirigir algunas cantidades a otros recursos.

Este sobrecoste se elimina en 2019 dado que, tal y como ha explicado el diputado foral, la idea es enviar los residuos guipuzcoanos ya pretratados tras su paso por la planta de tratamiento mecánico-biológico (TMB) de Zubieta, disponible a partir de marzo-abril. En este sentido, durante 2019, no sería necesario dirigir el residuo guipuzcoano a Zabalgarbi puesto que cumpliría el requisito exigido por los vertederos de llevar la basura pretratada.

Una comisión mixta compuesta por técnicos de GHK y Garbiker analizará las necesidades de cada momento y organizará la logística en cada situación.

Asensio ha valorado la «flexibilidad» del acuerdo porque permitirá a Gipuzkoa adecuar los envíos a la necesidad de cada momento. La estrategia guipuzcoana pasa por utilizar al máximo el vertedero de Mutiloa, con quien alcanzará una prórroga de un año (102.000 toneladas) a partir de noviembre. Esa prórroga le permitirá minimizar los envíos a Bizkaia.

Asensio ha destacado que este acuerdo «va a posibilitar que Gipuzkoa tenga garantizado el servicio de tratamiento de residuos» hasta la entrada en funcionamiento de las instalaciones de Zubieta. Ha añadido que el 2019 será «el último año en el que tengamos que echar mano de otros territorios y el punto de inflexión para ser autónomos en la gestión de los residuos».

ELA, en contra

Por su parte, el sindicato ELA ha considerado «inadmisible» la decisión de la Diputación «en contra de la opinión de la mayoría de la sociedad». En ese sentido, ha exigido que estos residuos «no se quemen en ninguna incineradora, porque hay tratamientos y modelos de gestión de residuos mucho más sostenibles, como ya se ha demostrado» en territorio guipuzcoano.

A su juicio, «el responsable de esta situación es el PNV, quien paralizó la construcción de las plantas de tratamiento». ELA ha destacado que el «principal interés» de la formación jeltzale es el de «construir la incineradora cueste lo que cueste» y no «el reducir la dependencia o garantizar la sostenibilidad». «La prioridad es hacer negocio, primero en su construcción, y después quemando la mayor cantidad posible de residuos. Es inadmisible poner el beneficio económico de unos pocos por encima del medio ambiente y la salud de las personas», ha concluido.

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