Euskadi logra ampliar in extremis la regulación de 8.000 cuidadores de dependientes

Un hombre pasea a una persona en silla de ruedas por la Zurriola en Donostia./AYGÜÉS
Un hombre pasea a una persona en silla de ruedas por la Zurriola en Donostia. / AYGÜÉS

El pacto con Madrid permitirá que los trabajadores puedan acreditar el título exigido hasta 2022

ARANTXA ALDAZSAN SEBASTIÁN.

Euskadi ha logrado desatascar in extremis el tapón que se había formado para que cerca de 8.000 trabajadores que cuidan de personas dependientes puedan acreditar su formación, y por lo tanto, mantener su empleo. La reunión mantenida la semana pasada en Madrid entre representantes de todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad se saldó con un acuerdo satisfactorio para los intereses vascos: los cuidadores de dependientes -tanto los que trabajan en centros y residencias como los auxiliares a domicilio y los que se ajustan a la figura de asistente personal en las casas- tendrán un margen extra, hasta 2022, para cumplir con la Ley de Dependencia.

Este plazo adicional evita un escenario indeseado, que ha sumido en la incertidumbre y la preocupación al sector. De no haberse logrado la excepción, se corría el riesgo de que esos miles de trabajadores quedaran fuera de la ley. Después de un largo proceso y de varias prórrogas concedidas, la normativa estatal estableció que a partir del 1 de enero de 2018 toda persona que trabaje en el sector de la dependencia tiene que contar con una formación específica o acreditar una experiencia laboral larga. En el sector conviven hoy auxiliares de geriatría que no tienen la educación secundaria, con otros que han cursado grados de FP y otros profesionales sobrecualificados que también deberán acreditar el título exigido para el cuidado de personas dependientes.

Las cifras

8.000
cartas ha enviado el Gobierno Vasco a cuidadores de personas dependientes para instarles a inscribirse en la convocatoria de este año para acreditar su formación. El plazo terminó el viernes
3.000
personas que trabajan en el sector de cuidados a dependientes, según las estimaciones del Gobierno Vasco, no cuentan ni con el título exigido ni con la experiencia laboral requerida. El resto, otras 5.000 personas, podrán convalidar su formación por experiencia o porque ya cuentan con la titulación. Tendrán de plazo hasta 2022.

Si no fuera suficiente revolución, la acreditación también implica a los asistentes personales, los trabajadores contratados en los hogares para cuidar de personas dependientes. Estas últimas cobran una prestación para sufragar el gasto de contratar a un cuidador. Se trata de un colectivo laboral de perfil muy concreto, mayoritariamente mujeres, extranjeras y con escasa formación, lo que dificulta aún más la acreditación de un título. En Gipuzkoa hay 5.000 personas bajo esta figura, el 85% del total en el Estado. El hecho de que sea un modelo desarrollado prácticamente en exclusiva en el territorio ha dificultado la negociación con el resto de comunidades autónomas y el Ministerio, para quienes la regulación de este colectivo no resultaba tan urgente. De hecho, tanto la Diputación de Gipuzkoa como los representantes del Gobierno Vasco tuvieron que pelear hasta el último minuto en la reunión de la pasada semana para que se aceptaran sus propuestas, como así finalmente ocurrió. De lo contrario, el colectivo hubiera quedado en un «limbo legal» no deseado, explicó ayer a este periódico, Emilio Sola, director de Servicios Sociales del Departamento vasco de Empleo y Políticas Sociales.

El plan B

El proceso se antojaba complejo desde el principio. Pero se añadieron más problemas. La escasez de plazas formativas ofertadas para acreditar el título -que compete a Lanbide y a FP- y que las hojas del calendario iban pasando sin soluciones sobre la mesa terminaron por dibujar un callejón al que se le tuvo que buscar una salida con urgencia. Euskadi y el resto de comunidades asumieron este año que no llegarían a tiempo, e idearon un plan B.

El Departamento realizó hace dos semanas un envío masivo de cartas a 8.000 cuidadores -la Diputación hizo lo mismo para los asistentes personales- en la que se les instaba a que se apuntaran a la convocatoria de este año para acreditar su experiencia y formación. Aun a sabiendas de que las 900 plazas iban a resultar insuficientes para absorber toda la demanda, el objetivo de la Administración ha sido «que se inscribiera todo el mundo» para no dejar fuera a ningún trabajador y luego dar margen hasta 2022 para comprobar si ya cumplen con las exigencias (porque ya tienen el título o porque acreditan la experiencia laboral exigida) o deben hacer los cursos formativos. El visto bueno de Madrid era indispensable para que los planes salieran sobre lo previsto. De ahí la importancia de la reunión de la semana pasada. Un 'no' hubiera significado «un escenario terrible», reconocía ayer Sola.

Ahora bien, logrado más tiempo, no se despejan todas las incógnitas. Desde el departamento saben que la pelota está también sobre el tejado de Lanbide y la dirección de FP para que contemplen plazas extraordinarias en las convocatorias anuales que sacan para la acreditación de título, abiertas a otras profesiones. Sin plazas suficientes, no se podrá responder a toda la demanda por mucho que se hayan ganado cinco años de plazo.

Por otro lado, quedan todavía varios 'flecos' por cerrar y que serán objeto de una reunión interterritorial en próximas fechas. Uno concierne a los integradores sociales. El acuerdo con Madrid adoptado esta pasada semana contempla que puedan convalidar su formación todos aquellos que ya estén en el mercado laboral, pero deja fuera a las personas que están ahora cursando este ciclo formativo, lo que echaría por tierra sus aspiraciones laborales. El sector se ha dirigido al Gobierno Vasco para que responda a su reivindicación.

Además, y no resulta un asunto menor para Gipuzkoa, falta acordar una regulación común de la figura del asistente personal. Hasta la fecha, cada territorio ha actuado según el criterio elegido. En el caso de la Diputación foral, se ha apostado por esta fórmula para extender la contratación de cuidadores de dependientes en el hogar frente al modelo familiar. La inclusión del colectivo en el proceso de acreditación extraordinaria es un primer paso.

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