Euskadi dedicará más recursos a la recuperación de las víctimas de la violencia

Cientos de personas mostraron en verano su rechazo a las dos agresiones sexuales cometidas en Zarautz. Estos delitos se han disparado un 38% este año en Gipuzkoa./JOSE MARI LÓPEZ
Cientos de personas mostraron en verano su rechazo a las dos agresiones sexuales cometidas en Zarautz. Estos delitos se han disparado un 38% este año en Gipuzkoa. / JOSE MARI LÓPEZ

Prepara una ley propia con medidas para reparar el daño de las mujeres supervivientes y sus hijos

ARANTXA ALDAZSAN SEBASTIÁN.

«Me encantaría decirte que todo ha cambiado». La voz de Raquel Orantes, en una carta que leyó hace tres semanas en la radio en homenaje a su madre, Ana Orantes, volvió a conmocionar veinte años después del crimen machista que puso por primera vez en el debate social y político el drama inasumible de la violencia de género en España. Teresa Peramato, fiscal adscrita a la Sala de Violencia sobre la Mujer, se dolió también con ese recuerdo. «Fue una mujer valiente, con ella empezó a cambiar la respuesta pública» hacia lo que antes se consideraban problemas del ámbito doméstico, que debían resolverse de puertas para adentro, en privado. Aquella brecha abierta por el testimonio en televisión de una mujer maltratada durante cuarenta años por su entonces marido, quien dos semanas después la quemó viva en el patio de su casa, escribió el primer capítulo de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, un camino en el que la contestación social ha vuelto a despertarse en 2017, un año que se cierra con 48 mujeres y 8 menores asesinados en España y con cuatro denuncias al día, solo en Gipuzkoa. ¿Qué debe esperarse ahora? ¿Cuáles son los desafíos pendientes de encarar? ¿Cómo superar la frustración de ver que la concienciación social no logra frenar el número de asesinatos y de víctimas?

«El silencio se ha roto». La catarata de reacciones por el juicio a 'la manada', el asesinato de Diana Quer o el escándalo por los abusos sostenidos del productor de Hollywood Harvey Weinstein han supuesto «un revulsivo importante. La gente ha salido a la calle. Significa mucho. Ya no solo no se tolera la violencia de género, sino que se rechaza cualquier señal de discriminación hacia la mujer. La implicación de la sociedad en estos últimos meses no se había registrado nunca. Que dos personas en la calle intervengan ante un grito de auxilio, lo que ayudó a frustrar el intento de secuestro de una chica por parte del presunto asesino de Quer, es un ejemplo elocuente. Que se haya roto el silencio que rodea a cualquier tipo de violencia ejercida sobre la mujer abre un nuevo camino», interpreta Peramato, una reacción social que ahora las instituciones deben saber anclar con más compromisos. «Ha sido un año de lecciones y hay que aprovecharlas desde el punto de vista institucional, pero también jurídico y policial», sostiene.

Los datos

100 delitos contra la libertad sexual
contabilizó la Ertzaintza entre enero y septiembre de 2017 en Gipuzkoa. Suponen 24 más que en el mismo periodo del año anterior, lo que arroja un aumento del 31,5%. Es decir, en Gipuzkoa se denuncia un delito sexual casi cada tres días.
14 mujeres
en Gipuzkoa viven actualmente escoltadas por la Er-tzaintza ante el elevado riesgo de sufrir una agresión por parte de sus parejas o sus exparejas.
5,5% de las denuncias son retiradas
por la víctima, que tiene derecho a no declarar
365 denuncias
por violencia de género recibieron los juzgados guipuzcoanos en el tercer trimestre de 2017 (una media de cuatro al día), según los últimos datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial.

Peramato pone el énfasis en reforzar la red de apoyos y la asistencia a las mujeres antes de la denuncia. El discurso oficial anima a las víctimas a decir basta y a acudir a una comisaría a denunciar el maltrato o cualquier tipo de abuso sobre ellas. «Hay que reforzar a estas mujeres desde antes, no solo para que den el paso, sino para que se sientan fuertes a lo largo del proceso y después, para poder abandonar ese círculo de violencia. Porque pueden tener una reacción valiente y denunciar, pero si luego no se sienten apoyadas y vuelven a sentir esa flaqueza que les caracteriza por muchas cosas, por los temores, por los hijos..., se echan para atrás. Tienen que estar reforzadas desde antes de la denuncia y no abandonarlas después».

Porque la violencia se puede reproducir. Incluso con sentencias condenatorias, se observa la realidad de que las víctimas pueden volver a caer en las redes del maltratador. «Tienen que tener el apoyo que sea necesario hasta que sean absolutamente independientes y se hayan recuperado psicológicamente, para poder hacer una vida con absoluta libertad», reclama la jurista. La cuestión es cómo hacerlo, cómo evitar por ejemplo que se acojan a su derecho a no declarar, una decisión que conlleva casi siempre el archivo de la causa, porque el testimonio de la víctima es clave para armar la acusación contra el supuesto agresor. Aunque la cifra se ha reducido, todavía un 10% de las mujeres que denuncian se acogen a ese derecho. En Gipuzkoa, ese porcentaje es inferior, en torno al 5,5%.

Las cuestiones planteadas deben ser atendidas por las instituciones. El Pacto de Estado contra la violencia de género, con 200 millones al año que de momento no tienen presupuesto reservado, ha identificado los desafíos pendientes, como son la protección de los hijos víctimas del maltrato, la prevención, la coordinación institucional y la persecución del agresor, que se pongo el foco en él y no en la víctima.

En paralelo, en Euskadi la respuesta legislativa avanza con el compromiso de aprobar una ley propia de erradicación de la violencia hacia las mujeres, en la que se incidirá de manera novedosa en la necesidad de abordar la reparación del daño a las víctimas, avanza la directora de Emakunde, Izaskun Landaida. El País Vasco cuenta desde hace una década con una Ley de Igualdad, en la que se dedica un capítulo especial a las medidas concretas contra la violencia de género. Ese paraguas legislativo, junto con la Ley integral aprobada en 2004 por el Congreso, ha armado la estrategia de protección y atención a las mujeres víctimas. Pero es evidente que esas medidas no han conseguido atajar el problema. «Es precisamente la realidad la que nos tiene que hacer trabajar y avanzar más», defiende Landaida.

La futura ley vasca, uno de los compromisos legislativos del gabinete Urkullu, se encuentra todavía en una fase inicial de participación, con grupos de debate en cada territorio. Landaida subraya que «no empezamos de cero», y que ese trabajo previo, tanto desde las instituciones como desde el movimiento asociativo, ha desencadenado un clamor social que redobla las exigencias hacia las instituciones.

Landaida cree que uno de los aspectos clave ha sido entender cuál es la raíz del problema. «No es un problema exclusivo de violencia, es un problema de desigualdad. El Convenio de Estambul -un documento internacional firmado por trece países, entre ellos España- insiste en que no se puede desvincular la violencia de las mujeres de la desigualdad».

Nuevo plan de igualdad. Más allá del discurso, se necesita un plan de acción, con medidas y una cobertura legal adecuada a las nuevas realidades, como es el hecho de que los menores se reconocen ya como víctimas del maltrato. La reparación de los víctimas, añade, figura también entre los asuntos pendientes. El concepto va más allá de un apoyo económico. En la actualidad, la legislación recoge las llamadas ayudas de pago único, para aquellas víctimas que carezcan de recursos. El VII Plan para la Igualdad, a las puertas de su aprobación, sirve de hoja de ruta y ya recoge por primera vez el compromiso de «incrementar los recursos públicos de forma que se contribuya a la completa y total recuperación de las supervivientes y de sus hijas e hijos».

La administración deberá «explorar fórmulas para garantizar la no repetición del daño, poniendo la atención en quien lo causa, de forma que se asegure a todas las mujeres una vida libre de violencia». El documento reconoce «el derecho a la indemnización económica proporcionada, en la que se consideren todos los impactos de la violencia sobre las supervivientes».

Cómo prevenir la violencia. La cuestión, en el fondo, es cómo ser más eficaces en la prevención de la violencia. La psicóloga de la UPV Ignacia Arruabarrena reflexiona sobre varios puntos que habría que abordar. El primero incide en la intervención temprana. La investigación de los casos de agresiones revela que la violencia, «en gran parte de los casos, no aparece ni se restringe a las relaciones de pareja», dice esta profesora del Departamento de Psicología Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento. De ahí que reclame un enfoque de prevención que vaya más allá de los programas «focalizados en cambios de actitudes o promoción de la igualdad de género».

«Resulta imprescindible poner en marcha programas de intervención temprana dirigidos a la prevención de la conducta violenta, antisocial y delictiva, así como programas de intervención en menores que ya manifiestan conductas violentas». Lamenta que en España en general y en el País Vasco en particular la implantación de programas basados en la evidencia «es aún escasa».

Errores para corregir. Arruabarrena señala dos «errores importantes» que constituyen, a su juicio, «una rémora» para ser más eficaces en la erradicación de la violencia hacia las mujeres. Por un lado, «se consideran los casos extremos como representativos del conjunto de la violencia hacia las mujeres», y además, «se entiende la violencia como un fenómeno uniforme y unicausal».

La investigadora afirma que la violencia en las relaciones no es un fenómeno homogéneo. «Hay distintos tipos de violencia y con diferentes motivaciones. Los casos extremos tienden a corresponder a un patrón unidireccional de violencia controladora y coactiva producida en contextos de desequilibrio de poder y perpetrada mayoritariamente por varones hacia mujeres. Pero hay muchos otros casos de violencia de pareja que no corresponden a este patrón, donde la violencia responde a otras motivaciones y puede ser explicada por otras causas».

Y ahí detecta una de las carencias del actual sistema de atención: «Si centramos exclusiva o principalmente la perspectiva de análisis y abordaje del problema en cuestiones relacionadas con desequilibrios de poder asociados al género, estamos dejando fuera una gran parte de la realidad de la violencia en las relaciones de pareja y hacia la mujer. Quizá esto pueda explicar en parte por qué la incidencia del problema no parece descender a pesar de las medidas adoptadas en nuestro país».

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