Encausan a un conocido abogado donostiarra por quebrantar la orden de protección a su exnovia

Miguel Alonso Belza habría vulnerado la orden al llamar en cuatro ocasiones a su excompañera desde distintas cabinas telefónicas de San Sebastián

EFESan Sebastián

El Juzgado de Violencia contra la Mujer de San Sebastián ha decidido encausar al letrado Miguel Alonso Belza por un delito continuado de quebrantamiento de la orden de protección que este mismo órgano había dictado en favor de su exnovia, después de que ésta lo denunciara por malos tratos.

Alonso Belza quien, tras hacerse público este caso, fue retirado "cautelarmente" por el Colegio de Abogados de Gipuzkoa del Turno de Oficio de Violencia contra la Mujer al que estaba adscrito voluntariamente, es conocido por haber representado a la familia de Nagore Laffage, víctima de un asesinato machista en Sanfermines de 2008.

El letrado donostiarra, que ha llevado numerosos casos penales en Gipuzkoa, ha sido profesor de Derecho Penal en la Universidad del País Vasco, es Miembro de Honor del Instituto Vasco de Criminología (IVAC), y fue diputado de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Gipuzkoa, a la que dejó de pertenecer tras este asunto.

Los hechos que motivaron la orden de protección en favor de su excompañera tuvieron lugar presuntamente entre abril y diciembre de 2016, cuando, según el juzgado, supuestamente la víctima habría sufrido, "indiciariamente", "numerosos episodios de agresividad física, psíquica y ambiental" por parte del ahora encausado, con el que había iniciado una "relación afectiva" en 2015.

Delito de maltrato habitual

Tras la denuncia presentada por la presunta víctima, el juzgado consideró que los hechos eran "aparentemente constitutivos de un posible delito de maltrato habitual, así como de diferentes delitos de maltrato y de acoso en el ámbito de la violencia de género" y dictó la citada medida cautelar que posteriormente fue ratificada por la Audiencia de Gipuzkoa desestimando el recurso que presentó el abogado.

En un nuevo auto al que ha tenido acceso EFE, el Juzgado de Violencia contra la Mujer entiende ahora que existe "una base indiciaria racionalmente suficiente" del quebrantamiento de esta orden de protección, que el encausado habría vulnerado al llamar en cuatro ocasiones a su excompañera desde distintas cabinas telefónicas de San Sebastián "siendo plenamente consciente" de la vigencia de la citada prohibición judicial.

Asimismo, el abogado se habría comunicado con la víctima a través de una tercera persona a la que habría dado distintos mensajes para ella, tanto en persona como por teléfono y por mensajes a su móvil.

Presenta un recurso de apelación

En su auto, el Juzgado de Violencia contra la Mujer considera que las llamadas telefónicas realizadas a la perjudicada, que "constan aportadas al procedimiento", constituyen "una realidad objetiva" que proporciona "una base indiciaria mínimamente suficiente que permite atribuir en este momento procesal su autoría al investigado".

El texto judicial explica además que la víctima ha reconocido "sin ninguna duda la voz" del abogado en estas llamadas, al tiempo que recuerda la existencia de un testigo, de cuya credibilidad "no cabe racionalmente dudar", y que transmitió a la mujer "los mensajes que le hacía llegar el investigado con indicación expresa de que así lo hiciera".

Por estos motivos, el auto da ahora traslado de lo actuado a la Fiscalía y a la acusación particular que ejerce la perjudicada para que soliciten la apertura de un juicio oral "formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o excepcionalmente, en su caso, la práctica de diligencias complementarias".

Juan Román Zubillaga, que ejerce la defensa en este caso en representación de Miguel Alonso Belza, ha anunciado a Efe que ya ha presentado un recurso de apelación en la Audiencia de Gipuzkoa contra este auto.

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