Elkartu recurre la reforma del sistema de ayudas a la dependencia en Gipuzkoa

Mikel Malkorra, presidente de Elkartu, en la sede de la federación en Donostia. / AYGÜES
Mikel Malkorra, presidente de Elkartu, en la sede de la federación en Donostia. / AYGÜES

La federación de personas con discapacidad física considera que la norma «incurre en un supuesto de discriminación»

ARANTXA ALDAZ SAN SEBASTIÁN.

Una persona con discapacidad tiene derecho a cuidar de una persona dependiente, y por lo tanto a acceder a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar garantizada a través de la Ley de Dependencia. Así lo cree la federación coordinadora de personas con discapacidad física de Gipuzkoa, Elkartu, que ha recurrido la reforma del sistema de prestaciones que entró el vigor el pasado 1 de enero, por considerar que «incurre en un supuesto de discriminación dado que presume la incapacidad -del colectivo al que representan- para ejercer dichas funciones de apoyo y cuidado, privándoles en consecuencia del derecho a tener la condición de persona cuidadora no profesional de una persona en situación de dependencia», lo que da lugar al derecho a recibir una ayuda mensual, de entre 154 euros a los 834, en función del grado y tipo de prestación.

Según explicaron en una nota de prensa, el nuevo decreto foral establece como requisito para acceder a la prestación para el cuidado en el entorno familiar que la persona cuidadora deberá tener «la capacidad física y psíquica suficiente para desarrollar adecuadamente por sí misma las funciones de cuidado y apoyo que precise la persona dependiente. A efectos de lo anterior, se considerará que la persona cuidadora no podrá ser una persona con reconocimiento de dependencia, una persona que tenga reconocida la pensión de gran invalidez o la necesidad de asistencia de tercera persona, o una persona que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65%». Elkartu entiende que estas condiciones suponen «un supuesto de flagrante discriminación que contraviene los principios y derechos recogidos en la propia Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad». La federación se queja de que, a diferencia del resto de personas que solicitan la prestación, se les niega «el derecho a que los servicios sociales municipales verifiquen la capacidad para tener la condición de persona cuidadora no profesional a través de la emisión del informe de idoneidad o no idoneidad».

Se da la circunstancia de que el cambio del sistema de prestaciones de la Ley de Dependencia será hoy objeto de debate en las Juntas Generales, donde se discutirán sendas peticiones de EH Bildu y de Podemos para que se restablezcan las cantidades anteriores a la reforma aprobada por la Diputación, tras la cual 4.000 titulares han salido perdiendo, pero más de 9.000 están recibiendo una cantidad más elevada.

En concreto, piden que las cuantías máximas se fijen entre 180 y 900 euros. La iniciativa no tiene visos de salir adelante ya que PNV y PSE, socios de gobierno, han pactado un texto en el que defienden seguir apoyando el nuevo sistema, y que se mejoren las prestaciones a las personas con mayor grado de dependencia.

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