Donostia regula los pisos turísticos con un informe jurídico que rebate a Competencia

Dos turistas en el mostrador de una empresa de apartamentos en Donostia./SARA SANTOS
Dos turistas en el mostrador de una empresa de apartamentos en Donostia. / SARA SANTOS

Los servicios legales del Ayuntamiento concluyen que la nueva ordenanza es de naturaleza urbanística, no económica, y de competencia municipal

GAIZKA LASASAN SEBASTIÁN.

El alcalde de Donostia, Eneko Goia, adelantó el titular el lunes y los servicios jurídicos del Ayuntamiento han desarrollado la letra pequeña. Regular los pisos turísticos es tanto como regular el uso del suelo urbano, y eso es competencia municipal. Punto. Lo dijo el primer edil y lo explica un informe jurídico de seis páginas al que ha tenido acceso este periódico, fechado el 15 de febrero. Conclusión: ya puede recurrir la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) a los tribunales -tal y como avisó la semana pasada- para lograr flexibilizar la entrada de nuevos operadores en el mercado de los pisos turísticos porque el Ayuntamiento no va a tener en cuenta su opinión -no vinculante- en la ordenanza elaborada para regular el sector que aprobará el 1 de marzo.

Donostia da así un portazo a la advertencia de la AVC, para quien los nuevos requisitos que imposibilitan la entrada de nuevos pisos turísticos no están justificados. La nueva ordenanza dividirá la ciudad en tres zonas en función de la saturación de este tipo de alojamientos ya existentes. Así, prohibirá que se implanten más en la Parte Vieja y establecerá un máximo de metros cuadrados destinados a esta actividad por edificio en las otras zonas. En cualquier caso, según Competencia, establecerá «barreras que no se justifican como necesarias ni proporcionales a la realización de la actividad».

Los argumentos

AVC
Como la Ordenanza define qué actividades comerciales o de servicios se pueden llevar a cabo en edificios ya construidos, no tiene una naturaleza urbanística.
Ayuntamiento
La competencia de ordenación urbanística no se agota en la determinación de la tipología de edificios; es también su responsabilidad determinar el uso al que pueden destinarse las edificaciones, antes y después de su construcción.
AVC
Las comunidades de propietarios son las más apropiadas para limitar o prohibir.
Ayuntamiento
Un particular solo podrá cambiar el uso urbanístico de su vivienda si la ordenación urbanística se lo permite.

El Ayuntamiento ha reaccionado con contundencia ante lo que ha considerado «un ataque a su potestad» para regular el uso del suelo urbano, tal y como dijo Goia el lunes. Atribuye a la AVC un error de concepto y le recuerda que bajo las condiciones en las que deben operar los alojamientos turísticos subyace una cuestión de regulación del uso del suelo. Urbanismo puro y duro. Competencia municipal.

El informe jurídico del Ayuntamiento asegura que la Ordenanza regula el uso del suelo

La AVC ha advertido que recurrirá a los tribunales si no se flexibiliza la entrada de nuevos pisos turísticos

La AVC argumentaba que como quiera que en la nueva Ordenanza se define qué actividades comerciales o de servicios se pueden llevar a cabo en edificios ya construidos, eso no tiene una naturaleza urbanística. Para los servicios jurídicos del Ayuntamiento, semejante afirmación «es una auténtica barbaridad». Detalla el informe que «la competencia de ordenación urbanística no se agota en la determinación de la tipología de los edificios que se pueden construir en una zona; es también responsabilidad de la ordenación urbanística determinar el uso al que pueden destinarse las edificaciones, antes y después de su construcción».

Siguiendo con esta tesis, el texto firmado por un letrado municipal lanza -veladamente a la AVC- una pregunta retórica: «¿Puede un particular propietario de una vivienda destinarla a la actividad comercial o de servicios que más le convenga?».

Comunidad de propietarios

El Ayuntamiento envía a Competencia el mensaje de que equivoca este caso con una regulación de naturaleza económica cuando la Ordenanza «es, sin ninguna duda, una norma urbanística». Viene a insistir en que existe una cuestión previa a la pura actividad turística que no es otra que la regulación del uso del suelo. El informe constata que «resulta indiscutible que las normas urbanísticas que regulan el uso de las edificaciones tienen que ser respetadas por los prestadores de servicios en el ejercicio de su actividad económica al igual que por los particulares en su capacidad privada».

En su ejercicio de defensa de la competencia municipal para la regulación del uso del suelo, el informe también contesta a la propuesta de la AVC de que sean las comunidades de propietarios las «más apropiadas para limitar o prohibir» el desempeño de estas actividades económicas en sus edificios, «en caso de que generasen molestias». Los servicios jurídicos vuelven a su premisa principal para decir que «es el Ayuntamiento el que, en el ejercicio de sus competencias en materia de Urbanismo, debe regular el uso de las edificaciones residenciales y no las Comunidades de Propietarios».

Corresponde ahora a la AVC asumir los argumentos municipales o cumplir su advertencia de impugnar la Ordenanza ante la jurisdicción contencioso administrativa.

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