Donostia se convierte en el primer municipio vasco en poner coto a los pisos turísticos

Cuatro turistas irlandeses llegan con sus maletas a alojarse en el centro de Donostia./JOSÉ MARI LÓPEZ
Cuatro turistas irlandeses llegan con sus maletas a alojarse en el centro de Donostia. / JOSÉ MARI LÓPEZ

El Ayuntamiento forma un grupo específico de cinco municipales y cinco técnicos para hacer cumplir la ordenanza que presenta hoy. Los apartamentos registrados pasan en un mes de 889 a 1.200, más de la mitad de los de la CAV

GAIZKA LASASAN SEBASTIÁN.

A la conveniencia de regular le sigue la necesidad de controlar cuando se trata de lograr la eficacia de cualquier nueva norma. La lógica secuencia se va a aplicar a la ordenación de las viviendas destinadas a usos turísticos en Donostia, capital que concentra la problemática planteada por estos pisos y primera que toma riendas en el asunto. El Gobierno municipal presenta hoy la ordenanza redactada para encauzar una cuestión espinosa y de múltiples aristas para el sector del turismo, pero junto a ello anunciará la creación de un equipo de trabajo específico formado por diez personas cuyo objetivo será en exclusiva hacer cumplir ese documento. Primero regular, luego controlar.

De esta manera, la iniciativa de Donostia muestra el camino a otros municipios donde también empiezan a proliferar viviendas destinadas a usos turísticos. Pero la realidad es acuciante en la capital guipuzcoana, donde el debate acerca del alquiler de estas viviendas parece haber animado a más propietarios a inscribirse en el registro oficial del Gobierno Vasco. Si los datos del Departamento de Vivienda en el mes de julio apuntaban a que en el conjunto de Euskadi había registradas 1.710 viviendas -1.100 se hallaban en Gipuzkoa y, de estas, 889 en su capital-, la última actualización del mes de agosto revela que la cifra en el territorio guipuzcoano alcanza ya los 1.500 pisos, de las cuales 1.200 se localizan en Donostia.

El Ayuntamiento donostiarra no quiere dejar cabos sueltos en la futura aplicación de la ordenanza y ha decidido dotarse de un equipo de trabajo multidisciplinar compuesto por personal tanto de la dirección de Urbanismo como de la Guardia Municipal. Su labor consistirá, según fuentes municipales, en realizar un seguimiento al cumplimiento de la nueva normativa así como llevar a cabo tareas de inspección e interposición de sanciones.

La constitución de este grupo específico llega después de darse a conocer que desde enero de 2016 se han clausurado más de 150 apartamentos ilegales en la ciudad y que la nueva ordenanza prevé en su régimen sancionador multas de hasta 50.000 euros para los casos más graves.

El modelo por el que ha optado Donostia responde a un equipo con cinco agentes municipales y otros cinco profesionales del equipo de Urbanismo: dos licenciados en Derecho, un técnico con formación en construcción y dos administrativos. Las diez plazas serán de nueva creación. En el consistorio donostiarra ha calado la idea de que no se podía hacer frente al control de la nueva normativa sobre pisos turísticos con los recursos actuales.

Los datos

1.500 pisos en Gipuzkoa.
Es el dato que recoge el registro del Gobierno Vasco en agosto, de los que 1.200 se hallan en Donostia.
50.000 euros
podrán llegar a pagarse como multa en los casos más graves según el régimen sancionador de la nueva ordenanza.

El Gobierno municipal da este paso para mostrar su compromiso con la regulación del sector y hacer al mismo tiempo un llamamiento al resto de instituciones implicadas a tomarse en serio la cuestión. Según las citadas fuentes, el equipo liderado por Eneko Goia tiene la convicción de que el tema adquiere una complejidad que requiere una colaboración interinstitucional. Así como los ayuntamientos deben establecer ordenanzas apropiadas y velar por su cumplimiento, la Diputación debe realizar su labor fiscalizadora a través del Departamento de Hacienda y el Gobierno Vasco debe hacer seguimiento del registro donde tienen la obligación de inscribirse los pisos turísticos.

No comprar bloques enteros

La proporción de efectivos dedicados al control de este tipo de viviendas y el número de inmuebles susceptibles de ser controlados es similar al de otras ciudades del Estado que luchan para ordenar el sector. En Barcelona, donde calculan contar con una oferta de entre 5.000 y 6.000 viviendas turísticas, han doblado antes del verano el cuerpo de visualizadores de pisos de los 20 a los 40 personas y han incrementado hasta 34 los inspectores.

El grupo específico velará por que se cumpla «una letra pequeña que contiene detalles importantes» dentro de la ordenanza de viviendas de uso turístico que presentarán hoy el alcalde, Eneko Goia, y el concejal de Urbanismo, Enrique Ramos. No habrá café para todos. El municipio contará con un mapa de concentración de pisos turísticos para establecer distintas regulaciones. La Parte Vieja será declarada zona saturada, mientras que la zona centro, Gros y el paseo de Francia también serán consideradas de alta densidad de este tipo de viviendas.

Equipo específico de control

Pionero
Será el primero que se crea para hacer una labor de inspección de los pisos.
Composición
Cinco técnicos del equipo de Urbanismo y cinco guardias municipales.
Colaboración
Cruzará datos con Hacienda y con el Gobierno Vasco, que tiene su registro.

La nueva ordenanza

Límite de pisos
Se establece un máximo de 250 metros cuadrados ocupados para actividad económica en cada portal.
Primera planta
No se plantea como condición indispensable para ubicar un piso turístico.

Se levantará la limitación de la primera planta como única opción para albergar un piso vacacional, pero la nueva ordenanza prohibirá a un propietario adquirir un inmueble entero para burlar la condición de no incomodar a los vecinos y poder llenar el bloque de viviendas de uso turístico. Se establecerá un máximo de 250 metros cuadrados ocupados por actividades económicas para cada portal o comunidad de vecinos. Si en un edificio ya se supera ese límite no se podrá abrir ningún nuevo negocio, incluidos estos apartamentos. Se pretende que ningún espacio urbano residencial tenga más de un tercio de su suelo ocupado para actividades económicas.

El objetivo de la ordenanza será reducir el porcentaje de la oferta de alojamiento global de Donostia que hoy acaparan los pisos turísticos a un 10 o un 15%. Se calcula que hoy representan el doble, con las 1.200 viviendas oficiales que ya recoge el registro del Gobierno Vasco y las cerca de mil que se estima siguen en situación ilegal.

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