«Europa conocía nuestro peaje y podía haberlo impugnado, pero no lo hizo»

«Europa conocía nuestro peaje y podía haberlo impugnado, pero no lo hizo»

Juristas que asesorana la Diputación reiteran que la Comisión Europea no ha apreciado discriminación indirecta en el peaje de la N-1

GAIZKA LASA

La Diputación desembarcó ayer con personal jurídico en las Juntas Generales de Gipuzkoa para soportar con argumentos técnicos su convicción de que el peaje de la N-1 para camiones no es discriminatorio, en contra del fallo del TSJPV que anula el canon, así como su esperanza en que el recurso de casación que prepara no solo será admitido en el Tribunal Supremo sino que servirá para revocar la sentencia del alto tribunal vasco.

La diputada foral de Infraestructuras, Aintzane Oiarbide, compareció en la Comisión correspondiente acompañada de Juanjo Álvarez, como firmante del informe de Cuatrecasas en el que la institución foral se basó para diseñar su sistema de arcos, y de Juan Ramón Ciprián, jefe de servicios jurídicos de la Diputación que lidera la elaboración del recurso de casación. Ambos juristas expusieron distintos argumentos, pero coincidieron en uno para justificar su discrepancia con el TSJPV: la Comisión europea no ha hecho saber nada sobre ningún tipo de discriminación, luego sorprende que un tribunal anule la norma alegando que se incumple una directiva europea.

Juan Ramón Ciprián explica que el Supremo tendrá que consultar al Tribunal de la Unión Europea

Juan Ramón Ciprián reconoció que el dictamen europeo recibido por la Diputación en agosto se emitió «para comprobar si el cálculo de los peajes está correctamente hecho en función del coste de la infraestructura». Ahora bien, defendió que «si la Comisión Europea ha recibido toda la información de precios previstos y tramos, y no ha dicho nada -como había dicho en el caso de Austria citado por el TSJPV-, será que lo da por bueno». Argumentó que cuestiones como la de la discriminación indirecta forman parte de «apreciaciones previas a entrar a analizar el tema de la recuperación de costes». Y reiteró. «Veíamos altamente improbable que si la Comisión hubiese advertido algún tipo de discriminación, no lo hubiera puesto de manifiesto en el transcurso de las comunicaciones que tuvo con la Diputación».

En cambio, la sentencia del TSJPV sostiene que el citado dictamen europeo resulta «irrelevante en orden al examen sobre un eventual trato discriminatorio» y apunta a un matiz incluido por la Comisión en su texto donde señala que «el presente dictamen se entiende sin perjuicio del posible incumplimiento de cualquier otra disposición de la Directiva 1992/62/CE».

Juanjo Álvarez señala que el arco de Andoain se propuso para salvar el nudo de la discriminación

A este respecto, Juanjo Álvarez restó trascendencia al enunciado y reveló que «no conozco un solo dictamen en donde no se haga la salvedad correspondiente. Cuando Europa valida un sistema siempre hace una salvedad». Añadió que «la Comisión podía haber abierto un expediente informativo sancionador» una vez que el canon se empezara a aplicar el 9 de enero. Recordó que «Fomento tampoco lo ha hecho» y concluyó que «en su positivización y su aplicación práctica no han apreciado discriminación», tal y como sí han hecho en otros casos.

Álvarez explicó que en el informe jurídico de Cuatrecasas ya se señalaba cómo salvar el nudo gordiano de la discriminación. Explicó que «era muy evidente que elaborar un solo peaje, como estaba previsto en un inicio con arcos solo en Irun y Etzegarate, era directamente discriminatorio y que la manera de evitar el segundo escollo era articular peajes secundarios con el objetivo de guardar esa no discriminación». De ahí surgió el arco de Andoain, que grava 2,2 kilómetros de recorrido. Incidió en el hecho de que la Comisión europea recepcionó los informes sobre esta tramificación sin alegar objeciones. Los juristas explicaron incluso por qué quedan tramos libres de pago en la N-1. «El tramo Andoain-Lasarte no es comúnmente utilizado por el tráfico pesado y el Andoain-Idiazabal tiene 18 entradas y salidas para las que serían necesarios múltiples arcos».

El jefe de los servicios jurídicos de la Diputación explicó asimismo que «el debate procesal se ha sustanciado sin información real del sistema», ya que las conclusiones se formularon antes de que el peaje empezara a cobrar el 9 de enero. Se mostró «sorprendido» por la dilación entre la fecha de la deliberación y fallo (1 de febrero) y la firma de la sentencia (9 de abril), dejando entrever que «posiblemente hubo algún tipo de debate entre los componentes de la Sala». Pero sobre todo rebatió que la resolución se basara en una sentencia sobre una autopista austriaca «cuando en aquel caso el recurso lo planteó la Comisión Europea».

Creyó que el recurso «tiene recorrido» y citó supuestos que aportan un «interés casacional objetivo». Uno es que el caso «afecta a gran número de situaciones» (millones de mercancías) y otro consiste en que el caso puede exigir una intervención del tribunal europeo a título prejudicial. Según explicó, el hecho de ser la última instancia recurrible obliga al Supremo a consultar con el tribunal europeo si el peaje vulnera la directiva europea. Es en ese trámite donde Gipuzkoa deposita sus esperanzas.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos