La Diputación de Gipuzkoa exigirá formación a los cuidadores familiares de dependientes

Maite Peña, en la sala de comisiones de las Juntas Generales/Usoz
Maite Peña, en la sala de comisiones de las Juntas Generales / Usoz

El departamento de Políticas Sociales presenta una reforma del sistema de prestaciones para garantizar la calidad de la atención que reciben 16.000 dependientes en el territorio

Arantxa Aldaz
ARANTXA ALDAZ

La Diputación de Gipuzkoa reforzará el control sobre las ayudas que concede a personas dependientes, un sistema de prestaciones que actualmente llega a 16.000 habitantes del territorio y que ha carecido de una supervisión como tal dentro de estos hogares. Tras diez años en vigor, en los que se ha logrado su completo despliegue, el actual modelo se somete a una reforma profunda que toca muchas teclas pero que señala a un objetivo común: «avanzar en la calidad de los cuidados en los domicilios y reforzar la atención profesional», en palabras de la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña, y del jefe de servicio de planificación, concertaciones y prestaciones económicas, Jon Iribar. El 'cómo' se están prestando esos cuidados y el uso que se está haciendo de las prestaciones vertebran los cambios presentados ayer y que entrarán en vigor a partir de enero.

Así, por primera vez la Diputación exigirá formación básica (un curso de 16 horas) a las nuevas solicitudes de la prestación de cuidados en el entorno familiar, rescindirá la ayuda a los cuidadores que tengan más de 85 años y visitará una vez al año los hogares donde haya un dependiente cuidado por un allegado, «una de las asignaturas pendientes», reconoció Iribar, que da por hecho la «polémica» que suscitarán las modificaciones en un sistema de profundo calado social.

No estarán exentas de debate otras medidas como la unificación de las cuantías de las prestaciones, que premia a los grados medios y perjudica a los leves; la exigencia de formación a los asistentes personales (los cuidadores contratados) o el refuerzo de la prestación vinculada al servicio, es decir, el dinero que se paga a un dependiente que ingresa en una residencia privada a la espera de recibir una plaza pública. La reforma supondrá inyectar 3,5 millones de euros más al sistema, que ya deja una factura al año de 60 millones de euros a las arcas forales, o sea, al bolsillo de todos los guipuzcoanos.

Cuidados en el entorno familiar Los mayores de 85 años no podrán ejercer de cuidadores

En la actualidad, cerca de 11.000 personas dependientes cobran entre 180 y 520,69 euros de máximo al mes por ser cuidados en su domicilio por un familiar. Una de las decisiones de calado que ha tomado el departamento es que las personas con un grado II o III de dependencia (los dependientes moderados y graves) que sean cuidadas por una persona mayor de 85 años no podrán continuar cobrando la prestación ni acceder a ella en esas condiciones. Estas personas podrán optar por elegir a otro cuidador familiar de menor edad o solicitar la prestación para contratar a un asistente personal, una modalidad que cada vez cobra más auge en Gipuzkoa y que ofrece cuantías más elevadas para precisamente hacer más atractiva esta ayuda frente al modelo familiar, la filosofía inicial recogida en la Ley de Dependencia. La diputada subrayó la importancia de garantizar la calidad de los cuidados, pero también insistió en «cuidar al cuidador». «Una persona de 85 años o mayor que soporta el cuidado principal de una persona dependiente sufrirá un coste personal», de forma física y emocional.

Los cambios | Cuidados familiares

Límite
La prestación no se dará si la persona cuidadora tiene 85 años o más y la persona dependiente está valorada en grado II y III.
Excepciones
Se admiten circunstancias excepcionales de no familiares.
Formación
Las nuevas personas beneficiarias deberán acreditar formación en cuidados en el plazo de seis meses. Se tratará de un curso básico de 16 horas, en el marco del programa Sendian.
Seguimiento
Por primera vez se hará un seguimiento a las ayudas concedidas con una visita anual a los hogares por parte de los servicios sociales.

Los cambios | Asistente personal

Regulación
Se requerirá a los cuidadores contratados acreditar una formación, con excepciones por edad y experiencia laboral, siguiendo los criterios acordados con el Ministerio y las comunidades.
Registro
Deberán inscribirse en la convocatoria abierta por el Gobierno Vasco hasta el día 20 de este mes para acreditar las competencias profesionales.
Plazo excepcional
Se baraja dar margen hasta 2020 para aquellos cuidadores que se hayan apuntado a la convocatoria pero no tengan plaza por la escasez de la oferta.

Los cambios | Vinculada al servicio

Más flexible
Se suprime el requisito de tres meses en lista de espera para poder acceder a la prestación. El objetivo es que se pase de los 180 titulares actuales a unos 300.
Más dinero
Se aumentan las cuantías hasta los 800 y 900 euros máximo para los grados II y III respectivamente.
Sin límite temporal
La persona dependiente podrá mantenerse en la plaza privada aun cuando haya disponible una plaza pública. Seguiría cobrando la prestación.

La formación básica se exigirá solo a las nuevas solicitudes de esta modalidad. Quienes hasta ahora estén cobrando la ayuda no tendrán que pasar por el cursillo que está diseñando la Diputación, pero se calcula que por la propia rotación del sistema en los próximos seis años habrán pasado por la formación todos los futuros cuidadores familiares. Hasta ahora se ofrecía un curso voluntario en el marco del programa Sendian, que no alcanza el millar de personas al cabo del año.

La supervisión de las ayudas se hará una vez al año. Los servicios sociales -queda por determinar quién se hará cargo- cursarán visita a las personas dependientes cuidadas por un familiar. «Lo peor que puede pasar es que las prestaciones se conviertan en una pensión y eso está sucediendo», dijo Iribar, quien lamentó que muchos solicitantes no vuelvan a recurrir a los servicios sociales una vez empiezan a cobrar la ayuda. «Si Mahoma no va a la montaña...», resumió.

Asistencia personal Se pedirá a los cuidadores acreditar su formación

La prestación para contratar a un asistente personal la cobran 5.035 personas dependientes en Gipuzkoa, una cifra que va al alza y que la Diputación espera incrementar en otros 250 nuevos puestos de trabajo con estas medidas. Para cobrar esta ayuda, basta con presentar el contrato laboral de la persona cuidadora (en su mayoría mujeres y extranjeras, con escasa formación).

Con la entrada en vigor de la reforma, y en cumplimiento con la legislación estatal, las personas cuidadoras deberán acreditar un determinado nivel de formación, un proceso de acreditación que compete al Gobierno Vasco y que tiene todavía varios flecos sueltos. Todas las personas cuidadoras deben inscribirse en el registro habilitado por el Ejecutivo autónomo para pasar por esa formación o acreditar una experiencia suficiente (número de horas y años de trabajo). El límite es el día 20. Aquellas que queden fuera por la escasez de plazas tendrían hasta 2022 para acreditar esa cualificación, según la propuesta elevada por el Gobierno Vasco y que está pendiente de acuerdo con el Gobierno central y el resto de comunidades.

Iribar explicó que se pretende flexibilizar los requisitos y ofrecer un margen suficiente para «no expulsar» de golpe y porrazo a miles de cuidadoras del mercado o impedir el trabajo a cuidadoras que, aun sin tener formación, ya forman parte de la vida diaria de los dependientes. «Eso sería terrible».

Prestación vinculada a servicio Más dinero y posibilidad de quedarse en la plaza privada

La tercera pata del sistema de prestaciones económicas de dependencia es la prestación vinculada al servicio, una ayuda de escaso desarrollo en Gipuzkoa, que ahora cobran unas 180 personas y que se quiere potenciar. Esta prestación se podrá cobrar desde el minuto cero en el que una persona que haya solicitado una plaza pública esté en lista de espera (en lugar de los tres meses mínimos ahora requeridos).

La paga permitirá sufragar el coste de la estancia en una plaza privada, con miras a reducir la lista de espera, el problema que trae de cabeza al departamento por una demanda cada vez mayor. Para hacer atractiva esta opción, la Diputación incrementará de forma notable las cuantías para los dependientes moderados y graves, hasta un máximo de 800 y 900 euros al mes, respectivamente. La propuesta, además, es que si la persona dependiente lo prefiere pueda mantenerse en la residencia privada aunque haya quedado disponible una plaza pública, para lo que seguiría cobrando la ayuda.

Más

Fotos

Vídeos