La Diputación denuncia que maltratadores impiden a sus hijos acudir al psicólogo

La Diputación denuncia que maltratadores impiden a sus hijos acudir al psicólogo
Violencia de género

El consentimiento, incluso cuando hay condena, es un requisito legal de la patria potestad

Arantxa Aldaz
ARANTXA ALDAZ

Los jueces no apartan al maltratador de sus hijos ni en el 10% de las investigaciones por violencia machista, pese a que podrían hacerlo si lo ven justificado. El dato frío significa que, por ejemplo, estos menores mantienen contacto con sus padres a través de un régimen de visitas -uno de los aspectos que más quejas suscitan entre las madres, que reclaman mayor protección judicial al menor- o que necesitan el consentimiento expreso del padre para iniciar un tratamiento psicológico, incluso cuando pesa sobre él una condena por maltrato o una orden de protección.

Este requisito legal se deriva de la aplicación del Código Civil en relación a la patria potestad, explican fuentes del Observatorio contra la Violencia de Género, desde donde se ha pedido que se introduzca un cambio en la normativa para que en los casos en los que haya condena o una orden de protección en vigor no sea necesaria esa autorización. El Pacto de Estado acordado por las fuerzas parlamentarias para mejorar la protección del menor respondió a la reclamación y eliminará ese requisito, en la que los expertos ven «un claro ejemplo» de las carencias que todavía ensombrecen la protección de las llamadas víctimas invisibles de la violencia de género, los hijos de las mujeres maltratadas.

Desde los servicios forales de atención a la infancia insisten en que la sola exposición a la violencia en el hogar deja una profunda huella en el menor, «que estará relacionada con la intensidad de los hechos, la continuidad en el tiempo, la vinculación afectiva que tengan con el agresor y el entorno protector que le rodee», expone la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña. La atención psicológica es una competencia del sistema de salud, explica, a través de los equipos de psiquiatría infantil.

En estado continuo de alerta

Ser testigo o sufrir maltrato por aquellas personas que teóricamente tienen que cuidar a un menor provoca una larga enumeración de daños emocionales en el menor: «inseguridad, ansiedad, miedo, baja autoestima, hipervigilancia, retraimiento, depresión, aislamiento...», apunta la diputada de Políticas Sociales, Maite Peña. En algunos casos, incluso, el niño o la niña expuesta a la violencia de género reproducirá esos comportamientos violentos, ya que por desgracia «aprenderá que los conflictos se resuelven con violencia». «Aprenden a estar en continuo estado de alerta», lo que deriva en problemas de concentración y de relacionarse con otros chavales y con los adultos. Pero hay más. «Son doblemente víctimas porque están expuestos a la violencia en la familia y su madre, en algunos casos, puede encontrarse limitada para ejercer los cuidados como consecuencia del bloqueo emocional, del aislamiento social, del miedo que ella está sufriendo».

La Diputación cuenta con un programa propio. En la actualidad, 24 niños y niñas, de diferentes edades, se encuentran en terapia, una cifra que sigue creciendo año tras año (supone por ejemplo un 24% más que en el mismo periodo de 2016, cuando se contabilizaban 19), pero que podría ser mayor de no ser por el rechazo, generalmente de la figura paterna, para derivar a sus hijos al servicio.

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«Nos estamos encontrando con dificultades para el acceso debido al no consentimiento por parte de alguno de los progenitores, generalmente el padre, lo que intuimos puede perjudicar la derivación de más casos», revela la responsable del departamento. En lo que va de año, tres padres se han negado expresamente a que sus hijos iniciaran el tratamiento. Desde los servicios sociales de la Diputación tratan de que estos casos puedan ser atendidos a través de otras vías y, además, este rechazo se tiene en cuenta a la hora de valorar la desprotección de un menor, lo que puede derivar en la toma de medidas judiciales para garantizar su bienestar, añaden.

Alternativa judicial

El ‘no’ del padre maltratador no significa que se cierre la puerta al tratamiento. La alternativa es que la otra parte recurra a la justicia, en lo que se llama un incidente judicial, que es como si se celebrara un pequeño juicio dentro de un proceso general, para dirimir una cuestión en concreto. Según explican desde el Observatorio contra la Violencia de Género, esta vía está recogida también en el artículo 156 del Código Civil. Pero muchas mujeres rechazan recurrir al juez por segunda vez, porque consideran que puede suponer un nuevo proceso largo y complicado, con el sufrimiento que implica para las víctimas. De iniciar un tratamiento sin la autorización de uno de los dos progenitores, el profesional en cuestión se arriesga a ser denunciado por el otro progenitor -el hombre maltratador- y sancionado por el colegio.

Los datos

0,7%
de los procedimientos en que se dictó una orden de protección para las mujeres, el juez acordó la retirada de la patria potestad, según datos del Consejo General del Poder Judicial.
235
víctimas (209 mujeres y 24 menores) están en tratamiento psicológico en el programa que ofrece la Diputación.

Las claves

Vía judicial
En caso de no contar con el consentimiento, el otro progenitor puede acudir al juez
Pacto de Estado
El acuerdo para mejorar la protección del menor incluye un cambio legal para retirar la obligación
Diputación de Gipuzkoa
«Nos encontramos con dificultades para el acceso de los menores a la terapia psicológica»

De ahí que se hayan multiplicado las voces para que se pongan en marcha de forma urgente las medidas recogidas en el Pacto de Estado en favor de la protección del menor, entre ellas la valoración de riesgos del menor, que ahora solo se hace a la madre. «Un maltratador no puede ser un buen padre y hay que adoptar medidas categóricas», señaló Francisco Fernández Marugan, Defensor del Pueblo, en una idea que repitieron varios de los ponentes en unas jornadas recientes celebradas en Madrid. «Se requiere una reflexión en profundidad sobre la suficiencia del entramado de medidas existentes para prevenir la violencia contra las mujeres, y para apoyar a quienes la sufren», ha remarcado esta semana el Ararteko, Manuel Lezertua.

«En la medida en que un padre maltratador ejerce un impacto negativo en el bienestar del niño o niña testigo de esas conductas violentas, necesita también ser protegido en la relación con ese adulto violento. Corresponde al sistema judicial determinar en las sentencias condenatorias de violencia de género las medidas civiles que se deben de adoptar, cosa que no siempre sucede», sostiene Peña que insiste en que lo primordial es que se ponga como primer elemento el interés del menor. «Así, podría llegar a plantearse una prohibición de visitas en los casos más graves, o una restricción del acceso a visitas y contactos de forma modulada en función de la gravedad de las conductas violentas y de su impacto en la persona menor de edad. Lo que debe de primar es la seguridad física y emocional del hijo o hija menor» .

Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, en los procedimientos que dictaron órdenes de protección para las mujeres víctimas, solo acordaron como medida cautelar la suspensión de las visitas de los niños al denunciado en el 5,7% de las ocasiones, en un 8,4% retiraron provisionalmente la custodia al maltratador, y en un 0,7% de las decisiones les quitaron cautelarmente la patria potestad.

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