La Diputación creyó salvar con el arco de Andoain la discriminación del peaje de la N-1

Un camión atraviesa el arco de Andoain del Sistema AT que cobra a los vehículos pesados por circular por el eje de la N-1. /LOBO ALTUNA
Un camión atraviesa el arco de Andoain del Sistema AT que cobra a los vehículos pesados por circular por el eje de la N-1. / LOBO ALTUNA

Los informes jurídicos advirtieron de que el canon podía incumplir la normativa europea. El equipo que elaborará el recurso ante el Supremo, reunido ayer por primera vez, tratará de cambiar la interpretación de la Justicia sobre el sistema

GAIZKA LASA

Es el concepto más comentado en el Palacio Foral desde el pasado viernes: «discriminación indirecta». Ella sola ha hecho tambalearse el sistema de peaje para camiones en el eje de la N-1, uno de los principales proyectos estratégicos del Gobierno bipartito (PNV-PSE) esta legislatura. Sobre su significado, su origen y, sobre todo, sus consecuencias departieron ayer en la sede de la Diputación técnicos del departamento de Infraestructuras Viarias, la propia diputada del ramo y los servicios jurídicos de la institución foral.

Sobre la mesa, el interrogante de cómo rebatir la argumentación del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que el viernes anuló la Norma Foral que regula el peaje. Lo hizo, precisamente, por ella, por la dichosa «discriminación indirecta», la auténtica enemiga a batir ahora por los letrados de la Diputación.

Se da la circunstancia de que el informe jurídico solicitado al despacho de Cuatrecasas ya advertía de las dificultades de diseñar un peaje en la N-1 que no causara un excesivo perjuicio a los transportistas locales sin caer en discriminaciones prohibidas por Europa. En junio de 2016, el catedrático de Derecho Internacional Juanjo Álvarez, uno de los firmantes del informe rubricado también por el abogado Joanes Labayen y el excomisario europeo de Justicia e Interior Antonio Vitorino, mencionó en las Juntas Generales de Gipuzkoa los condicionantes para que el nuevo peaje guipuzcoano cumpliera con el reglamento europeo. Según dijo entonces, se trataba de analizar «qué margen de maniobra» existía para implantar el peaje sin que fuese tachado de discriminatorio. A tenor de las explicaciones, era escaso.

Fallo inesperado

Álvarez ya adelantó entonces que la interpretación de una discriminación indirecta era «una de las zonas oscuras» de la legislación. De hecho, en una sentencia contra Alemania el Tribunal europeo ha rechazado la validez de un peaje únicamente para un recorrido, como podría ser el propuesto inicialmente entre Irun y Etzegarate, pensado para el tráfico de paso internacional. De ahí que el sistema AT diseñado por la Diputación haya incorporado un peaje intermedio en Andoain.

Conclusión: la advertencia sobre la discriminación existía y era conocida por la Diputación, sus técnicos elaboraron el diseño de tramos y precios del peaje para sortear ese escollo y la verdadera «sorpresa» -fuentes forales reconocen que la sentencia anulatoria ha sido del todo inesperada- ha llegado con «la interpretación del tribunal», según reconocían ayer fuentes jurídicas con participación en la norma calificada «disconforme a derecho».

La Diputación había alegado tratando de esquivar el concepto ahora más estudiado por sus letrados que a todos los vehículos pesados que circulasen por los tramos sujetos a canon de la N-1 y la A-15 se les imputaría el importe correspondiente al paso por un pórtico, con independencia de la nacionalidad del transportista, su país de establecimiento o el de matriculación del vehículo. Es decir, sostenía que «tanto foráneos como guipuzcoanos, pagarán el mismo peaje, según los tramos que utilicen». El camión guipuzcoano que pasa por Etzegarate o Irun pagaría lo mismo que el camión portugués que atravesara los mismos arcos.

Los transportistas vascos aseguran que «se discrimina contra nosotros» y no al revés

La Diputación no contempla cambiar a un peaje que cobre todos los tramos por igual

La explicación no ha convencido al Superior de Justicia del País Vasco. Dice que «esa inferencia únicamente excluye la discriminación directa, y no la indirecta, que consiste en la situación de desventaja que se genera a un colectivo con la aplicación de una norma que en apariencia es neutra». Sostiene que el transportista español o europeo va a necesitar pasar por Irun o Etzegarate más que el guipuzcoano. La sentencia del TSJPV estima que «con la tramificación y la ubicación de los puntos de cobro aprobados por la Norma Foral, el colectivo afectado es en su gran mayoría el procedente de fuera de Gipuzkoa que es el que generalmente atraviesa los tres tramos».

La marcha blanca -de funcionamiento normal, pero sin cobro- de las últimas semanas del año pasado ha arrojado el único dato al respecto aportado hasta ahora por la Diputación sobre la procedencia de los camiones que pasan por los arcos. Durante los días laborables pasaron por la N-1 12.000 camiones diarios, de los cuales el 56% fueron extranjeros y el 44% matrículas estatales. No se desglosó ese porcentaje para saber cuántos de los vehículos con identificación española son guipuzcoanos.

La Diputación ha asegurado que se aferrará a sus criterios, que seguirá cobrando como el día anterior a la sentencia del TSJPV y que trabaja para que el Tribunal Supremo revoque el fallo del alto tribunal vasco. El diputado general, Markel Olano, reiteró ayer que «lo único que hacemos es utilizar los mecanismos que nos está dando la propia ley y estamos actuando de modo absolutamente legal», versión que ampliará hoy ante los medios la diputada de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, tras abordar el asunto en el consejo de Gobierno.

Para elaborar el recurso, los juristas forales podrán contar con los datos que maneja Bidegi sobre los pasos de vehículos pesados por cada uno de los tres arcos del sistema -Irun, Andoain y Etzegarate-, sobre la procedencia de cada camión cobrado y sobre las cantidades facturadas a cada transportista.

Las disquisiciones sobre el concepto de «discriminación indirecta» dejan una salida clara a los responsables forales que empiezan a temer los transportistas vascos: cobrar la misma cantidad en todo el tramo de la N-1 a todos los vehículos pesados. Sin embargo, fuentes de la Diputación aseguraron ayer, tras la reunión con los servicios jurídicos, que «no contemplamos esa posibilidad y vamos a seguir defendiendo nuestro sistema», ese que cobra entre 0,56 y 0,69 euros cada paso por el arco de Andoain, pero eleva el precio a 5,56 euros - 6,89 si el vehículo supera las 12 toneladas- a los transportistas que realizan el trayecto completo entre Irun y Etzegarate.

Esa medida que la Diputación no baraja de momento «sería el fin para nosotros», sostiene Esteban Muruamendiaraz, secretario técnico del sindicato de transportistas Hiru. Reitera que «con el actual sistema se discrimina contra nosotros y no al revés», bajo la premisa de que los locales son los que más veces tienen que pasar por los arcos, y añade que «si la Diputación hiciera caso a Europa a rajatabla, para nosotros sería la perdición». Se refiere a «tener que pagar en cada salida de la N-1 entres donde entres o salgas donde salgas».

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