Diputación y Ararteko avanzan en la investigación sobre el centro Bidean

El Departamento de Políticas Sociales, que dirige Maite Peña, reconocía hace dos semanas en las Juntas Generales que el recurso adolecía de carencias estructurales -falta de espacio y una configuración que no facilitaba la atención con las trabajadoras-, pero ha sido este pasado lunes cuando el problema derivó en graves acusaciones por parte de un grupo de exusuarias, que aseguran haber sido tratadas de forma «humillante», no han recibido la atención requerida -denuncian que han recibido comida caducada- y que el centro se encuentra en situación de «abandono total».

De constatarse esta versión, la Diputación ha anunciado que será «implacable» en la respuesta, lo que podría implicar la rescisión del contrato con la empresa adjudicataria, Fepas (Fundación para el Estudio y la Promoción de la Acción Social), con sede en Zaragoza. Pero también ha dicho que actuará con la misma firmeza de no verificarse la autenticidad de las quejas. La respuesta la darán dos investigaciones abiertas, la de la institución foral -parte implicada- y la del Ararteko, que cursó a las 24 horas de recibir las quejas una visita «urgente» a las instalaciones. Ayer por la mañana, Manuel Lezertua, el Ararteko, y la diputada de Políticas Sociales compartieron sus respectivos procedimientos para coordinarlos, «siempre respetando la autonomía y la independencia de ambas instituciones», señaló la Diputación en una nota de prensa. El Departamento de Políticas Sociales ha solicitado a la Defensoría del Pueblo el expediente con las quejas, ya que de forma oficial no han recibido ninguna queja relativa a las acusaciones vertidas por el grupo de exusuarias. Fue el lunes, con la lectura del comunicado por parte del movimiento Donostiako Feministak, cuando llegaron a sus oídos las denuncias, según han asegurado desde el Departamento que, nada más conocerlas, abrió un expediente de investigación. Los testimonios sí se trasladaron al Ararteko, que abrió de inmediato una investigación.

El compromiso y el interés de ambas partes es intentar cerrar la investigación «lo antes posible», por la gravedad de las denuncias y el impacto que pueden tener en un servicio necesario para la seguridad de las mujeres víctimas del maltrato. Según la versión de la Diputación, el recurso superó una inspección ordinaria el pasado mes de diciembre, en la que no se detectaron fallos graves, pero sí se evidenciaron las limitaciones «estructurales», a las que ha ceñido el problema la Diputación. En febrero, el Departamento tuvo constancia de una queja por esas deficiencias y puso en marcha un plan de mejoras, mientras se busca una ubicación alternativa.

La empresa adjudicataria no ha dado de momento explicaciones, mientras que la parte trabajadora, representada por LAB, ha responsabilizado a la Diputación de la situación, «que conocía desde el principio». A través de un comunicado, el sindicato dio a conocer que de los ocho trabajadores seis están de baja, pero no entró a valorar las acusaciones sobre el trato «humillante» por una parte de las trabajadoras hacia las usuarias. La central denunció las políticas de las administraciones públicas de «subcontratar servicios públicos relacionados con el ámbito de cuidados, así como privatizándolos. Eso conlleva la precarización de las condiciones laborales y repercute en la calidad del servicio, todo ello en detrimento de las trabajadoras y usuarias».