La Diputación advierte a Bildu que paralizar la incineradora «no puede salir gratis»

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José Ignacio Asensio defiende la postura de demandar a quienes tomaron la medida por «los daños económicos millonarios» que provocó

GAIZKA LASASAN SEBASTIÁN.

Fue la versión coloquial de la densa documentación que el lunes se envió a los asambleístas del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa con la explicación de la propuesta de demanda contra responsables de EH Bildu por paralizar la incineradora en 2013. Una manera de simplificar el sentir de quienes promueven la acusación formal. El diputado foral de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio (PSE), firmó el lunes la convocatoria oficial de la Asamblea que puede iniciar la primera denuncia oficial contra antiguos gestores del Consorcio y ayer arrojó, de forma más espontánea, la clave que subyace a la iniciativa. «No puede salir gratis que las decisiones se tomen de cualquier manera, a sabiendas de que no se pueden tomar».

A respuestas a periodistas en una comparecencia sobre despilfarro de alimentos, Asensio confirmó que, tal y como adelantó este periódico el martes, Gipuzkoako Hondakinen Kontsortzioa (GHK) va someter a su Asamblea a la votación de una propuesta de demanda contra la anterior presidenta de la sociedad foral, Ainhoa Intxaurrandieta, y el que fuera diputado de Medio Ambiente en la pasada legislatura, Iñaki Errazkin. No especificó las cantidades que se solicitarán en el procedimiento de «reintegro» que pueda iniciar el Tribunal de Cuentas de España, pero aseguró que la decisión de resolver el contrato del anterior proyecto de planta de valorización energética derivó en «daños económicos millonarios».

En caso de que la Asamblea pidiera interponer la demanda -es previsible que lo haga con el 87% controlado por PNV y PSE», para llegar al extremo de pedir a las dos personas aludidas el importe de una parte del dinero que salió de GHK, el Tribunal de Cuentas de España debería detectar, en primer lugar, que no existieron causas legítimas que justificaban la paralización, y en segundo lugar, que se produjo «un menoscabo o resultado dañoso en los fondos públicos». Según la legalidad vigente, las reclamaciones personales no tienen por qué ir vinculadas a un enriquecimiento de los responsables, por lo que no se juzgaría aquí una apropiación indebida.

Asensio recordó que «los guipuzcoanos siguen pagando» los swaps pese a no hacer uso del crédito

El Tribunal de Cuentas de España ha puesto a GHK el día 17 como plazo para presentar una demanda

La paralización de la incineradora derivó en una indemnización a las empresas adjudicatarias de 8,2 millones, aunque el diputado foral añadió ayer como perjuicio la pérdida de la financiación del Banco Europeo de Inversiones y la conversión de los seguros del interés -conocidos como swaps- en especulativos porque «los guipuzcoanos siguen pagando» a pesar de que el instrumento financiero ya no cubre ningún crédito disponible.

71 millones por los swaps

Este concepto bancario ha sido utilizado como arma arrojadiza no solo por las formaciones del bipartito (PNV y PSE) que denuncian las consecuencias de la paralización, sino también por la oposición de EH Bildu y Podemos. Estos acusan al PNV de «hipotecar» el territorio al firmar aquellos swaps justo antes de las elecciones de 2011. También han censurado que GHK no haya recurrido una sentencia judicial que resolvió que Gipuzkoa debe seguir pagando estos seguros pese a no cubrir ya el préstamo al que estaban asociados. Según el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, a 31 de diciembre de 2015 ya se habían abonado a los bancos 24,9 millones por este concepto, y el valor de lo que aún queda por abonar asciende a 46,6 millones. En total, 71 millones.

En cualquier caso, el origen de la demanda que puede aprobar el lunes la Asamblea de GHK se remonta al emplazamiento que el Tribunal de Cuentas de España, a instancias de su fiscal, ha realizado a la sociedad foral para que interponga la acusación tras analizar las cuentas de 2012 y hallar supuestas «irregularidades contables en relación al pago al contratista». El órgano fiscalizador ha puesto plazo: el 17 de octubre.

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