El caso de la residencia de Donostia que ataba a los ancianos a la cama

Un anciano camina por una residencia. En Gipuzkoa, el año pasado se atendió a 5.668 personas en geriátricos.
Un anciano camina por una residencia. En Gipuzkoa, el año pasado se atendió a 5.668 personas en geriátricos. / THOMAR PETER

Se trata del caso más grave destapado por la Diputación de Gipuzkoa, que realizó 196 controles el año pasado, la mayoría con resultado satisfactorio

ARANTXA ALDAZSAN SEBASTIÁN.

Los servicios de inspección de la Diputación de Gipuzkoa descubrieron el año pasado graves negligencias en una residencia de personas mayores ubicada en Donostia. El caso, el más grave de los 196 controles rutinarios realizados en el sector en 2016 -y que se saldaron en su gran mayoría con un resultado satisfactorio-, se descubrió en una de las visitas que cursan con periodicidad los técnicos del Departamento de Políticas Sociales, con la misión de verificar la calidad de la atención a los usuarios y el cumplimiento de las exigencias legales.

Según ha podido saber este periódico de fuentes del departamento, el funcionamiento del centro en cuestión enseguida llamó la atención de los revisores. El ratio de personal era insuficiente. Lo supieron al descubrir la trampa bastante burda que estaban haciendo los gestores: hacían bajar corriendo de una planta a otra de las instalaciones a las empleadas para intentar simular que disponían del número de trabajadores exigido.

No fue la única irregularidad. Los inspectores también se encontraron con que había ancianos atados a las camas. El uso de sujeciones físicas en los cuidados diarios en residencias cuando no es imprescindible para la seguridad del usuario está totalmente desaconsejado y, de hecho, es una práctica que la mayoría de centros para mayores ha desterrado hace ya tiempo. Por si no fuera suficiente, la comida tampoco reunía las condiciones.

De inmediato, la respuesta de la Diputación fue eliminar las plazas concertadas con el centro, y reubicar a los usuarios en otras instalaciones. La residencia, de pequeño tamaño, contaba con unas 27 plazas, la gran mayoría privadas y solo 4 o 5 plazas financiadas por la Diputación. El siguiente paso fue abrir un expediente de urgencia para retirar la autorización de actividad. Sin ese permiso, la residencia no podría continuar abierta.

La cifra

23 quejas de familiares
se presentaron el año pasado en residencias en Gipuzkoa, donde se atendió a 5.668 personas. 13 expedientes se cerraron al entender que la actuación del centro era adecuada y diez se resolvieron con propuestas de mejora. No hubo sanciones. Además, se realizaron 196 inspecciones ordinarias, en una de las cuales se descubrieron graves negligencias en un centro ubicado en Donostia.

No obstante, en el transcurso breve de ese proceso administrativo, el grupo de trabajadoras se presentó en los servicios sociales forales para proponer la continuidad de su actividad pero bajo su responsabilidad, sin el gestor que hasta esa fecha había estado en la dirección. Aunque en un principio el centro prosiguió su actividad y corrigió las actuaciones, finalmente ha sido una compañía religiosa la que ha tomado los mandos y ahora se funciona con total normalidad, subrayaron las mismas fuentes que prefirieron no hacer público el nombre de la residencia para no extender la preocupación ante los usuarios actuales, ya que se ha corregido el rumbo.

10 expedientes abiertos

Las negligencias detectadas escriben un capítulo desagradable en la atención a personas mayores, pero revelan también la importancia de las inspecciones a la hora de controlar los servicios prestados en centros, donde se atendió el año pasado a 5.668 personas. La función inspectora del Departamento de Política Social no se ciñe únicamente a los servicios forales, también se controlan las residencias municipales y las plazas privadas, como es lógico. Y la gran mayoría muestran un buen resultado. Las excepciones no alcanzan la gravedad de los hechos descritos en la residencia de Donostia. Suelen ser problemas relacionados con la organización (horarios), la información que se da a las familias o quejas por pérdida de ropa.

Expedientes abiertos

Información
4 quejas.
Queja sanitaria o por caídas
2.
Organización
2 casos.
Pérdidas/roturas (ropa, prótesis
..). 1 queja.
Comida/limpieza
1 caso.

Los inspectores también se personan en los centros cuando se recibe una queja. A lo largo del año pasado, la sección de inspección gestionó un total de 23 asuntos, de los cuales 13 se cerraron sin propuesta de intervención al entender que la actuación de la residencia era adecuada y ajustada a la normativa.

Por el contrario, 10 expedientes se resolvieron con medidas de mejora. El departamento destaca que el año pasado no se propuso ninguna propuesta de sanción o amonestación ya que ninguno de los motivos analizados se consideró suficientemente grave (cabe precisar que el caso destapado en el centro de Donostia surgió a raíz de una inspección rutinaria). La diputada se detuvo ayer en detalles sobre la investigación abierta en la residencia Atsobakar de Lasarte-Oria, tras las quejas de varios familiares de usuarios por supuestas malas praxis del centro, publicadas por este periódico. Según el relato recogido, la guardia municipal tuvo que personarse en el centro la noche del 5 de agosto, después de que un vecino alertara de que había una mujer golpeando la ventana pidiendo ayuda y sin que nadie le socorriese.

Los gestores hacían bajar corriendo de una planta a otra a las trabajadoras para simular los ratios exigidos PERSONAL INSUFICIENTE

Las propias empleadas plantearon dirigir el centro y ahora está al frente una compañía religiosa A PUNTO DEL CIERRE

La Diputación ha concluido que no se han producido irregularidades, pero se plantean mejoras INVESTIGACIÓN EN ATSOBAKAR

A preguntas de los grupos Podemos y EH Bildu, Peña dio explicaciones en las Juntas Generales. La diputada quiso precisar que desde mayo de 2014 hasta mayo de 2017 los servicios forales no habían recibido ninguna queja sobre el centro. A posteriori, al departamento sí le constan tres quejas, dos de ellas de una misma familia sobre los hechos relatados.

«Profesionales diligentes»

Peña informó de que el informe técnico concluye que «no se ha detectado ninguna irregularidad ni negligencia, si bien hay propuestas de mejora que el centro va a poner en el plazo de un mes». Esas medidas van encaminadas a reorganizar el personal para que haya siempre alguien físicamente en la Unidad psicogeriátrica, donde están ingresadas las personas con deterioro cognitivo moderado o grave que presentan alteraciones de conducta, como es el caso de la usuaria que originó la queja. También se valora la opción de instalar un sistema de detección de sonido o de movimiento para alertar al personal que esté de ronda de noche. Peña insistió en que el centro cumple con la normativa y subrayó que los trabajadores son «profesionales diligentes».

Desde Podemos, Mónica Mora se alegró de que no se haya cometido ninguna irregularidad y admitió que otra de las preocupaciones era que «se pusiera en duda de manera injusta el trabajo en el centro». Desde EH Bildu, Ernesto Merino también subrayó «la profesionalidad» de las trabajadoras y manifestó que «si se hubieran adoptado previamente las medidas ahora propuestas, quizá no hubiera ocurrido el suceso». «Es absolutamente imposible prever cada situación que se pueda producir en una unidad de este tipo. No obstante, trabajamos en una mejora de la atención en toda la red», respondió Peña.

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