La demanda de la RGI cede un 4,6% en un año en Gipuzkoa tras el máximo histórico

La demanda de la RGI cede un 4,6% en un año en Gipuzkoa tras el máximo histórico

La mejoría ha beneficiado a los jóvenes, pero sigue sin llegar a los perceptores de más de 50 años y a los llamados trabajadores pobres

ARANTXA ALDAZSAN SEBASTIÁN.

¿Estamos ante el principio del fin de la demanda al alza de la Renta de Garantía de Ingresos? Como cualquier estadística, los últimos datos publicados por Lanbide pueden leerse desde diferentes ángulos. El positivo, que el número de perceptores de la prestación social empieza a ceder, en concreto un 1,4% en estos seis primeros meses de 2017 en el caso de Gipuzkoa, y un 4,6% en el último año. En junio del año pasado había 15.451 perceptores y hoy son 14.742.

Un respiro necesario, que cumple con la expectativa de que la recuperación económica, antes o después, tiene que traducirse en una menor bolsa de demandantes de la prestación. Gota a gota, se ha frenado la tendencia alcista protagonizada en los últimos años hasta el máximo histórico marcado en mayo del pasado año, cuando se alcanzaron los 15.531 perceptores. Empieza a haber gente que sale del sistema, principalmente en la franja de menor edad, entre los 25 y 45 años. Y eso ya es un cambio positivo.

LOS DATOS

14.742 beneficiarios de la Renta de Garantía de Ingresos hay en Gipuzkoa, según los últimos datos publicados por Lanbide referidos al mes de junio.

PERFILES

Complemento de trabajo: Un 20,9% de los beneficiarios (3.078 personas) son trabajadores.

Pensionistas: Representan el 27,5% de la demanda.

Familias monoparentales: 2.386 personas cobran el complemento por ser familia monoparental.

Extranjeros: 4.190 son titulares de nacionalidad extranjera, un 28,4% del total de la demanda.

Pero no faltan datos que aguan la fiesta. El descenso es aún muy tímido, tanto que la bolsa de perceptores que necesitan la prestación social para sobrevivir sigue duplicando a la situación de antes de la crisis, lo que indica el largo y lento camino para recomponer la situación económica y social de esas miles de familias. Tan verdad como que la demanda empieza a reducirse es que esa mejoría no está alcanzando por igual a los diferentes perfiles de perceptores. El peso de los llamados trabajadores pobres, aquellos que completan un salario bajo con el complemento de la ayuda social, sigue al alza y ya alcanza el 20,9% del total de la demanda, con 3.078 perceptores en esa modalidad. En números absolutos, no es la cifra más alta, pero sí en el volumen que representan. Los expertos, como ha quedado reflejado en el informe diagnóstico sobre la situación de la RGI presentado por el Gobierno Vasco de cara a la reforma del sistema, dan por sentado que la gestión de esta demanda marcará uno de los principales desafíos del sistema. De hecho, el Ejecutivo ha propuesto suprimir el máximo de tres años de cobro de la RGI como complemento al trabajo, y que se ligue al tiempo que sea necesario, sin límite.

El contexto económico, con empleos precarios y contratos a tiempo parcial, no permite una estabilidad suficiente como para asegurar que quien sale del sistema de protección social no lo vuelva a necesitar más adelante, han advertido también en el documento de análisis. Sin esa protección que antes ejercía el empleo, la demanda está abocada a altibajos. La cronificación en el sistema «no es alta», refleja el estudio, pero sí se están elevando las tasas de intermitencia, es decir, el número de personas que entran y salen con cierta frecuencia precisamente por la inestabilidad del mercado de trabajo. Habrá que esperar, por lo tanto, a certificar que el descenso reflejado en el último año no tenga un efecto boomerang.

Mucho tiene que ver este perfil en la gestión de los cobros indebidos, cantidades que Lanbide paga de más en las nóminas a los perceptores por diferentes motivos. En la mayoría de los casos (32%) se generan por cuando un beneficiario de la ayuda empieza un contrato laboral y obtiene unos ingresos adicionales, que son comunicados a Lanbide pero no siempre hay margen administrativo para reflejar ese cambio en la nómina del mes. Un 26% de los pagos de más tuvieron su origen con cuestiones relacionadas con la residencia habitual, mientras que un 11,6% respondieron a realidades de fraude y usos indebidos. Entre enero de 2013 y diciembre de 2016, el montante ascendió a 132,5 millones, de los cuales se han recuperado 26,1 millones.

Parados de larga duración

La lupa también hay que ponerla en el colectivo de parados de larga duración que, tras agotar el periodo de prestación, necesitan recurrir al sistema de protección social para poder tener unos ingresos con los que llegar a fin de mes. Ese perfil está detrás de la mayoría de los 3.536 beneficiarios de la RGI de entre 50 y 64 años, cuyo número ha crecido un 1,4% en el último año, en la línea contraria de la evolución general. La consejera de Empleo y Política Social, Beatriz Artolazabal, ha señalado en varias intervenciones el empeño del departamento en activar medidas para este colectivo de especial inserción laboral. «La cronificación de las personas desempleadas es una de nuestras mayores preocupaciones por lo que nuestras políticas y actuaciones en este campo son prioritarias para conseguir el retorno al escenario laboral de este colectivo», reflejó Artolazabal en una de sus intervenciones en el Parlamento Vasco. Durante el año 2016, 43.228 personas inscritas en Lanbide y en situación de desempleo de larga duración recibieron un servicio determinado, destacó.

En ese horizonte de cambios, se baraja la posibilidad de que otro de los colectivos más numerosos de la demanda de la RGI, los pensionistas, puedan ser atendidos mediante un impuesto negativo en la declaración de la renta, una propuesta que abre el melón del debate con las Haciendas forales. En la actualidad, el 27,5% de la demanda son jubilados que completan su baja pensión hasta el salario mínimo gracias a la prestación social.

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